El acceso a la justicia sigue siendo uno de los principales obstáculos para las víctimas de violencia de género en Colombia. Un estudio regional sobre la Convención de Belém do Pará revela que, pese a los avances normativos, persisten la impunidad, las demoras judiciales y profundas desigualdades territoriales.
Publicado por: Redacción Colombia
América Latina ha avanzado durante las últimas décadas en la creación de leyes, políticas públicas y mecanismos destinados a prevenir y sancionar las violencias contra las mujeres. Sin embargo, detrás de ese progreso jurídico persiste una brecha profunda: tener derechos reconocidos en el papel no significa necesariamente poder ejercerlos.
Esa es una de las principales conclusiones del informe Acceso a la justicia y cumplimiento de la Convención de Belém do Pará en contextos regresivos, un análisis comparativo sobre Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú durante el periodo 2022-2024. El estudio fue elaborado a partir de los informes nacionales de las organizaciones que integran la Articulación Regional Feminista.
El documento identifica una paradoja regional. Mientras los países han fortalecido sus marcos legales e incorporado estándares internacionales, continúan los problemas para convertir esas normas en respuestas efectivas frente a la violencia. Entre las dificultades aparecen el debilitamiento de las instituciones de género, los presupuestos insuficientes, la falta de coordinación entre entidades, las deficiencias de los sistemas de información y las barreras para acceder a la justicia.
El acceso a los tribunales sigue siendo, según el estudio, un camino atravesado por la revictimización, las demoras procesales, la falta de especialización y altos niveles de impunidad. Además, las medidas de protección suelen ser insuficientes y las reparaciones reconocidas legalmente pocas veces llegan a concretarse de manera oportuna.
En Colombia, las cifras recogidas por el informe muestran con especial claridad la distancia entre la legislación y la respuesta judicial.
De acuerdo con los datos citados en el documento, el Observatorio de Feminicidios Colombia registró 620 feminicidios en 2022, 525 en 2023 y 745 en 2024. El informe también señala que en 2024 se registraron 16.303 mujeres víctimas de delitos sexuales y que, hasta septiembre de ese año, el 88 % de las víctimas examinadas por presunto delito sexual eran mujeres.
Pero uno de los principales problemas aparece después de que los hechos llegan al sistema judicial.
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Un informe de la Fiscalía citado por la investigación señalaba que solo el 32 % de las denuncias por feminicidio había terminado en sentencia condenatoria, mientras un 35 % permanecía en etapa de indagación. Para la violencia sexual relacionada con el conflicto armado, la situación resulta todavía más crítica: los datos recogidos por la Comisión Colombiana de Juristas mostraban apenas un 2 % de sentencias condenatorias.
La tendencia también aparece en otros delitos. Según información recopilada por la Red Nacional de Mujeres, el 78 % de los casos de delitos sexuales y violencia intrafamiliar contra mujeres y niñas registrados entre 2021 y 2023 permanecía estancado en la etapa de indagación.
Para el informe, estas cifras revelan un cuello de botella en las primeras etapas de investigación y una persistente dificultad para convertir las denuncias en decisiones judiciales.
“Frente a estos escenarios, también es importante reconocer las respuestas que se están construyendo desde las organizaciones. Las buenas prácticas que recoge este informe muestran que hay experiencias, herramientas y aprendizajes que pueden contribuir a sostener los avances y a seguir fortaleciendo las garantías para las mujeres. Documentar estas experiencias y compartirlas entre países también es una forma de seguir avanzando”, señala Adriana Benjumea, directora de Corporación Humanas Colombia e integrante de la Articulación Regional Feminista.
Las barreras aumentan en los territorios
El panorama es todavía más complejo para las mujeres que enfrentan distintas formas de discriminación por su origen étnico, ubicación territorial, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, situación socioeconómica o condición migratoria.
En Colombia, por ejemplo, un informe del Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca registró 701 casos de violencia contra mujeres pertenecientes a once pueblos indígenas entre mayo y agosto de 2022. El dato más revelador aparece al observar qué ocurre después: el 86 % de las mujeres no reportó los hechos, el 10 % acudió a la justicia propia y apenas el 4 % recurrió a la justicia ordinaria.
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El informe regional advierte que la incorporación de perspectivas interculturales y étnicas en la atención sigue siendo reciente en Colombia y que todavía existen importantes vacíos de información sobre mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes, especialmente en salud, protección y acceso a la justicia.
Pese a las dificultades, el estudio reconoce avances en la región. Los siete países analizados cuentan con leyes integrales sobre violencia contra las mujeres y durante el periodo estudiado se aprobaron nuevas normas, programas y protocolos. En Colombia, el informe destaca medidas relacionadas con casas refugio, atención a víctimas del conflicto armado, protocolos institucionales y el Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad.
Sin embargo, la investigación insiste en que el desafío ya no consiste únicamente en ampliar el catálogo de derechos.
Entre sus recomendaciones, plantea garantizar presupuestos estables para las políticas de género, fortalecer comisarías, centros de salud y juzgados de familia, mejorar la coordinación institucional, especializar a quienes investigan delitos de violencia de género y construir sistemas públicos de información que permitan conocer qué ocurre con las denuncias y las medidas de protección.
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La advertencia de fondo es clara: treinta años después de la adopción de la Convención de Belém do Pará, la región dispone de más instrumentos jurídicos para enfrentar las violencias, pero todavía existe una distancia considerable entre el derecho reconocido y la posibilidad real de obtener protección y justicia.
Y en medio de instituciones debilitadas y contextos políticos cambiantes, el riesgo ya no es solamente que los avances sean insuficientes, sino que algunos de los derechos conquistados pierdan capacidad efectiva de transformar la vida de las mujeres y las diversidades.
