A dos meses del sismo, que dejó 335 muertos y daños en 500 municipios de 16 departamentos, la entidad pidió ampliar la atención a las comunidades afectadas, garantizar el acceso a la asistencia estatal y avanzar en soluciones de vivienda, salud y educación.
Publicado por: Colprensa
La Defensoría del Pueblo pidió reabrir el registro de damnificados y ampliar la atención institucional a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto, que dejó 335 muertos, cientos de heridos y daños en 500 municipios de 16 departamentos.
A dos meses del sismo, la entidad solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) superar las barreras que impiden a las víctimas acceder a la asistencia estatal.
La Defensoría señaló que la recuperación debe incluir soluciones de vivienda, atención en salud, acceso a la educación y medios de vida. También reclamó mecanismos de participación comunitaria y transparencia en el uso de los recursos.
La entidad pidió incorporar la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y en las decisiones sobre el desarrollo municipal.
Para la Defensoría, las autoridades deben identificar las zonas de amenaza, reducir la exposición de las comunidades y adoptar medidas de adaptación al cambio climático. La entidad también pidió proteger los derechos de circulación de las personas afectadas por desplazamientos, permanencia involuntaria o procesos de reubicación derivados de desastres y del cambio climático.
El 10 de agosto la tierra sacudió el occidente de nuestro país: 335 personas fallecieron, cientas más resultaron heridas, miles de familias perdieron sus viviendas, medios de vida y condiciones de bienestar.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 10, 2026
El terremoto, como muchos desastres, profundizó desigualdades… pic.twitter.com/WuwTx1ENEq
“Colombia necesita un marco normativo y protocolos que garanticen condiciones dignas de evacuación, alojamiento temporal, retorno y reubicación”, indicó la Defensoría.
Estas medidas deben incluir enfoques diferenciales y garantizar el acceso a servicios básicos, información oportuna y soluciones duraderas.
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La entidad advirtió que millones de personas viven en zonas expuestas a amenazas y que los desastres, el cambio climático y la degradación ambiental aumentan la vulnerabilidad de las comunidades.
Frente a esta realidad, la Defensoría convocó a ciudadanos, organizaciones sociales, académicos y autoridades al primer Congreso sobre la Protección de Derechos en la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático, que se realizará los días 15 y 16 de octubre.
El encuentro analizará los desafíos del país y promoverá políticas de prevención, atención y recuperación con enfoque de derechos humanos.
La Defensoría afirmó que continuará acompañando a las comunidades afectadas y vigilando el cumplimiento de las obligaciones estatales.
“La gestión del riesgo no puede seguir siendo entendida únicamente como una respuesta a las emergencias: debe ser una política de protección de la vida, los derechos humanos y la naturaleza”, señaló la entidad.
