viernes 02 de octubre de 2020 - 8:30 AM

Algunos “exparas” que Gobierno no encuentra están en Santa Marta

Con su acento costeño, desparpajado y sin tapujos, Fredy Castillo Carrillo dice que desde que llegó deportado de EE. UU. en 2011, luego de pagar una condena de cuatro años y medio por narcotráfico en EE. UU., su vida ha estado en línea recta.
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“Sigo firme, haciendo el bien, ayudando a las comunidades con proyectos productivos de plátano y aguacate”, le dijo a El Colombiano este desmovilizado del Bloque Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia

Castillo dice que es un líder social que trabaja por la gente del corregimiento Guachaca, en Magdalena, según él, defiendo los intereses de las comunidades. Por eso, le parece “extraño” que la canciller Claudia Blum dijera el miércoles, en una audiencia en el Senado, que el Gobierno desconocía el paradero de él y de otros siete excombatientes paramilitares.

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“Yo me reúno con la gente, hablo con los campesinos. Es más, mi trabajo social ha llevado a que los grupos que delinquen en esta zona me amenacen. Ya pagué por mis errores, ahora soy comerciante”, expresa quien en los tiempos de guerra se hacía llamar “Pinocho”. Y agrega que tiene un esquema de seguridad y la Policía le pasa revista.

Los otros a los que según la ministra de Relaciones Exteriores el Gobierno les perdió el rastro son: Jhon Eiderlber Cano Correa, más conocido como ‘flechas’; Huber Aníbal Gómez Luna, identificado como ‘el mello rico’; Álvaro Antonio Padilla Meléndez, alias ‘Topo’; Álvaro Antonio Padilla Redondo; Jhon Alexander Posada Vergara, alias ‘Jhonny Cano’; Héctor Ignacio Rodríguez Acevedo, alias ‘Nacho’ y José Gregorio Terán Vásquez, alias ‘El Pipón’.

Lo que se sabe de los otros

El diario El Colombiano indagó con fuentes de Inteligencia de la Policía sobre el paradero de los otros siete exparamilitares del frente Tayrona, quienes en 2006 fueron acusados por el Gobierno nacional de haberse infiltrado en las listas de quienes se iban a desmovilizar de la estructura ilegal dirigida por Hernán Giraldo, y descubrió que hay uno evangélico, dos están muertos y los otros trabajan en La Sierra.

“Sabemos que Huber Aníbal Gómez Luna se convirtió al cristianismo durante los años que estuvo en la cárcel y ahora anda con una Biblia en la mano. Es más, cada ocho días sale a predicar a los presos, muchos de los cuales fueron sus compañeros de celda o de patio”, expresó un investigador, que pidió la reserva de su nombre

El agente indicó que destinos más trágicos padecieron Antonio Padilla Redondo y su hijo Álvaro Antonio Padilla Meléndez, conocido mientras hizo parte de la estructura ilegal como “el Topo”. Este último fue asesinado en Cali el 15 de diciembre de 2012 y su levantamiento lo realizó la Sijín como consta en el documento 760016000193201232972 del Instituto de Medicina Legal; y su padre falleció, de muerte natural, el 28 de enero de 2015.

El presidente de una de las Juntas de Acción Comunal de uno de los barrios de Santa Marta le expresó a El Colombiano, bajo la reserva de su nombre por seguridad, que los exparamilitares que el Gobierno menciona que les perdió el rastro se ven caminando tranquilos por la capital del Magdalena.

“Algunos de ellos uno los ve que siguen delinquiendo con otros grupos como ‘los Pachenca’ o ‘los Conquistadores de la Sierra’”, expresó el líder comunal.

Qué dicen las autoridades

La canciller Blum indicó en el debate que “a partir de las listas que se han conformado por el Ministerio de Justicia, hemos solicitado a los consulados tratar de ubicar la información” para iniciar la búsqueda. Por eso, ante los hallazgos se consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería dijeron que “es el Ministerio de Justicia la autoridad competente para tratar el tema”.

Con esta respuesta, El Colombiano acudió al Ministerio de Justicia y la respuesta inicial fue que era un asunto de la Cancillería colombiana. Pero, aun así, desde comunicaciones expresaron que buscarían la versión del representante de esa cartera, aunque al cierre de esta edición no la habían remitido.

También, para confirmar las denuncias, se consultó al coronel Óscar Fabián Solarte Castillo, comandante de la Policía metropolitana de Santa Marta, pero también manifestó a este diario que es un asunto del Gobierno.

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