El requerimiento toma como referencia el fallo sobre Iván Name y pide esclarecer el papel de varios actores en el proceso.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La controversia por el trámite de la reforma pensional vuelve a generar cuestionamientos en el ámbito político y judicial. Esta vez, una veeduría ciudadana pidió al Consejo de Estado revisar la actuación de la exsenadora María José Pizarro durante varias sesiones del Senado realizadas en 2024.
La solicitud fue presentada por Juan Carlos Calderón España, presidente de VERCONTROL, organización que busca que se determine si en la actuación de Pizarro pudo configurarse la causal de tráfico de influencias debidamente comprobado.
La solicitud toma como referencia el proceso contra Iván Name
El requerimiento está relacionado con la decisión de primera instancia mediante la cual el Consejo de Estado decretó, el pasado 25 de septiembre, la pérdida de investidura del exsenador Iván Name por tráfico de influencias. Calderón España también promovió esa demanda.
Según los elementos analizados en ese proceso, Name no asistió a 14 de las 16 sesiones plenarias en las que se tramitó la reforma pensional, entre el 28 de febrero y el 23 de abril de 2024. En varias de esas jornadas, la plenaria estuvo a cargo de Pizarro, quien entonces ocupaba la primera vicepresidencia del Senado.
La veeduría también cita las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien señaló que una de las acciones de Name durante el trámite consistió en dejar la conducción de las sesiones en manos de Pizarro.
Vercontrol pide esclarecer el papel de Pizarro durante las sesiones
A partir de estos antecedentes, la organización solicita establecer si la entonces congresista utilizó su posición para favorecer el avance de la reforma pensional impulsada por el Gobierno. Para ello, pidió practicar pruebas y escuchar los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Sin embargo, hasta ahora no existe una decisión judicial que determine responsabilidad de Pizarro por estos hechos. La exsenadora ha rechazado cualquier vínculo con las actuaciones de Name y sostiene que su desempeño en la Mesa Directiva fue institucional y quedó registrado en las actas y videos oficiales del Senado.
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Ahora será el Consejo de Estado el que deberá determinar el alcance de la solicitud y si existen elementos suficientes para avanzar en las actuaciones correspondientes.
