La Fiscalía señala a Juan David Cruz Larrarte, gerente y copropietario de un grupo inmobiliario, de presuntamente retener cánones de arrendamiento y recibir anticipos entre 2023 y 2026. El procesado no aceptó los cargos.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Fiscalía General de la Nación investiga a Juan David Cruz Larrarte, gerente y copropietario de un grupo inmobiliario, por su presunta participación en una estafa en modalidad masa que habría afectado a 45 personas en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.
De acuerdo con el ente acusador, el procesado habría obtenido más de $865 millones entre 2023 y 2026 mediante la retención de cánones de arrendamiento y el cobro de anticipos relacionados con la administración, el alquiler y la venta de inmuebles. Lea también: Angie Rodríguez relata presuntas agresiones de Verónica Alcocer y respalda denuncias de Eva Ferrer
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Cruz Larrarte no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, un juez le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.
Así habría operado la presunta estafa inmobiliaria
Según la investigación reseñada por el diario El Colombiano, el hombre contactaba a sus posibles clientes a través de redes sociales y llamadas telefónicas. Para generar confianza, presuntamente les presentaba certificados de la Cámara de Comercio, documentos bancarios e información sobre la estructura de su empresa.
La Fiscalía identificó varias modalidades mediante las cuales, al parecer, se habría apropiado del dinero de propietarios e inquilinos.
Retención de los cánones de arrendamiento. El investigado habría celebrado contratos de administración con propietarios de inmuebles y se habría comprometido a recaudar los pagos de los arrendatarios. Aunque estos habrían cumplido con sus obligaciones, el dinero no llegaba a los dueños. Según la investigación, los retrasos se justificaban con supuestas fallas bancarias o problemas contables.
Cobros anticipados con descuentos. Otra modalidad habría consistido en ofrecer rebajas a cambio del pago adelantado de varios meses de alquiler. De acuerdo con la Fiscalía, en algunos casos se habrían celebrado contratos sobre inmuebles que la sociedad no administraba o que no estaba autorizada para ofrecer.
Dinero como garantía del contrato. El procesado también habría solicitado el pago anticipado de varios cánones como alternativa al requisito de presentar un codeudor, con la promesa de devolver el dinero al finalizar el contrato. Sin embargo, en algunos casos los inmuebles no se habrían entregado y los recursos tampoco habrían sido restituidos.
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El fiscal del caso explicó que la modalidad de estafa masa se refiere a una pluralidad de actos ejecutados con un mismo propósito y dentro de un plan preconcebido, que presuntamente habría afectado el patrimonio de numerosas personas.
Otro caso de presunta estafa inmobiliaria en el Valle de Aburrá
La investigación se suma a otros procesos relacionados con presuntas irregularidades en proyectos inmobiliarios de la región.
A finales de septiembre, el diario El Colombiano informó que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bello condenó a Sandra Milena Parra Rivera y Mario Alberto Montoya Osorio a nueve años y cinco meses de prisión por estafa agravada en modalidad masa.
El caso está relacionado con el proyecto Parque Residencial La Manuela, que ofrecía 804 viviendas de interés social en el barrio Pachelly, en Bello. Según la Alcaldía de ese municipio, el proyecto nunca contó con los permisos requeridos. La defensa apeló la decisión, por lo que el proceso continúa en una instancia superior. Le puede interesar: Capturan a 14 personas por presunta minería ilegal cerca del río de Oro en Girón
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Por su parte, la firma Dumed Abogados reportó 137 casos de proyectos inmobiliarios que no se ejecutaron o quedaron inconclusos en el Valle de Aburrá.
John Jairo Morales, titular de esa firma, advirtió sobre el impacto de estas situaciones en los compradores. “Son muchos los proyectos con problemas de estafas, incumplimientos o parálisis que han dejado afectadas a miles de familias”, señaló.
Mientras avanza la investigación contra Cruz Larrarte, las autoridades deberán establecer las responsabilidades penales correspondientes por los hechos denunciados.
