El asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995 a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, no prescribirá. La Fiscalía General de la Nación declararía este ataque sicarial como un crimen de lesa humanidad.
Según Juan Carlos Álvarez, penalista y docente de la Universidad Eafit, lo más importante de esta decisión es la imprescriptibilidad de la acción penal. “Ello supone que el Estado a través de la Fiscalía podrá, en cualquier momento, sin límite en el tiempo, investigar, acusar y solicitar la condena de los autores del magnicidio cometido en contra de ex dirigente político”.
Hace medio año el ente investigador reabrió la indagación en contra del general en retiro Rito Alejo del Río, por el asesinato del también excandidato presidencial, luego de escuchar el testimonio de un paramilitar conocido con el alias de “William”.
Según la investigación, “William” aseguró que sostuvo una reunión con el militar “cuando se organizó la muerte del doctor Álvaro Gómez Hurtado”.
Gómez, hijo del expresidente Laureano Gómez, era protagonista de primera línea del debate político nacional, que por entonces estaba inmerso en un escándalo por la supuesta financiación del cartel del narcotráfico de Cali a la campaña electoral del presidente Ernesto Samper, del cual el político conservador fue crítico.
Cuando se produjo esta noticia, Enrique Gómez Martínez, sobrino de Gómez Hurtado y abogado de la familia, le dijo al periódico El Colombiano que esa nueva vinculación era una estrategia de dilación para no dar con los “peces gordos” del caso, antes de que precluyera la investigación, que lleva ya más de 21 años.
“La Fiscalía no ha tenido líneas de investigación claras que apunten hacia los máximos responsables, y cuando se ve en la necesidad de señalar al alto Gobierno y a la cúpula militar vuelve a atacar a las bases”, comentó Gómez.
