Publicado por: Editorial
La comunidad toda, en el área metropolitana de Bucaramanga, ha recibido con bastante y justificada inquietud el curso que en los últimos días ha tomado el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, del Río de Oro, una obra que durante décadas se ha esperado como solución definitiva a la contaminación que afecta uno de los afluentes más importantes de la región. Sin embargo, los recientes tropiezos presupuestales han puesto en alerta a la comunidad que espera soluciones prontas al nuevo inconveniente.
El anuncio de que la PTAR no fue incluida en el presupuesto regionalizado para 2027 constituye, sin duda, un golpe severo para las expectativas de los ciudadanos metropolitanos, pues, aunque el Gobierno nacional aprobó un documento Conpes que asigna recursos significativos para el desarrollo del proyecto, la falta de viabilidad financiera completa impide que la obra avance al ritmo que la emergencia ambiental exige, no de ahora, sino desde hace muchos años.
El ministro de Vivienda y exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, ha tomado la vocería de la administración nacional para señalar que el proyecto requiere ajustes financieros y que se evalúan alternativas como la ejecución por etapas o una alianza público-privada, opciones que son válidas en el papel, pero que hacen temer que tengan el efecto de correr aún más los plazos, sobre todo cuando sabemos que cada año sin planta acumulamos más contaminación, es decir, más riesgos sanitarios y más deterioro ambiental para más de un millón de personas.
La construcción de la PTAR del Río de Oro permitiría descontaminar las aguas residuales de Bucaramanga y Girón, mejorar las condiciones generales de salud y recuperar uno de los ríos más importantes del departamento como espacio ambientalmente sostenible, además porque si se cumple esta aspiración ambiental, los estudios indican que se incrementaría el valor predial en la zona de influencia, de tal forma que toda demora en la obra causa costos sociales y ambientales de gran impacto.
El área metropolitana ha esperado demasiado tiempo ya, pues hablamos de un proyecto que paradójicamente ha sido muy urgente y a la vez muy aplazado. Lo que tenemos hoy es que la licencia ambiental está lista y solo resta un concepto técnico favorable; la estructura técnica y legal está prácticamente dispuesta y solo falta la decisión firme de asignar los recursos y definir el mecanismo de ejecución en el menor tiempo posible.
Los santandereanos han esperado demasiado tiempo y por eso la preocupación actual no es infundada. La experiencia enseña que los proyectos ambientales suelen quedar relegados cuando la urgencia política se diluye entre tantas necesidades, pero la PTAR del Río de Oro no puede convertirse en un nuevo ejemplo de esa lamentable costumbre.
Es momento de que el Gobierno nacional, y en particular el ministro Jaime Beltrán, den un paso al frente con decisión y responsabilidad, de manera que puedan responderle a Santander con el cumplimiento de un compromiso adquirido con el medio ambiente y con la salud de cientos de miles de habitantes. La financiación por etapas o la alianza público-privada pueden ser caminos válidos, pero deben concretarse con plazos definidos y garantías reales.
