En Barrancabermeja se dio el cierre de las dos audiencias programadas por la JEP, en el marco de medidas cautelares que buscan proteger a las familias de las personas desaparecidas en el marco del conflicto.
Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
El pasado jueves, la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó la segunda sesión de una audiencia nacional sobre las fallas estructurales en la búsqueda de desaparecidos en Colombia. La diligencia tuvo lugar en Barrancabermeja, en donde se conmemoraban 26 años de la masacre del 16 de mayo de 1998, en la que asesinaron a siete personas y desaparecieron veinticinco más.
La audiencia inició, precisamente, recordando a las víctimas de dicha masacre y con las intervenciones de organizaciones sociales y colectivos que reúnen a familias buscadoras.
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Durante el desarrollo de la jornada los magistrados de la JEP acompañaron ‘La Galería de la Memoria’, un acto conmemorativo organizado en la Plaza de la DIAN de Barrancabermeja. Allí se rindió homenaje a las víctimas de la masacre del 16 de mayo de 1998.
Las peticiones de las victimas en Barrancabermeja
Rocío Campos, representante del colectivo de la masacre del 16 de mayo de Barrancabermeja, en su intervención fue enfática en exigir verdad en el caso de las muertes y desapariciones en el marco de la incursión paramilitar en la región y en pedir respuestas sobre medidas cautelares que organizaciones han solicitado para algunos sitios donde se presume la existencia de cuerpos de personas desaparecidas.
“Como Mancuso entró a la JEP, ¿se van a tomar medidas cautelares a los sitios que el señale que hay personas desaparecidas? No entendemos si en el 2019 se entregó el informe Telarañas de Impunidad y se solicitaron medidas cautelares para tres sitios de interés forense: en la vereda Magará, en la finca Los Guayabos, en la hacienda la Pola y la Musanda ubicadas en el corregimiento de San Rafael de Lebrija; a hoy no hay respuesta”, dijo.
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Así mismo, la líder de víctimas pidió que se socialicen los planes de búsqueda que adelanta la Unida de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y que, de manera urgente, se intervengan varios sitios de interés forense en donde se presume podría haber restos óseos de los desaparecidos del 16 de mayo.
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“Hablan muy bonito de los planes, pero no han sido socializados con las organizaciones y a las víctimas. Si los tienen, nosotros preguntamos con quien los construyeron porque con nosotros no fue. Pedimos que se hagan las excavaciones en los sitios de interés forense para dar con el paradero de las 16 víctimas que nos faltan por encontrar”, expresó.
Por su parte Iván Madero Vergel, presidente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), fue insistente en exigir que se otorguen medidas de protección a familias buscadoras, pues hay varios registros de amenazas de muerte en contra de ellas.
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“Es necesario que se generen medidas cautelares de protección y prevención a quienes somos buscadores, una labor que se hace de manera altruista. No basta con proteger los lugares de interés forense, es urgente que también se den garantías a quienes buscan a sus desaparecidos”, dijo Madero Vergel.
El defensor de Derechos Humanos solicitó que en este trámite de medidas cautelares se tomen en cuenta las declaraciones de exfuncionarios y excontratistas de Ecopetrol que fueron citados por la JEP en el marco del Caso 08, en lo que tiene que ver con sus actuaciones y posibles alianzas con paramilitares en esta región.
Otras de las peticiones realizadas consistieron en la apertura de un Macro caso para investigar casos de desaparición forzada en el marco del conflicto y en dar celeridad a las audiencias con militares implicados en este tipo de crímenes de lesa humanidad.
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Decisión de la magistratura frente a víctimas en Barrancabermeja
En el cierre de la segunda audiencia nacional de medidas cautelares, la magistrada Reinere Jaramillo precisó que la JEP ya abrió los 11 macrocasos en los cuales centrará sus investigaciones y aclaró que “la magistratura ha venido investigando la desaparición forzada en todos y cada uno de los 11 macrocasos que están abiertos”, y precisó que de ello dan cuenta las decisiones que se han adoptado priorizando la desaparición forzada en esas investigaciones.
La magistratura también anuncio que, sobre las peticiones hechas por las organizaciones de víctimas serán valoradas y, posterior a ello, se expedirán las órdenes que correspondan.
“Primero, estamos escuchando los reclamos de las víctimas y organizaciones; segundo, a diferentes entidades del orden nacional en donde estamos acoplando información y con esto la sección entra en un proceso de deliberación para tomar las decisiones que, en derecho, correspondan en la solución de la búsqueda que tanta falta hace en este país. Estamos prestos a tomar las decisiones que correspondan”, dijo El Magistrado Raúl Sánchez.
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Agregó que, desde el pasado martes, en la primera audiencia se tomaron las primeras medidas que responden a los reclamos de las víctimas, que tiene que ver con la exigencia al DANE para que permita el acceso a la información por parte de las entidades buscadoras. También según el Magistrado, se inició el proceso para emitir órdenes judiciales al Sistema Nacional de Búsqueda, con el fin de fortalecerlo.
El conflicto armado en cifras
En el desarrollo de la audiencia Gina Marcela Duarte Fonseca, jefa de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad de Victimas, presentó el número de víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas de desaparición forzada.
Según la funcionaria, a primero de abril de 2024, el total de personas incluidas es de 195.184; personas no incluidas 119.680; y las personas en proceso de valoración para ser incluidas en el registro es de 5.551.
