Ante la JEP en Bucaramanga, los exmilitares Diovidaldo Serpa y Harold Pilcué confesaron la cruda alianza entre el Ejército Nacional y paramilitares para asesinar a dos investigadores del CTI y a un menor de 13 años en el río Sogamoso.
Publicado por: Alberto Donadio
El niño tenía 13 años. Lo mataron con arma corta en la mitad de un puente y luego lanzaron el cuerpo al río Sogamoso. Ocurrió el 22 de junio de 1994.
Sobre el asesinato habló, el 24 de abril pasado, en la Casona de la Unab, el exsuboficial del Ejército Diovidaldo Serpa Gutiérrez, en una audiencia de la JEP que presidió el magistrado Mauricio García Cadena.
Serpa fue comandante de un pelotón de 16 soldados entre 1991 y 1994 en el batallón Luciano D’Elhuyar, en San Vicente de Chucurí. El día que mataron al niño, Serpa bajó por la mañana de la Cuchilla de La Paz a San Vicente. “Les dije a los muchachos: vamos a descansar hoy. Mi pelotón se llamaba Dragón 2”, recordó en la audiencia.
Agregó el suboficial: “Me encontré con el grupo especial de operaciones. El grupo especial siempre iba con las Autodefensas. El teniente Carlos Alberto Acosta Tarazona era el comandante del grupo; iba con siete soldados. El teniente me dijo: cogieron a dos personas que se hacían pasar por miembros del CTI”.
Según el suboficial, él le dijo al teniente: “Revise bien los documentos”. Él vio a las dos personas detrás de la oficina de Telecom. “Acosta Tarazona los tenía amarrados”, precisó.
Serpa declaró ante el magistrado que le dijo al teniente: “Esta es área de operación mía, nos metemos en problemas. A las 4:00 de la tarde el teniente dijo: ‘Ya los vamos a soltar’. Después, el teniente dio orden de soltarlos. Yo vi cuando los soltaron a las 4 y media. A los adultos vi que les estaban pegando. Por eso me retiré de ahí. El niño venía con ellos. Sí eran investigadores del CTI, llevaban placa. Le mostraron al teniente la orden de captura”. Además: Detenido suboficial retirado del Ejército acusado de secuestro de agentes del CTI
Serpa anotó que luego se fue hacia donde estaba su pelotón. “A las 7:00 p.m. me llamó el teniente. Me ordenó subir al carro. Llamé a mi cabo y lo dejé con el pelotón. Adelante iba otro carro. Vi al teniente y al soldado conductor. En el puente de El Tablazo estaba el carro blanco de los investigadores del CTI”, indicó Serpa.
De investigadores de la Fiscalía a falsos guerrilleros
Agregó el suboficial: “El teniente los volvió a coger. Yo ya averigüé y son informantes de la guerrilla; los vamos a ejecutar”, dijo el teniente.
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Entre las 10:00 y las 11:00 de la noche mataron a los dos funcionarios del CTI, según Serpa. Los llevaron a la parte baja del puente, recordó. “Se escucharon los disparos. Yo estuve ahí, por eso estoy contando. Ellos estaban amarrados. No sé quién disparó. Estaban Roque y su hermano, que era soldado, y el teniente y unos soldados, y había unos de las Autodefensas. Los tiraron al río”. Le interesa: “El río Magdalena fue convertido en herramienta del terror”: dijo JEP en Barrancabermeja
Afirmó el suboficial que después del asesinato de los funcionarios: “Roque cogió al niño en el puente y le disparó con arma corta. Lo tiraron al río Sogamoso. Eso es oscuro, eso es un cañón”.
Alias ‘Roque’, el jefe paramilitar, se llamaba Wilson Poveda Carreño. En ese momento tenía 24 años. Había nacido en San Vicente de Chucurí. Años más tarde fue el segundo comandante de las Autodefensas en el Cesar, dirigidas por alias ‘Jorge 40’, Rodrigo Tovar Pupo.
Serpa recordó que después del asesinato del niño y de los investigadores dieron la orden de llevar el carro blanco de los funcionarios del CTI al sector de La Parroquia. “Allá lo incineraron”, anotó. “El grupo especial iba con panfletos del Eln y las Farc. Pusieron panfletos en el carro. Le pintaron algo al carro”.
El suboficial declaró: “Solo vi eso esa vez. Estuve 23 años en el Ejército. Me retiré en 2003. Había relación casi directa entre el batallón y los paramilitares del grupo Los Masetos. En el batallón uno siempre veía a las mismas personas de las Autodefensas que entraban al batallón. Las Autodefensas entraban por la guardia normal. No todo el mundo del Ejército era afecto a las Autodefensas”.
El niño asesinado el 22 de junio de 1994 se llamaba Roberto Quiñones Molina. En diciembre de ese año iba a cumplir 14 años. Su mamá, Pastora Molina Bernal, dijo a Vanguardia, en 1997, que su hijo vendía raspados en el parque de Lebrija, junto a ella, que tenía un carrito de empanadas. Como había vivido tres años en San Vicente de Chucurí, la Fiscalía lo buscó como guía, dijo.
El cabo Harold Wilson Pilcué también declaró en Bucaramanga ante el magistrado Mauricio García Cadena. Dijo que el teniente Acosta Tarazona lo llamó a las 10 y media de la mañana y le ordenó llevar al niño. Relató que el niño le dijo que había llegado con dos señores. El niño estaba jugando con piedras. “El teniente me dijo: ‘Déjeme el niño aquí’. Yo abusivamente transporté al niño. El niño iba temblando entre mis piernas. Que el país se dé cuenta de lo que hicimos en ese tiempo. Me avergüenza. Fui a Telecom a llamar a mi familia en Cali. Vi a dos personas amarradas”.
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Pilcué declaró que, al igual que Diovidaldo Serpa, pensaba que había que soltar a los investigadores del CTI que estaban amarrados, pero que el teniente Acosta Tarazona dijo: “Qué tal que los soltemos y nos denuncien”.
Los dos funcionarios del CTI se llamaban Alirio Achipiz Achipiz y Antonio Contreras Calderón. Ellos salieron de Bucaramanga el día en que fueron asesinados en un campero Trooper. Según la sentencia del Consejo de Estado, que ordenó indemnizar a los familiares, tenían la orden de capturar a un individuo conocido como ‘Tribilín’, sindicado de lesiones personales y, además, de integrar el grupo paramilitar de ‘El Rayo’, que operaba en San Vicente, El Carmen de Chucurí, Zapatoca, Betulia, Lebrija y Barrancabermeja.
Hicieron su primera parada en Lebrija, municipio en donde realizaron indagaciones sobre el ciudadano a capturar y donde consiguieron la colaboración de un menor, quien se ofreció para servirles de guía, señala la sentencia. Se recomienda: Primer fallo de la JEP contra las Farc: secuestros que marcaron a Santander
Al día siguiente, se encontró en el sitio denominado ‘El Tablazo’ el campero en que se movilizaban los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones, incinerado y lleno de panfletos alusivos al frente Capitán Parmenio de la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional, agrega la sentencia.
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Días después se encontró el cadáver del funcionario Antonio Contreras Calderón flotando en las aguas del río Sogamoso. No se encontró el cuerpo de Alirio Achipiz Achipiz; no se tuvo información alguna y la familia se hizo a la idea de que había sido desaparecido por delincuentes vinculados a la organización subversiva y, por lo tanto, procedió a iniciar los trámites tendientes a obtener la declaratoria de muerte por desaparición, añade el fallo.
Agrega la sentencia: “Por versión de prensa aparecida en el diario Vanguardia Liberal, en edición del día 7 de octubre de 1995, la familia Achipiz tuvo conocimiento de que la Fiscalía Regional de Cúcuta y el CTI de Bucaramanga pudieron establecer que la muerte de su hijo y hermano la realizó una banda paramilitar y, al tiempo, se enteraron de la participación o complicidad de miembros de la fuerza pública, específicamente de la Quinta Brigada”.
Alirio Achipiz Achipiz tenía 30 años cuando fue asesinado. Nació en Páez, Cauca. Él era investigador judicial del CTI. Antonio Contreras Calderón era el conductor.
El horror en el puente de El Tablazo
Dos días después del asesinato de los funcionarios, su jefe, Walter Ordóñez Ordóñez, presentó una denuncia en la cual precisó que ellos habían viajado a cumplir una orden de captura del juzgado promiscuo de Lebrija contra Orlando Vesga Cobos y que, como no se reportaron el 22 de junio en la noche ni respondieron los llamados por el equipo de comunicaciones, se inició la investigación y se halló incinerado, a 30 o 40 minutos de La Renta, el vehículo Trooper. “El vehículo presentaba grafitis en aerosol con leyenda UC-Eln, al igual que en una cerca contigua se leía ‘Camilo vive’”, indicó Ordóñez.
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En abril de 1995 la madre del investigador, Cleotilde Achipiz, viajó con una comisión del CTI al lugar de los hechos. Otras noticias: Audiencia de la JEP: Barrancabermeja reclamó por sus desaparecidos y víctimas del conflicto
Según el informe de esa visita: “En el sitio El Tablazo, habitado por pescadores ubicados a orillas del río Sogamoso, en ranchos de madera, siete en total, a los cuales se les realizó visitas, entrevistándonos con sus moradores, manifiestan que para la fecha del insuceso, una noche, aproximadamente a las 11:00, oyeron en el puente del Tablazo varias detonaciones de arma de fuego. Al asomarse por las rendijas de las tablas de sus viviendas, observaron que se marchaban por la vía a Bucaramanga muchos hombres armados, quienes se desplazaban en dos vehículos. Al día siguiente revisaron el lugar de los hechos y encontraron arriba del puente sangre y huellas de que se hubiesen arrastrado personas hacia la orilla del puente, desde donde luego fueron lanzadas al río; debajo del puente, lazos ensangrentados y un pedazo de camiseta blanca con letreros de propaganda política”.
Las condenas por las muertes de un niño de 13 años y dos funcionarios del CTI en 1994 en Lebrija
Por el asesinato del niño y de los funcionarios fueron condenados a 56 años de prisión el teniente Carlos Alberto Acosta Tarazona y los soldados Hernando Enrique Villamil Castellanos, Fabio Poveda Meneses y Tulio Jiménez. Orlando Vesga Cobos fue condenado a 55 años de prisión.
Por perjuicios morales, el Ejército fue condenado a pagar a los padres de Alirio Achipiz Achipiz 100 salarios mínimos mensuales y, a los hermanos, 50 salarios mínimos mensuales, además de 100 millones de pesos para cada uno de los padres por perjuicios materiales.
En el caso del conductor del CTI asesinado, el Ejército fue condenado a pagar 100 salarios mínimos mensuales a cada una de sus hijas, Leidy Adriana Contreras Tarazona y Diana Lizeth Contreras Tarazona, por perjuicios morales; y por perjuicios materiales, 319 millones de pesos a la primera y 345 millones de pesos a la segunda. Ellas tenían cinco años y dos años cuando su papá fue asesinado.
La impunidad y la condena del Consejo de Estado contra la Quinta Brigada del Ejército
En 2013 el Consejo de Estado ordenó además: “El Ministro de Defensa y el Comandante del Ejército Nacional ofrecerán disculpas públicas a las hijas del señor Antonio Contreras Calderón, en un acto que tendrá lugar en la Quinta Brigada del Ejército, con sede en la ciudad de Bucaramanga”. Lea aquí: La JEP no se opondrá a la excarcelación de Salvatore Mancuso
La Quinta Brigada certificó durante el proceso judicial que no se abrió investigación disciplinaria contra el teniente Carlos Alberto Acosta Tarazona por los hechos del 22 de junio de 1994.
Acosta murió en 2007 o 2008 en el Cesar como combatiente de las Autodefensas, declaró uno de los militares que asistió a la audiencia.
