La Fiscalía dijo que los siete soldados acusados de violar a una niña indígena aceptaron cargos por el delito de acceso carnal abusivo, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice.
Publicado por: Agencia Efe
Un grupo de indígenas realizó ayer un plantón para rechazar la brutal violación de una niña de 12 años del pueblo embera-chamí por parte de siete soldados colombianos, que ya fueron enviados a la cárcel.
La protesta se desarrolló frente al monumento a los Héroes Caídos en Acción, ubicado en una amplia plazoleta a pocos metros de una sede del Ministerio de Defensa en el occidente de Bogotá.
Lea además: Polémica por acusación contra soldados implicados en violación
La niña fue secuestrada y violada el lunes pasado en el caserío de Santa Cecilia en el departamento de Risaralda (centro) por siete uniformados del Batallón San Mateo, un hecho que fue repudiado unánimemente por la sociedad.
Varios de los asistentes al plantón, la mayoría mujeres jóvenes con niños cargados en su espalda y utilizando tapabocas, dijeron a Efe que estaban allí para rechazar la violación de la niña y pedir que a los culpables se les aplique la justicia.
Los indígenas izaron pancartas en las que se leía: “Fiscalía cómplice de violadores corruptos asesinos” y otras alusivas a jóvenes desaparecidos, campesinos asesinados y mujeres violadas.
Polémica por los cargos
La violación de la niña indígena provocó no solo el repudio unánime de la sociedad a los agresores, sino que también generó una polémica porque según abogados penalistas la acusación de la Fiscalía estuvo mal hecha porque no corresponde al delito que cometieron los militares.
Los reclutas fueron acusados del delito de acto sexual abusivo, pero los penalistas consideran que lo que debió imputarse era acceso carnal violento agravado con menor de 14 años.
El director del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, explicó que ambos delitos tienen penas similares, alrededor de 30 años, pero su connotación es distinta porque el delito del que se les acusa supone el consentimiento de la víctima.
“La pena no va a estar en los 30 años, aproximadamente será de 19 años”, aseguró. Además, recalcó que “el problema no es la sanción, el problema es el mensaje y de la forma como se está revictimizando a una mujer”. Por su lado, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se mostró en desacuerdo con la acusación a los militares que hizo la Fiscalía.
