Unos 31 comparecientes reconocieron su responsabilidad en crímenes que dejaron 19 víctimas en el Oriente antioqueño.
Lágrimas, abrazos y confesiones marcaron la audiencia de la JEP por falsos positivos en el Oriente antioqueño31 exintegrantes de las Fuerzas Militares reconocieron su responsabilidad en nueve hechos que dejaron 19 víctimas entre 2002 y 2004 en los municipios de San Luis, Cocorná y Granada.
Medellín fue escenario de una de las jornadas más cargadas de verdad, dolor y reconciliación que ha protagonizado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su proceso de esclarecimiento de los mal llamados “falsos positivos”.
Durante una Audiencia de Consolidación de Verdad y determinación de medidas de reparación, 31 comparecientes de la Fuerza Pública enfrentaron a las familias de las víctimas que asesinaron hace más de dos décadas en el Oriente antioqueño, y algunos de ellos recibieron algo que quizás no esperaban encontrar en esa sala: el perdón. Además: JEP entra en fase decisiva por crímenes de Fuerza Pública y paramilitares en el Magdalena Medio
Los hechos abordados ocurrieron entre 2002 y 2004 en los municipios de San Luis, Cocorná y Granada, y dejaron 19 víctimas. Los comparecientes hacían parte del Batallón de Artillería número cuatro Coronel Jorge Eduardo Sánchez, y a lo largo de la diligencia revelaron detalles sobre los mecanismos que usaban para seleccionar y asesinar a campesinos que luego presentaban ante sus superiores como bajas en combate.
Un abrazo de perdón que nadie olvidará
Uno de los momentos más conmovedores de la jornada se vivió cuando Rosalba Angélica Quintero de Giraldo y su hija Yésica Natalia Giraldo Marín abrazaron al teniente retirado Andrés Mauricio Rosero Bravo, el hombre que ordenó el asesinato de su familiar John Darío Giraldo Quintero el 6 de septiembre de 2003, en la vereda El Jordán del municipio de Cocorná. Además: Madre de víctima de falsos positivos enfrenta a exoficial del Ejército: “Lo odio con todo mi corazón”
Entre lágrimas, Rosero Bravo expresó su arrepentimiento y aseguró que todo su ser estaba en esa audiencia para tratar de reparar el sufrimiento y el daño que causó.
El mismo compareciente explicó ante los magistrados cómo operaba el sistema de señalamiento que usaban en terreno. Según relató, unos guías indicaban quiénes supuestamente eran guerrilleros, colaboradores o milicianos, y él tomaba las acciones subsiguientes sin cuestionar esa información. Además: Exjefes de las Farc reconocen ante la JEP el reclutamiento de 18.677 menores
“De parte de mi abuela y de parte mía, como muestra de nuestro perdón sincero, queremos brindarle un abrazo”, dijo Yésica Giraldo. Y, junto con su abuela Rosalba Angélica, abrazaron al compareciente Andrés Rosero, quien fue seleccionado como máximo responsables y ha reconocido… pic.twitter.com/MLRrqM7clM
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 26, 2026
El compareciente Ely de Jesús López complementó esa versión al señalar que las informaciones de los guías no se verificaban y que lo que decían era tomado como palabra de Dios.
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Al cierre de la audiencia, Rosero Bravo entregó simbólicamente un árbol a los familiares de otras víctimas, Jairo García y Gildardo Salazar, y pidió que junto a él quedaran enterrados el dolor, el sufrimiento y el rencor, para que en sus ramas florecieran el amor, la esperanza, el perdón, la reconciliación y la garantía de no repetición.
También reflexionó sobre el proceso restaurativo que adelanta la JEP, al señalar que encarcelar al victimario por 40 años no devuelve la paz al corazón de las víctimas, y reconoció que, gracias al tribunal, ha podido darles la verdad que necesitaban para sanar. Siga informado: Exjefes de las Farc fueron imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad
Confesiones que revelaron métodos escalofriantes
El primer hecho abordado con detalle fue el asesinato de los campesinos Jairo García, Gildardo Salazar y Blanca Olivia Gómez, ocurrido el 20 de mayo de 2004 en la vereda Santa Bárbara de San Luis.
Diez comparecientes, entre ellos Yamit Díaz Tovar, Nelson Enrique Úsuga Higuita y Édgar de Jesús Sánchez Restrepo, reconocieron su responsabilidad por el asesinato y la desaparición forzada de estas personas.
Sánchez Restrepo confesó que, al ver a Blanca Olivia Gómez desde lejos, supo que era una mujer de avanzada edad, que era imposible que fuera guerrillera, pero el crimen se cometió de todas formas.
Fue precisamente Sánchez Restrepo quien, de rodillas ante Marino Antonio Mazo Gómez, hijo de Blanca Olivia, pidió perdón por haberle quitado la vida a su madre.
Marino Antonio Mazo Gómez relató que su madre era viuda porque otro actor armado asesinó a su padre:
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 25, 2026
“El Estado nunca estuvo para protegerla”, dijo. “La historia de mi madre es la de las víctimas. Más de seis mil víctimas de este fenómeno que manchó la imagen de la fuerza… pic.twitter.com/bHhzwH4BDn
Mazo Gómez lo interrumpió con una respuesta que detuvo el tiempo en la sala: le dijo que no tenía que arrodillarse porque ante quien estaba de rodillas era ante Dios, que ya lo había perdonado y que durante años oró por él. Acto seguido, lo abrazó. Marino Mazo también recordó que el caso de su madre es el de más de seis mil víctimas de un fenómeno que manchó la imagen de la Fuerza Pública.
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En un segundo hecho, ocurrido el 3 de junio de 2004 en la vereda Los Mangos de Cocorná, los exmilitares relataron cómo asesinaron al campesino Germán Darío Hernández Galeano tras señalarlo falsamente como integrante de un grupo armado, e introdujeron un arma en la escena del crimen para justificar el homicidio. Su hermano Tulio escuchó en primera persona esa confesión.
El compareciente Ubiel de Jesús Ramírez reconoció que Germán era un humilde campesino y que, al mirarlo, le vio las manos propias de quien trabaja la tierra.
Un tercer hecho, registrado el 7 de agosto de 2004 en la vereda El Molino de Cocorná, reveló detalles aún más perturbadores. Además del asesinato de los campesinos Javier de Jesús Castaño Giraldo y Jhon Jairo Quintero Vergara, uno de los comparecientes confesó que una acompañante de las víctimas fue violada frente a menores de edad, y que durante años las familias creyeron que había sido una estructura paramilitar la responsable, porque los propios militares se disfrazaron de paramilitares para engañarlas. También se reveló que una de las víctimas estuvo retenida y amarrada a un árbol de guayaba antes de ser asesinada.
Por último, los comparecientes se refirieron a un hecho ocurrido el 25 de agosto de 2003 en Cocorná, en el que cuatro integrantes del Ejército asesinaron y desaparecieron forzadamente a tres personas que aún no han sido identificadas, un proceso en el que la JEP continúa trabajando para esclarecer la verdad.
