viernes 31 de julio de 2020 - 12:00 AM

JEP ordena adoptar seguridad de exmiembros de las Farc

La JEP evaluó en dos audiencias las condiciones de seguridad y las razones que llevaron a efectuar el traslado de las familias de excombatientes asentados en Ituango hacia el municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia.
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La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, le ordenó al Alto Comisionado para la Paz realizar gestiones necesarias para la efectiva puesta en funcionamiento del Programa de Protección Integral para los integrantes del nuevo movimiento político Farc.

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De igual forma, el tribunal de paz le dio al Alto Comisionado para la Paz un término para remitir los Lineamientos y el Plan de Acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales de que trata el artículo 1 del Decreto 154 de 2017.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, además, le ordenó al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación convocar a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección para definir las medidas de protección que correspondan frente a solicitudes con análisis de riesgo, así como identificar y gestionar con celeridad lo necesario para la formulación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección.

Bajo ese entendido, el Consejero debe cumplir con lo dispuesto y debe remitirle a la JEP los diagnósticos realizados sobre los Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación y de las Nuevas Áreas de Reincorporación.

Seguridad colectiva e individual
Para la Sección de Ausencia de la JEP, la seguridad individual y colectiva de quienes participaron en el proceso de paz resulta fundamental en términos de garantía de no repetición y salvaguarda de los derechos de las víctimas a conocer la verdad sobre lo sucedido en el conflicto armado interno.
Entre las decisiones tomadas ayer, la sección explicó que las determinaciones están encaminadas a proteger a los excombatientes de las extintas Farc que están sometidos a la jurisdicción.
La medida se tomó luego de constatar que, pese a las labores realizadas por diversas autoridades públicas, persiste una grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales, dado que más de 200 comparecientes han sido asesinados, fenómeno que ha sido suficientemente documentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc.
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