El general retirado Fernando Murillo defendió la posibilidad de que ciudadanos cumplan los requisitos para portar armas y aseguró que la medida puede influir en el comportamiento de los delincuentes.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El debate sobre el porte legal de armas volvió a tomar fuerza en Colombia tras la expedición del Decreto 1368, que establece nuevas disposiciones frente a los permisos para portar y tener armas de fuego.
En medio de la discusión, el general en retiro Fernando Murillo, quien estuvo al frente de la Dijín entre 2020 y 2022, defendió la posibilidad de que ciudadanos que cumplan con los requisitos legales puedan acceder a este tipo de elementos como una herramienta de protección.
Para el exoficial, la situación de seguridad que atraviesa el país también ha llevado a algunas personas a buscar mecanismos de defensa ante hechos de delincuencia que, según afirmó, han puesto en riesgo la vida y el patrimonio de los ciudadanos.
Su argumento parte de una idea sencilla: si un delincuente sabe que puede encontrarse con una persona que está legalmente armada, tendría un elemento adicional que considerar antes de cometer un delito.
“El solo hecho de que el delincuente común hoy sepa que hay ciudadanos que tienen un porte legal de armas es disuasivo”, señaló Murillo durante una entrevista con Mañanas Blu.
El debate no termina en tener un arma
Murillo también se refirió a una de las principales críticas que ha surgido alrededor de la medida: la responsabilidad que tendría el Estado frente a la seguridad de los ciudadanos.
A su juicio, la protección de la población sigue siendo una obligación de las autoridades, pero los ciudadanos también tienen una responsabilidad individual frente a su propia seguridad. El general retirado insistió, además, en que permitir el porte bajo las condiciones establecidas por la ley no significa que cualquier persona pueda comprar y llevar un arma sin controles.
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En Colombia, la comercialización de armas de fuego continúa bajo el control estatal y los solicitantes deben pasar por diferentes verificaciones. Entre ellas están los exámenes médicos y psicotécnicos, la revisión de antecedentes y el análisis de referencias personales.
La tenencia permite conservar el arma en un sitio autorizado, como una vivienda, una finca o un establecimiento, mientras que el porte está relacionado con la posibilidad de transportarla durante las actividades cotidianas de quien cuenta con la autorización correspondiente. Murillo recordó que existen, además, restricciones específicas. Una de ellas es la prohibición de portar armas bajo los efectos del alcohol.
Expertos advierten sobre otros riesgos
El experto en seguridad ciudadana Andrés Nieto señaló que una eventual flexibilización del acceso a las armas también puede generar escenarios de riesgo dentro de los hogares y en conflictos entre personas cercanas.
Según explicó, investigaciones internacionales han relacionado una mayor disponibilidad de armas con un incremento de episodios violentos durante disputas familiares, entre conocidos o amigos.
Nieto considera que la discusión también debería concentrarse en el número de armas que circulan por fuera de los controles oficiales. En su opinión, el mayor problema de seguridad está relacionado con el armamento ilegal que permanece en manos de estructuras delincuenciales.
Así, mientras una posición plantea que el porte legal puede convertirse en un elemento de disuasión y defensa para los ciudadanos, la otra pone sobre la mesa los riesgos que pueden aparecer cuando un arma termina involucrada en una discusión o en una situación de violencia.
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Una persona autorizada para portar o tener un arma continúa respondiendo ante la justicia si la utiliza de manera ilegal. Incluso en un caso en el que alegue legítima defensa, serán las autoridades y posteriormente un juez quienes determinen si se cumplen las condiciones establecidas por la ley.
