Por lo menos tres de los cuatro senadores santandereanos se inclinan a favor de aprobar la cadena perpetua para violadores de niños en Colombia.
Publicado por: Nelly Vecino Pico
Han sido 22 intentos por sacar adelante iniciativas encaminadas a castigar a los abusadores y violadores de menores de edad, pero todas habían fracasado.
Sin embargo, a la iniciativa denominada la ‘Ley Gilma Jiménez’, en memoria de la exsenadora que siempre luchó porque en el país se castigara con la pena máxima a los autores de asesinato y delitos sexuales contra los menores de edad, y que fue radicada el año pasado, le faltan dos debates en el Senado para convertirse en Ley de la República.
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Pero, ¿qué la hace diferente de las demás iniciativas? Expertos consultados por Vanguardia consideran que se trata más de populismo punitivo o del aprovechamiento de una coyuntura política, más que verdaderos cambios, teniendo en cuenta que la Constitución y Código Penal cuenta con leyes necesarias para castigar estos delitos e incluso en algunos casos se podría considerar una “prisión perpetua”.
Diferencias
Actualmente la cadena perpetua en el país está prohibida para cualquier delito. Lo que se busca es que haya una excepción para los asesinos y violadores de menores para que puedan recibir esta pena.
Y hay que tener en cuenta que la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad fue una de las promesas de campaña del presidente Iván Duque, por lo que desde el partido de gobierno, el Centro Democrático, se ha pedido a las bancadas apoyar la iniciativa para reducir las altas cifras de agresiones.
David Murillo, abogado y docente universitario, considera que “existen dos grandes diferencias entre este proyecto de ley y los presentados con anterioridad. La primera, es su grado superior de elaboración, ya que cuenta con un término razonado de revisión de la pena de 25 años. En segundo lugar, el aval positivo de pertinencia que le ha dado el Consejo de Política Criminal”.
Sobre el primer aspecto, Murillo explica que “a los 25 años de pena cumplida, un comité técnico interdisciplinario evaluará las condiciones de resocialización del condenado. Sí encuentra que se ha resocializado, que ya no es peligroso para la sociedad, podría conceder la libertad. Sí no encuentra que esté apto para vivir en sociedad, continuará en prisión”.
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El abogado Francisco Bernate se ha mostrado en desacuerdo porque considera que con este acto legislativo lo que se busca es hacer política a costa de los derechos de los niños.
Según él, en vez de construir escuelas, mejorar vías, darles una mejor educación o mejor la conectividad, se plantean este tipo de propuestas que son innecesarias y que lo único que van a lograr al final es que haya más impunidad en estos casos, como ya está demostrado no solo en el país sino también en otros países.
Recuerda Bernate que “en el año 2006 la senadora Gilma Jiménez eliminó todos los beneficios para los delitos contra menores y hoy en día las cifras han ido en aumento y no se ha dado el efecto contrario, que es lo que se pretende”.
Populismo punitivo
Para Antonio Sanguino, Senador por el Partido Verde, el proyecto de prisión perpetua para violadores de niños, similar a como ocurre con las propuestas de penas de muerte, corresponden a una visión de populismo penal que se fundamenta en la idea de que entre más severas sean las penas van a producir disminución de los delitos de esta naturaleza.
Es claro, dice el Senador, que los delitos sexuales contra menores “constituyen un crimen abominable y condenable desde todo punto de vista, pero la sociedad colombiana tiene que hacer un esfuerzo en distintas direcciones para proteger niños y niñas para disminuir y ojalá eliminar este tipo de conductas y delitos contra los menores, pero a mi juicio esta medida de la cadena perpetua no es la más indicada”.
Además, el país tiene suficientes penas y hay que hacer es un esfuerzo por proteger los niños no solo de los abusos sexuales, sino también de los problemas de desnutrición crónica como en La Guajira y el Chocó.
