Publicado por: Editorial
La escalada de homicidios en Bucaramanga y su área metropolitana debería motivar un análisis profundo en materia de seguridad ciudadana, pues las cifras preocupan cada vez más, en tanto muestran que llevamos 175 muertes violentas en lo que va de este año, lo que representa 38 casos más que en el mismo periodo del año anterior. Esta tendencia alcista demuestra, evidentemente, que la estrategia para contener el avance de la criminalidad organizada y la violencia interpersonal no está funcionando.
El panorama que muestran las cifras oficiales es desolador, pues más del 85 % de los homicidios están vinculados directamente al sicariato y a las riñas callejeras, dos manifestaciones de violencia que apelan a la liquidación de vidas humanas como forma de resolución de conflictos o de control territorial; el hecho de que el sicariato represente más del 60 % de los casos totales indica que estamos ante la ejecución planificada de ajustes de cuentas, donde la vida se convierte en una mercancía.
Pero no es solo el microtráfico de estupefacientes el que alimenta las estadísticas mortales, sino que la extorsión, el préstamo gota a gota y las estafas generan enfrentamientos permanentes, al punto que en el área metropolitana la curva de homicidios no cede. Bucaramanga concentra el 60 % de los crímenes de la región, lo que la sitúa como el epicentro de una crisis que exige respuestas efectivas, mientras Floridablanca y Piedecuesta también muestran incrementos, lo que indica que el problema requiere un enfoque metropolitano.
Frente a esta situación, el anuncio del refuerzo con 200 nuevos policías y la instalación de cámaras de reconocimiento facial son medidas que, aunque necesarias, deben acompañarse de una profunda reestructuración de las estrategias de inteligencia e investigación, pues la sola presencia en las calles, sin un respaldo investigativo que vaya a la raíz de las organizaciones y desarticule las estructuras criminales, no resuelve el problema.
La mala percepción de seguridad en Bucaramanga es la respuesta lógica a unos hechos que se repiten con alarmante frecuencia y con creciente crudeza, de manera que el espacio público, que debería ser lugar de encuentro y convivencia, se ha transformado en el territorio preferido para la ejecución de sicariatos, y ni los parques, ni los escenarios deportivos, ni los alrededores de los establecimientos comerciales están a salvo.
Si bien la entrega de nuevos vehículos y la construcción de CAI móviles son también pasos necesarios, su éxito dependerá de su articulación con un trabajo de inteligencia que permita anticiparse a los hechos, y no solo reaccionar ante ellos. Las autoridades deben comprender que la lucha contra el crimen es una carrera de largo aliento, pero la urgencia de los números actuales no da más espera.
El incremento de los homicidios es la expresión más clara de la fragilidad del tejido social y de la necesidad urgente de desarticular las economías criminales que financian la violencia, una tarea en la que, de todas maneras, la comunidad debe participar con la denuncia oportuna y la colaboración con las autoridades, acciones que deben ser respaldadas por la certeza de que la información será tratada con la seriedad y la protección que merece.
Lo que está en juego es nada menos que la tranquilidad y el derecho a la vida de una comunidad de más de un millón de ciudadanos metropolitanos, por lo que las estrategias que han demostrado ser ineficaces deben reemplazarse oportunamente por planes audaces que ataquen las causas últimas y primeras de la violencia.
Lo que está cada vez más claro es que Bucaramanga necesita un cambio de rumbo, que debe comenzar con el reconocimiento honesto de que el modelo actual no ha logrado contener la violencia ni salvaguardar adecuadamente la vida y la tranquilidad de los ciudadanos.
