El caso de “El Paisa” que aún no tiene final

Su columna Teófilo Forero fue señalada responsable de acciones violentas como el asesinato de la familia Turbay Cote (2000), el secuestro masivo en el edificio Miraflores en Neiva (2001), el secuestro del avión de Aires (2002) y la bomba en el Club El Nogal en Bogotá (2003), entre muchos otros actos criminales. Además, se concentró en incrementar las finanzas de las Farc a través del secuestro.

Ahora, según versiones de Inteligencia Militar, “el Paisa” estaría en Venezuela, cerca al río Orinoco, resguardado por 60 hombres armados que hicieron parte de su estructura.

Se debe capturar y así cumplir la orden dada por la Justicia Especial para la Paz, JEP, el viernes, para obligarlo a que asuma los compromisos de verdad, justicia y reparación a las víctimas que ha eludido, puesto que no se ha presentado a comparecer ante la JEP, cuando esta lo ha citado. Él aduce no tener garantías de seguridad para hacerlo.

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El viernes, los magistrados consideraron que no hay prueba de que el excomandante guerrillero incumplió el principal compromiso que asumió cuando se sometió: la dejación de armas y la no reincidencia en delitos con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz (1° de diciembre de 2016), asuntos que no pudieron ser probados por el Ministerio de Defensa. Ese argumento le dio la razón al concepto de la Procuraduría.

Los magistrados optaron por sancionarlo con la pérdida de la libertad condicional y la reactivación de sus órdenes de captura, por lo cual Policía Nacional e Interpol deberán buscarlo, tal como lo dispuso el presidente Iván Duque.

La JEP también ordenó a la Agencia para la Reincorporación y Normalización el retiro de la renta básica, un 90 % del salario mínimo mensual, que dejaría de recibir en agosto.

Además, la Sala de Reconocimiento de Verdad, que lo llamó a comparecer en el caso 001 sobre retenciones ilegales (secuestro), decidió retirarle la elegibilidad para las sanciones propias de la JEP, es decir, aquellas restricciones efectivas de la libertad de hasta 8 años, que no significan cárcel y con las que serán castigados quienes cumplan.

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Así, le quedan dos caminos dentro de la JEP: optar por una sanción de 5 a 8 años de prisión, si dice la verdad de manera tardía; o 20 años de cárcel, si no lo hace.

¿Una decisión prudente?

Para la constitucionalista de la Universidad de Antioquia, Bernardita Pérez, esta fue una decisión moderada, pues dejó la puerta abierta a un regreso de “el Paisa” a la JEP que, como justicia transicional, valora más los derechos de las víctimas.

La constitucionalista aclaró que “se está haciendo una ponderación del valor de la verdad y las sanciones que debe merecer este señor Velásquez. Le están diciendo que si logramos mantener el valor fundamental de este modelo de justicia seremos más generosos con usted”.

Pérez habló además de los valores políticos con los que fue constituido el sistema de justicia: “El objetivo es cerrar el conflicto, que de ninguna manera podía solucionarse a través de la justicia ordinaria”.

Al respecto, la representante a la Cámara, Juanita Goebertus, advirtió que con esta decisión “la JEP le cumple al país, defiende los derechos de las víctimas, lucha contra la impunidad y actúa con pleno cumplimiento en lo establecido en el Acuerdo de Paz”.

En este punto se da una discusión, porque hay quienes consideran que la sanción contra “el Paisa” debía ser ejemplar, para sentar un precedente de lo que puede ocurrir con quienes incumplan.

Entre ellos están los miembros del partido de Gobierno. El expresidente y ahora senador Álvaro Uribe expresó a través de su cuenta de Twitter: “Y con los más sanguinarios por fuera, ¿qué queda de lo acordado en La Habana?”

“El Paisa” está involucrado en 128 procesos judiciales por su presunta responsabilidad en graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, y sobre él pesan 26 condenas por secuestros y homicidios, con penas de más de 30 años de cárcel, según estableció la Sala de Reconocimiento.

Por eso, este incumplimiento debería ocasionar la exclusión inmediata de la JEP para que “responda por todos sus crímenes ante la justicia ordinaria”, señaló el senador del Centro Democrático, Gabriel Velasco Ocampo.

Debieron excluirlo

Este es el primer caso de verificación del cumplimiento que asume la justicia de paz y, en consecuencia, Velásquez es la primera persona que recibe una sanción por parte de esa jurisdicción. Sin embargo, el tamaño de las medidas tomadas por los togados no fue suficiente, según el abogado penalista, Francisco Bernate.

“Esta es una decisión desafortunada. Desde julio ‘el Paisa’ ha sido requerido sin mostrar ninguna voluntad de comparecer ni de entregar verdad. Con estas sanciones a lo que se está enfrentando, en el peor de los casos, es a que le regalen 20 años en una finca. Es un hecho que había que excluirlo”.

Sin embargo, las normas que le han dado vida a la JEP establecen que las sanciones que no son propias, que se aplican cuando hay ausencia de verdad, deben ser penas de prisión.

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Sobre este punto, Pérez indicó que la justicia ordinaria ha sido incapaz de juzgar y sancionar efectivamente los hechos ocurridos en tantas décadas de conflicto armado y si como sociedad se le da una oportunidad a la de transición, tal vez pueda cerrarse el ciclo de violencia y las víctimas puedan obtener respuestas.

Bernate, a su turno, cuestionó: “¿Cómo va a anteponerse la garantía de no repetición ante la verdad y la reparación de las víctimas?, ese no puede ser el compromiso más valioso para a JEP”.

Si bien el caso de “el Paisa” es grave porque encarna el ala más guerrerista de lo que fueron las Farc, también es claro que hay miembros de la guerrilla que se han presentado ante la JEP y están cumpliendo. Además, quienes ostentan una de las curules especiales en Congreso, han defendido sus planteamientos en medio de polémicos debates. Esa era la finalidad del Acuerdo: cambiar las balas por la palabra.

Por su parte, el jefe negociador de la guerrilla Iván Márquez ha manifestado que se siente traicionado y ha mandado mensajes conjuntos con “el Paisa”. Más allá de las posiciones contrarias de unos y otros, la preocupación de fondo es que la verdad, la justicia y la reparación prometida a las víctimas se empiece a ir, como agua entre las manos, con la ausencia de los máximos jefes de la desparecida Farc en los tribunales de la JEP.