Dos décadas después de que el horror de los asesinatos y desapariciones forzadas fracturara a las familias más vulnerables de Santander, la justicia transicional empieza a desenterrar la verdad.
Publicado por: Danilo Cárdenas
Eran habitantes de calle, personas con discapacidad, civiles en condiciones de vulnerabilidad. En Santander, antiguos miembros de al menos seis unidades del Ejército Nacional los dieron de baja y los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, investiga esos homicidios.
El encargado de instruir esos casos en Santander es el magistrado Mauricio García Cadena. Desde el segundo semestre de 2024, ha convocado a 157 comparecientes, antiguos miembros de los batallones Ricaurte, Caldas, Gaula Santander, Rafael Reyes Prieto, Los Guanes y Luciano D’Elhuyar para que rindan su versión sobre los homicidios de al menos 80 víctimas directas.
Esas audiencias, realizadas en Bucaramanga entre 2024 y 2025, buscan superar lo que probó la justicia ordinaria en su momento y abrir el camino hacia un beneficio clave del proceso transicional: la renuncia condicionada a la persecución penal, que exige el cumplimiento de medidas restaurativas a quienes accedan a ella, siempre que satisfagan las exigencias de verdad, reparación y garantías de no repetición.
El origen de estas investigaciones se remonta al macrocaso 003 de la JEP, que analiza el patrón de homicidios y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en el país. La Sala de Reconocimiento priorizó otras regiones, pero la magnitud de lo ocurrido en Santander llevó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas a asumir el departamento junto con Meta. Según la caracterización preliminar de la Subsala Tercera, Santander ocupa el segundo lugar en número de casos bajo su conocimiento.
Las cifras dan cuenta del alcance del trabajo. Hasta la fecha, la Subsala ha realizado 50 audiencias previas por 51 hechos victimizantes en Santander y ha llevado a cabo cuatro audiencias de informe. En esos espacios han participado los 157 comparecientes convocados por hechos cometidos contra 80 víctimas directas. Además, ya se han emitido dos renuncias condicionadas a la persecución penal que abarcan varios de esos hechos y ordenan medidas restaurativas.
Ese volumen de expedientes, sin embargo, no es lo único complejo. García Cadena explicó en entrevista con Vanguardia que la mayor dificultad está en el trabajo con las familias: “Prácticamente nos toca arrancar de cero con las víctimas”. Y añadió que, pese al acompañamiento psicosocial, la inconformidad persiste. “Así se aclare un 90 % de los casos, ese 10 % faltante para ellos constituye un déficit. Y es entendible”, agregó.
De todas las unidades militares investigadas, el Batallón de Infantería No. 14 Capitán Antonio Ricaurte concentra la mayor carga procesal: 52 comparecientes vinculados a al menos 14 hechos victimizantes ocurridos entre 2003 y 2008 en Lebrija, Matanza, Suratá, El Playón, Charta y Sabana de Torres. Fue precisamente allí donde la JEP concedió, en enero de 2025, las primeras renuncias condicionadas a la persecución penal en Santander, a cuatro comparecientes responsables de los homicidios de Gerardo Contreras Román y de dos personas no identificadas en el cerro La Aurora, ambos en Lebrija.
Tras el Ricaurte, el Batallón de Ingenieros Caldas aporta 23 comparecientes y un tercero civil por 11 hechos en Floridablanca, Piedecuesta, Tona y Enciso. El Gaula Santander suma otros 31 miembros de la fuerza pública y un exdetective del DAS, investigados por homicidios en Girón, Charalá, El Playón y Valle de San José.
Publicidad
Lo que esas audiencias han revelado no son hechos aislados. Las investigaciones confirmaron un patrón macrocriminal: una competencia entre unidades por producir resultados operacionales que, en palabras de García Cadena, “si bien no implicaba muchas veces una orden explícita, sí de manera implícita llevó a que se cometieran crímenes contra civiles”. Esa dinámica no funcionaba sola. A ella se sumaron terceros civiles que actuaron como reclutadores, encargados de ubicar a las personas más vulnerables. El pico de estas muertes en Santander se concentró entre 2005 y 2006, según las investigaciones.
A esos homicidios se añade otro delito que el proceso ha sacado a la luz: la desaparición forzada. En varios casos, los aportes de los comparecientes han permitido ubicar restos de familiares que llevaban años sin ser hallados. “Eso sí es muy importante, no solo para Colombia sino a nivel internacional”, afirmó el magistrado.
‘El país está ante un fenómeno de justicia’
El magistrado Mauricio García Cadena proyecta que, al ritmo actual, en aproximadamente un año la Subsala podría culminar la revisión de los seis batallones priorizados. El último en completar sus audiencias será el Luciano D’Elhuyar, con diligencias previstas para el primer semestre de 2026. A nivel nacional, la Sala de Definición ha emitido 18 decisiones de renuncia condicionada a la persecución penal, beneficiando a entre 200 y 300 comparecientes.
En Santander, las familias que durante dos décadas crecieron desarticuladas —porque quienes fallecieron eran el sustento económico del hogar— empiezan, por primera vez, a saber qué pasó.
