Publicado por: Editorial
El caso del Colegio Villas de San Ignacio en Bucaramanga debe ocupar, cuanto antes, toda la atención de la administración municipal, pues el estado de su infraestructura evidentemente tiene en riesgo a los alumnos, docentes y personal administrativo que debe concurrir allí todos los días. Las protuberantes fallas en la edificación han sido documentadas por múltiples sectores, incluyendo este medio de comunicación y el concejo. Desde sus inicios, cuando la estructura aún no se entregaba al servicio, ingenieros ya señalaban la necesidad de establecer si las grietas que se veían entonces eran producto de problemas de suelos.
Han transcurrido más de cinco años desde que se reportaron las primeras fisuras, y el tiempo no ha hecho más que agravar un deterioro que ahora es inocultable, pues lo que comenzó como pequeñas marcas en los muros se ha transformado en grietas que atraviesan paredes completas, que filtran agua en temporadas de lluvia y que, según testimonios, se mueven con la sola presión de la mano. La mayor gravedad de esta situación es que hablamos de una edificación que alberga a más de mil 200 estudiantes y a decenas de docentes y personal administrativo cada día.
La evidencia en el terreno muestra que las fisuras se extienden y la estructura continúa cediendo, con lo que el riesgo se incrementa con cada lluvia o con cada movimiento telúrico, por menor que este sea. La inversión de cerca de 10 mil 300 millones de pesos para su construcción, apenas hace seis años, contrasta con el estado actual del inmueble, lo que obliga a preguntarse también por los estudios de suelos y los diseños estructurales que se hicieron, para establecer si se construyó sobre una falla geológica, como se ha repetido insistentemente sobre este colegio.
El sismo del 10 de agosto pasado hizo que se multiplicaran y agrandaran las grietas preexistentes, acelerando un proceso de deterioro que las autoridades no pueden seguir ignorando, pues cada nuevo temblor eleva el temor y agota la paciencia de una comunidad que se siente abandonada a su suerte, una suerte que hasta ahora ha sido la peor.
El sector más afectado, donde cursan sus estudios alumnos de grados superiores, permanece en uso, lo que agrava la responsabilidad de quienes tienen el deber de proteger a la población escolar. Mantener ocupadas aquellas zonas que presentan mayores signos de debilidad no puede ser una decisión que se mantenga sin una justificación técnica sólida. Las directivas del propio colegio ya han tenido que aislar una parte de la instalación, reconociendo de hecho la existencia de un peligro inminente, por lo que se requiere con urgencia un estudio serio, pormenorizado e independiente que determine el estado real de toda la infraestructura.
Se debe contar cuanto antes con un diagnóstico confiable para saber si la edificación es recuperable, si requiere reforzamientos urgentes o incluso si debe demolerse. La acción popular que cursa en los estrados judiciales podría ser un mecanismo para forzar esa evaluación, pero los extendidos tiempos de la justicia no deben ser el camino cuando de por medio está la vida de más de mil personas, la inmensa mayoría niños y jóvenes. La Alcaldía y el Gobierno Nacional deben coordinar sus esfuerzos para proporcionar los recursos técnicos y financieros que requiere una intervención de este tipo.
Se debe también revisar a fondo el proceso de contratación y ejecución de la obra, pero esa investigación no puede distraer la atención de la emergencia actual, que exige asegurar la estabilidad del edificio o, en su defecto, garantizar la reubicación de los estudiantes en espacios que no representen amenaza. La prioridad absoluta en este momento es evitar que una tragedia ocurra, y eso solo se logra con acciones concretas, visibles y rápidas, mientras llega el tiempo de establecer responsabilidades por un daño de esta magnitud.
