domingo 28 de abril de 2019 - 12:00 AM

El feminicidio crece en Santander

La fundación Femincidios Colombia presentó su primer informe trimestral de 2019 donde se concluyó que si bien este delito disminuyó en Colombia, aumentó en Santander. Las cifras son muy diferentes a las que ofrece la Fiscalía. ¿Qué pasa?

La Fundación Feminicidios Colombia, a través de su observatorio independiente de violencia contra la mujer, presentó el primer informe trimestral de 2019, que controvierte los datos ofrecidos por entidades como la Fiscalía, que el pasado 15 de abril reportó una disminución importante en los casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa.

El informe de la fundación señala que desde el primero de enero hasta el 31 de marzo de 2019 se han presentado 71 casos de feminicidio en Colombia en 22 departamentos y 60 municipios. Así mismo, tres mujeres colombianas fueron asesinadas en el exterior, una en Estados Unidos y un doble feminicidio, de madre e hija, en Irlanda del Norte. Señala que van 48 casos de feminicidio en grado de tentativa.

Por su parte, la Fiscalía señala que en este mismo periodo se presentaron 48 feminicidios en el país, de los cuales 41 ya han sido esclarecidos en un 85,42 por ciento.

¿Por qué la diferencia?

Yamile Roncancio, directora de la Fundación de Feminicidios de Colombia, explica que “recolectamos la información a través de tres fuentes: medios de comunicación, Fiscalía, Policía y fuentes judiciales. No nos ajustamos, necesariamente, a las imputaciones que hace la Fiscalía y por eso los datos contrastan con el informe que publicó la entidad. Analizamos caso a caso de acuerdo con la ley 1761 (de 2015) y así determinamos que hay casos en los que, independientemente de que la Fiscalía los impute como homicidio agravado, son verdaderamente feminicidios”.

Yinny Paola Valencia, abogada de la Fundación Mujer y Futuro, explica que la diferencia en las cifras se debe a que “en muchos de los casos no se realiza una adecuada interpretación de la ley 1761, del marco jurídico nacional e internacional que le da soporte a la misma, y tampoco de los lineamientos internacionales”.

Roncancio, por su parte, señala que existe un subregistro de casos, otros no son bien imputados o no tienen visibilidad. Explica que luego de acercarse a las familias de las víctimas y a las víctimas que sobreviven determinan la cifra de casos que, en conclusión, es significativamente diferente a la que ofrece la Fiscalía.

En lo que sí coinciden es en que mientras en el resto del país el feminicidio sí ha mostrado una disminución, en Santander esta violencia extrema contra las mujeres creció.

Mujeres sin justicia

Gina Liz Pineda, fundadora del Observatorio Ciudadano de Feminicidios de Santander -que analiza los casos en la región y se mantiene en contacto con las familias-, existen varios casos emblemáticos de feminicidio que han ocurrido este año, uno de ellos, el cometido contra Sandra Lorena Durán Reyes en el municipio de Cimitarra, el pasado 23 de marzo.

“Fue asesinada por su expareja, previa existencia de violencia de género en su relación, así como manifestaciones de “celos” que reflejan la idea de propiedad y control que mantenía el agresor sobre la víctima tras la ruptura del noviazgo. La violencia final ocurrió en un lugar público e involucró un ataque severo a Sandra Lorena por su expareja, provocándole múltiples lesiones con arma cortopunzante”, explica Pineda.

Dice que el caso fue tipificado erradamente como homicidio “en una audiencia a la que no citaron a los familiares de la víctima ni fueron representadas jurídicamente para la exigencia de sus derechos. El agresor aceptó los cargos y el caso en la actualidad se encuentra en la impunidad, sin verdad ni justicia para las víctimas”, señala Pineda.

Cuenta que no es el primero ni el único caso: Leidy Tatiana García Martínez fue asesinada por su compañero permanente en el municipio de El Playón, en julio de 2017 y el delito fue tipificado como homicidio agravado.

Pineda explica que “de acuerdo con la familia de la víctima y elementos del proceso penal, a Leidy Tatiana le fue infligido por su pareja un ciclo de violencias física, psicológica y económica durante casi 10 años. El día de los hechos, estando Leidy en situación de inmovilidad total, su pareja la sometió a un severo castigo psicológico y físico por horas. Finalmente, la asesinó. Estas características de violencia contra la mujer por el hecho de serlo evidencian que Leidy Tatiana fue víctima del delito de feminicidio”, indica Gina.

No obstante, el asesinato de Leidy fue tipificado como homicidio.

La situación preocupa a los expertos.

“La edad en la que más se presentan los feminicidios es la más productiva de las mujeres. Generalmente, son asesinadas por sus parejas y exparejas. En las zonas rurales es donde más se presentan casos y en los estratos cero, uno y dos en las ciudades”, explica Roncancio.

Las organizaciones hacen un llamado a las autoridades y entidades territoriales para que se aplique la ley, se capacite a los funcionarios y se establezca una ruta efectiva de atención a las víctimas.

¿Qué está pasando?

Silvia Yáñez, abogada especialista en derecho procesal, experta en asuntos de género y derechos humanos de las mujeres, señala que la ley 1761 de 2015 es muy importante para Colombia, pero que “claramente ha tenido muchos obstáculos para su implementación que han sido identificados no solo por las organizaciones sociales del país, también por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la Onu, la Cedaw.

“Se ha avanzado, pero muy lentamente. El principal problema tiene que ver con que la aplicación de la ley supone lo que la Corte Constitucional llama una implementación de la perspectiva de género en las etapas de indagación, investigación y juzgamiento”.

Yañez explica que los prejuicios y estereotipos de jueces y fiscales, así como de los funcionarios impiden la aplicación de la ley y la comprensión de contexto de violencia contra la mujer.

“Hace falta formación para entender que la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género ocurre bajo unas circunstancias que incluyen los ciclos de violencia de las relaciones desiguales de poder”.

Y si las mujeres son migrantes o tienen una identidad de género diversa, o son mujeres trans, su asesinato queda doblemente invisiblizado.

Gina Pineda, del Observatorio de Feminicidio Santander, explica que “son múltiples los feminicidios procesados equivocadamente como homicidios: Yolsabet Durán (Barrancabermeja), Katherine Escalante (Socorro), Leidy Tatiana Martínez (El Playón), Irene Pérez (Sucre) y Sandra Durán (Cimitarra). En varios de los casos los familiares no contaron con representación jurídica en los procesos penales. Aunado a ello, no existe en Santander una ruta de atención integral dirigida a los familiares de las víctimas para su acompañamiento a nivel jurídico y psicosocial. Basta decir que en diversos casos de feminicidio, los hijos e hijas de las víctimas menores de edad no recibieron atención psicológica”.

El observatorio encontró que en lo corrido del 2019 han ocurrido en Santander, por lo menos, 8 feminicidios, la mayor parte de ellos perpetrados por la pareja, la expareja o un familiar. También, ocurrieron feminicidios vinculados a violencia sexual e instrumentalización de género.

“Como característica en los casos se encuentra la infinita crueldad: a la mayor parte de las víctimas les fueron provocadas múltiples lesiones, algunas fueron sometidas a métodos combinados de violencia y en otros se efectuó un tratamiento del cuerpo de la víctima ligado a la humillación y deshumanización como la exhibición en vía pública de la mujer severamente castigada y con signos de violencia sexual o como el transporte del cadáver de la víctima y lanzado a un río”, concluye Pineda.

¿Qué dice la ley?

Fuentes de la Fiscalía le contaron a Vanguardia que la tipificación de feminicidio u homicidio agravado se hace con base en lo que dice la ley. Aseguran que los fiscales se ciñen a ello: si el crimen es cometido por la pareja, es feminicidio.

Pero, ¿qué es lo que dice realmente la ley?

Yinny Paola Valencia, de la Fundación Mujer y Futuro, señala que el Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razón de género elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos y ONU Mujeres señala que la investigación de un caso de violencia contra la mujer se debe adelantar bajo los parámetros del Protocolo de Minnesota, que indica que en el caso de muertes violentas de mujeres o de suicidio, el equipo investigador debe presumir que se trata de un feminicidio, es decir todas las muertes violentas de mujeres deberán ser investigadas como posibles feminicidios y a partir de allí descartar que se trate de éste, y no al contrario.

“El delito de feminicidio cuenta con unas características propias que a la hora de ser analizado requiere una valoración contextual de la violencia, entendida como violencia de género y que tiene unas características específicas, establecidas en el artículo 104 a del Código Penal. Así que se requiere por parte de la Fiscalía de un análisis a fondo de los hechos, que en muchas ocasiones no se hace: antecedentes de violencia; las relaciones de cercanía de la víctima con el victimario; actos anteriores al asesinato como la violencia sexual, el estado de vulnerabilidad e indefensión de la víctima, entre otros”, señala Valencia.

Publicado por
Lea también
Publicidad
Comentarios
Comente con Facebook
Vanguardia no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios que aquí se publican son responsabilidad del usuario que los ha escrito. Vanguardia se reserva el derecho de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez, que ataquen a otras personas o sean publicidad de cualquier tipo.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad