La iniciativa quedó lista para sanción presidencial, último paso para convertirse formalmente en ley de la República.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El proyecto de ley de sometimiento, una de las iniciativas prioritarias del Gobierno de Abelardo De La Espriella en materia de seguridad y justicia, superó su último trámite en el Congreso de la República. El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron este martes 4 de noviembre el mismo texto, una decisión que permitió evitar una conciliación y dejó el camino despejado para que la iniciativa pase a sanción presidencial.
La aprobación se produjo después de varios días de discusiones, diferencias entre las bancadas y dificultades en el procedimiento legislativo. La propuesta busca establecer condiciones jurídicas para que integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales abandonen sus actividades delictivas, se sometan a la justicia y reciban beneficios penales a cambio de compromisos concretos con el Estado y las víctimas.
El trámite tenía un plazo determinante. La iniciativa debía quedar lista para su promulgación antes de la medianoche del 4 de noviembre, debido a que ese día vence la vigencia de la ley de orden público, una norma que sirve de fundamento para diferentes instrumentos legales relacionados con la seguridad y la convivencia. Puede leer también: JEP imputa a Timochenko y Pastor Alape por crímenes de guerra y lesa humanidad
Una aprobación marcada por las diferencias políticas
El camino legislativo estuvo acompañado de cuestionamientos sobre el procedimiento y enfrentamientos entre las bancadas. La discusión comenzó el viernes 30 de octubre en el Senado, donde fue negada la ponencia de archivo presentada por el Pacto Histórico y recibió respaldo la ponencia positiva. En esa primera jornada se avanzó en cuatro artículos, mientras el resto del articulado quedó pendiente.
En la Cámara de Representantes, el debate comenzó el lunes 2 de noviembre. La ponencia favorable obtuvo inicialmente 90 votos a favor y 44 en contra, pero la votación fue cuestionada porque el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, no había sustentado previamente el documento. La representante Catherine Juvinao solicitó reabrir la votación para garantizar el procedimiento. Después de la sustentación y las intervenciones, el informe recibió 99 votos a favor y 39 en contra.
La discusión también estuvo atravesada por recusaciones contra congresistas de distintas colectividades, entre ellas el Pacto Histórico, el Centro Democrático, el Partido Liberal y La U. Las solicitudes fueron enviadas a la Comisión de Ética, pero la Mesa Directiva, presidida por Nicolás Barguil, determinó que su presentación no implicaba suspender la sesión.
Finalmente, el Senado aprobó el proyecto con 57 votos a favor y 24 en contra, mientras que la Cámara respaldó el texto definitivo con 95 votos positivos y 10 negativos. Uno de los acuerdos fundamentales fue eliminar el artículo 25, relacionado con la utilización de gastos reservados de Fonsecon, y ajustar el articulado para que ambas corporaciones aprobaran exactamente la misma versión.
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¡HABEMUS LEY DE SOMETIMIENTO!
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 4, 2026
Mi agradecimiento y reconocimiento al ministro de Justicia, Iván Cancino, por su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa.
Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la…
Qué cambia con la nueva ley de sometimiento
El proyecto establece un mecanismo para que integrantes de estructuras criminales se sometan a la justicia ordinaria, entreguen las armas, aporten información sobre sus organizaciones y contribuyan a la reparación de las víctimas. El ministro de Justicia, Iván Cancino, defendió el resultado del trámite y afirmó que se trata de un texto construido a partir de las diferencias entre los sectores políticos. También señaló que la norma tendrá una vigencia de cuatro años.
Entre los cambios incorporados se encuentran mayores exigencias para acceder a los beneficios penales. La iniciativa tampoco contempla suspender órdenes de captura ni solicitudes de extradición, una diferencia frente a mecanismos utilizados durante la política de paz total del Gobierno anterior.
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Estos son los puntos aprobados en el proyecto
El texto definitivo contempla los siguientes cambios y disposiciones:
1. Beneficios para integrantes de base: podrán acceder a una reducción de hasta el 50 % de la pena, siempre que cumplan las condiciones de sometimiento y colaboración con la justicia.
2. Sanciones para los cabecillas: quienes hayan ejercido funciones de mando en las organizaciones criminales podrán obtener una rebaja de hasta el 30 %, con una condena que no podrá ser inferior a 10 años de prisión.
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3. Mayores exigencias por lavado de activos: el tiempo mínimo de pena cumplida para acceder al tratamiento penal diferenciado por lavado de activos y testaferrato aumentó de uno a seis años.
4. Exclusión por reclutamiento de menores: quienes sean responsables o hayan sido condenados por reclutar niños, niñas y adolescentes no podrán acceder a los beneficios penales establecidos.
5. Entrega de bienes e información: las organizaciones deberán contribuir al esclarecimiento de sus actividades, entregar activos y aportar información sobre sus redes criminales y economías ilegales.
6. Sin suspensión de capturas ni extradiciones: el mecanismo no contempla suspender órdenes de captura ni solicitudes de extradición para facilitar los procesos de sometimiento.
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7. Eliminación del artículo 25: se retiró la disposición que permitía utilizar gastos reservados del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
8. Permanencia en centros penitenciarios: quienes se acojan al mecanismo deberán cumplir las condiciones de reclusión establecidas en el sistema penitenciario, bajo la administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
9. Responsabilidad institucional y territorial: la coordinación de los procesos estará a cargo del Ministerio de Justicia, sin trasladar a departamentos y municipios las cargas económicas derivadas del sometimiento.
10. Garantías para la Fuerza Pública: se incorporaron dos artículos nuevos orientados a brindar garantías jurídicas a sus integrantes.
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11. Vigencia de cuatro años: el marco jurídico tendrá una duración de cuatro años y modificará las herramientas estatales relacionadas con el orden público y la seguridad.
Con estas disposiciones, el Gobierno busca que las estructuras criminales abandonen sus actividades ilegales y entreguen sus capacidades económicas y armadas a cambio de beneficios judiciales condicionados.
