La JEP avanza en la investigación de nexos entre Fuerza Pública y paramilitares en el Magdalena Medio. Un paso clave para la verdad y reparación de las víctimas.
Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
Luego de tres días de audiencia pública en Barrancabermeja, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró la etapa de observaciones de víctimas en el caso que investiga la toma paramilitar en el Magdalena Medio y se prepara ahora para una fase clave, en la que conocerán decisiones judiciales.
La audiencia pública, realizada en Barrancabermeja y cuya última jornada tuvo lugar el pasado 21 de marzo, hace parte del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, que investiga crímenes presuntamente cometidos por integrantes de la fuerza pública en alianza con grupos paramilitares, principalmente entre 1998 y 2000, periodo conocido como la “toma paramilitar” de la región.
En este proceso han sido acreditadas 601 víctimas individuales y 15 colectivas, y 72 participaron directamente en la audiencia presentando observaciones frente a las versiones de 35 comparecientes de la fuerza pública.
Lo que dijeron las víctimas del Caso 08 en Barrancabermeja
La última jornada dio voz a varias víctimas de Barrancabermeja que han reconstruido durante décadas lo sucedido en la ciudad. Sus relatos se enfocaron en las masacres, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos ocurridos entre 1998 y 2000, además de las formas de violencia que marcaron a comunidades y organizaciones sociales.
“Quisieron justificar los crímenes mancillando el nombre de las víctimas, intentando presentarlas como delincuentes, subversivos y objeto de otras calumnias. Ellos eran hijos e hijas de Barrancabermeja, por eso estamos aquí haciendo memoria, exigiendo verdad y justicia”, dijo Rocío Campos Pérez, hermana de Daniel Campos Pérez, una de las 25 personas desaparecidas en Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998 presuntamente por integrantes de grupos paramilitares.
En varias de las intervenciones, las víctimas también señalaron que detrás de los crímenes habrían existido intereses económicos relacionados con el control de recursos como los hidrocarburos y la minería, así como procesos de apropiación de tierras y disputas territoriales.
“Para nosotros, una de las intenciones de la violencia paramilitar fue el apoderamiento, por parte de ciertas clases sociales y políticas, de los recursos de hidrocarburos, es decir, una concentración de la riqueza petrolera (…). Pedimos a la JEP que se haga énfasis en las motivaciones económicas”, afirmó José Vicente Ordóñez.
También se denunciaron ataques contra organizaciones sociales y sindicales. Según Carlos Guillermo Gayón Valle, comisionado nacional de Derechos Humanos y Paz de la Unión Sindical Obrera (USO), la violencia habría buscado debilitar al sindicato en medio de transformaciones en la industria petrolera.
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“El ataque contra los integrantes de la Unión Sindical Obrera tenía como objetivo avanzar en la privatización de la empresa e imponer la tercerización, para lo cual el sindicato se convirtió en un obstáculo”, dijo Gayón Valle.
Los testimonios dieron cuenta además del impacto humano de la violencia, con relatos sobre asesinatos, desapariciones, desplazamientos y sus efectos en las familias y comunidades. En zonas rurales y en el río Magdalena, las víctimas también recordaron cómo el conflicto transformó la vida cotidiana y las actividades tradicionales.
“A los pescadores les rompía el corazón: en lugar de sacar pescado, sacaban muertos. El río fue el cementerio de este conflicto armado”, señaló un líder comunitario.
Las magistradas Catalina Díaz y Gloria Amparo Rodríguez, quienes presidieron la audiencia, señalaron que la dimensión de la violencia ocasionada en la región dejó impactos profundos en las comunidades. “Estos crímenes arrebataron infancias y aislaron a las personas por el miedo”, afirmaron durante la audiencia.
La JEP reiteró que avanzará en el esclarecimiento de los hechos y en la imputación de los máximos responsables.
Lo que viene: la fase de decisiones en la JEP
Con el cierre de esta etapa del proceso, la JEP inicia ahora una fase clave en la que deberá contrastar toda la información recopilada. Esto incluye los testimonios de las víctimas, las versiones voluntarias de comparecientes, informes de organizaciones, sentencias judiciales y documentos oficiales obtenidos en el marco de la investigación.
El objetivo de este análisis es identificar los hechos más representativos del caso, establecer patrones de violencia y determinar las responsabilidades individuales de los implicados.
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Como resultado de este proceso, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad emitirá el Auto de Determinación de Hechos y Conductas, una decisión fundamental que definirá el rumbo judicial del caso y las posibles imputaciones dentro del sistema de justicia transicional.
Con las decisiones se podrá determinar si lo ocurrido en el Magdalena Medio fue resultado de hechos aislados o de una relación sostenida entre estructuras paramilitares y agentes del Estado, como históricamente lo han sostenido las víctimas.
