Este jueves se realizó la audiencia pública citada por la Corte Constitucional sobre uso del glifosato en Colombia, como seguimiento a la sentencia de una tutela que evidenció los efectos del uso de ese herbicida para comunidades afrodescendientes e indígenas de Nóvita, Chocó.
El tema no es de poca monta ya que desde el Gobierno reclaman la fumigación con este químico para evitar el aumento de los cultivos de hoja de coca en el país.
Gobierno, algunos gobernadores, líderes sociales y hasta el expresidente Juan Manuel Santos participaron en la audiencia citada por el Alto Tribunal.
A favor:
El primero en intervenir en la audiencia fue el presidente Iván Duque, quien basó su exposición en las cifras de crecimiento “acelerado” de hectáreas sembradas con hoja de coca o marihuana.
Para el Mandatario, el aumento exponencial de los cultivos ilegales “amenaza el orden público y la seguridad de los colombianos. Enfrentar el narcotráfico implica la defensa de la paz”.
Según las cuentas de Duque, de 1999 a 2012, el país pasó de 180.000 hectáreas de cultivos ilícitos a menos de 60.000. Añadió que de ese año a la fecha el aumento anual es del 64%, lo que ha permitidos que grupos armados aumenten presencia en lugares del territorio nacional.
“Esta no es una discusión sobre un herbicida. Es sobre la amenaza y los riesgos del aumento de los cultivos ilícitos y lo que ello conlleva a la afectación de los derechos fundamentales de los colombianos”, indicó.
También intervino el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, quien reconoció que se está en mora de contarles a los colombianos las afectaciones ambientales que ha dejado la expansión de cultivos de ilícitos que también ha afectado a las zonas protegidas como los parques nacionales.
Lozano indicó que en 2017 la deforestación asociada a los cultivos fue del 24 %, lo que equivale a 137 hectáreas diarias de bosque natural colombiano fueron destruidos.
“Esta deforestación asociada a cultivos de coca ocasiona la pérdida de suelos, migración de fauna y flora lo que conlleva aumento de desastres por avalanchas sedimentos en los ríos”, dijo.
A su turno, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, insistió en que el aumento de los terrenos con sembradíos ilegales es lo que pone en riesgo los derechos de los colombianos y manifestó que el 69% de los departamentos nacionales tienen presencia de estos cultivos, siendo Nariño y Norte de Santander los que más hectáreas muestran.
“Colombia volvió a ser el mayor productor de coca del mundo y eso tiene una correlación directa con la criminalidad”, sostuvo el jefe de la cartera.
El funcionario dijo que entre las acciones que han tomado para enfrentar este fenómeno están el aumento de los grupos de erradicación - de 23 a 100 - , la expedición del decreto que prohíbe el porte de la dosis mínima y la decisión relacionada con el nuevo plan de las fuerzas militares y Policía para afectar la cadena de narcotráfico.
Por su parte, el fiscal Néstor Humberto Martínez enfatizó que una de las soluciones en fortalecer la inversión social en aquellas regiones que han mostrado la presencia de cultivos
“Colombia no es una sociedad viable con 200.000 hectáreas de coca. Los homicidios están creciendo a una tasa del 30% en territorios donde hay presencia de cultivos y en la Fiscalía hemos identificado que la autoría de estos crímenes está asociada a problemas de narcotráfico”, puntualizó el jefe del búnker.
En contra:
Durante la audiencia también se escucharon varias voces que advirtieron sobre las graves consecuencias del herbicida sobre la salud humana y los ecosistemas.
Una de las alertas vino por parte del gobernador de Nariño, Camilo Romero, quien aseguró que en su departamento, retomar la aspersión aérea con glifosato provocaría una “crisis humanitaria”.
“En el departamento de Nariño no estamos de acuerdo con la fumigación con glifosato. Sería desatar una crisis humanitaria. No se trata de un problema de criminalidad y narcotráfico sino de un problema social”, dijo Romero.
El Gobernador también se dirigió personalmente a dos de los magistrados nariñenses en la Corte, quienes hacen seguimiento a la sentencia de una tutela que evidenció los efectos del uso del glifosato para comunidades afrodescendientes e indígenas de Nóvita (Chocó) si se reanuda la aspersión aérea con el herbicida.
“A los dos Magistrados de nuestra región (Nariño), les digo que si el plan es solo utilizar glifosato, tendrían que derramar 3’800.000 litros en nuestro departamento. No estamos de acuerdo con esto”, señaló el Gobernador.
Además, Romero cuestionó que el Gobierno Nacional busque retomar la aspersión con glifosato pero descuide una “acción integral” con las comunidades para erradicar los cultivos ilícitos.
“No podemos caer en el falso dilema de la acción integral. No hay integralidad en la lucha contra el narcotráfico ¿dónde está la acción integral? Si en el Plan Nacional de Desarrollo todo está encaminado a la fumigación”, criticó.
Una posición similar sentó Víctor Darío Luna, presidente del Consejo Comunitario de Nóvita, Chocó, una comunidad afectada por los cultivos ilícitos.
“Yo quisiera que le preguntarán al Presidente, señores magistrados, por qué los habitantes de Nóvita cultivan coca. No es nuestra identidad; es porque el Estado nos ha abandonado”, dijo Luna.
Además, el líder social recordó las afectaciones del polémico herbicida. “Hay registros de las afectaciones a la salud de las personas, a los ríos, a las quebradas, a los animales. No es un secreto para nadie los efectos nocivos del glifosato para el país”, dijo Luna, quien pidió a la Corte mantener la sentencia que suspendió la aspersión aérea.
Una voz crítica en la audiencia fue también la del exministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien presentó estudios sobre las consecuencias dañinas del uso de este herbicida.
“Para el caso de Brasil, se estudia la afectación de la población infantil. El glifosato, al contaminar el agua, incrementa la mortalidad infantil. Para el caso de Colombia, a mayor número de áreas asperjadas, mayor número de consultas por enfermedades de piel y abortos espontáneos”, dijo Gaviria.
Por ello, pidió a la Corte y al Gobierno mantener un “principio de precaución”, para no vulnerar el derecho a la salud de los colombianos.
“Si la salud es un derecho fundamental, el Estado no puede vulnerarlo de manera deliberada. En el caso del glifosato debe revisarse el principio de precaución. Además debe aclararse, que una hectárea fumigada exitosamente cuesta aproximadamente USD 70.000, deben afectarse 30 hectáreas más y no se garantiza la no resiembra”, concluyó.
La sentencia
La tutela por la que fue convocada la audiencia, promovida por el personero de Nóvita (Chocó), busca que se amparen los derechos a la consulta previa, a la salud, a la identidad cultural y étnica y a la libre determinación de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
En su momento, el delegado del Ministerio Público sostenía que la aplicación de glifosato desde el aire no era una buena opción por las condiciones geográficas y climatológicas del Chocó, es decir por los vientos y las lluvias, el químico “va a parar a los cultivos lícitos de los agricultores, a las fuentes hídricas y a las zonas habitadas”.
La aspersión originó daños al hábitat de la región, al alimento de las familias indígenas y afrodescendientes que derivan su sustento de la agricultura y a los cuerpos de agua de los que se abastecen para sus cultivos, animales y, en ocasiones, para su propio abastecimiento.
Cuando se evidenciaron los problemas en la zona, el personero elevó la denuncia ante las autoridades, pero aseguró que las entidades “se han mostrado ajenas a las quejas, los daños ambientales, la problemática sanitaria y de salud”. Tras la negativa, muchas comunidades optaron el desplazamiento a fin de buscar una nueva forma de manutención.
¿En qué va el proceso?
En primera instancia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, mediante sentencia proferida el 15 de julio de 2013, negó por improcedente el amparo de los derechos fundamentales a la consulta previa, a la salud, al ambiente sano, integridad física, vida digna, a la identidad étnica y cultural y a la libre determinación.
Quien profirió la decisión dejó claro que no existía un nexo de causalidad entre las fumigaciones realizadas sobre las zonas supuestamente afectadas y la vulneración de los derechos fundamentales.
Tras la apelación, el fallo de segunda instancia también le fue adverso a los accionantes. En uno de sus apartes sostuvo que tampoco se habían recabado los elementos suficientes para soportar la existencia de un perjuicio irremediable con características de inminencia, urgencia y gravedad ni al menos la afectación directa de un derecho fundamental a una persona concreta.
La revisión llegó a manos de la Corte Constitucional y le correspondió a un magistrado que hoy día está en líos judiciales: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En condición de magistrado sustanciador ordenó varios procedimientos que incluyeron solicitudes de informes ambientales, etnográficos, de política antidrogas y, además, conceptos académicos a organizaciones europeas y a reconocidos expertos en la materia.
Uno de esos conceptos fue solicitado a Keith Solomon, profesor emérito de la facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guelph (Canadá), quien participará este jueves como ponente en el segundo eje de la audiencia que hablará sobre Las afectaciones del glifosato en el ambiente, naturaleza, fuentes de agua, vegetación y animales.
Cultivos ilícitos han aumentado
El tema del uso del glifosato no es de poca monta teniendo en cuenta que los cultivos van en aumento de acuerdo con el informe entregado esta semana a la ONU por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los tratados antidroga.
Viroj Sumyai, presidente de esa Junta, declaró que “nos preocupa el aumento del cultivo ilícito de arbusto de coca y de la fabricación ilícita de cocaína en Colombia”. Las cifras indican que el aumento de las hectáreas pasó de 48.000 en 2013 a 171.000 en 2017, lo que significa un aumento del 256 %.
Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca son los departamentos, de acuerdo con la JIFE, que más han mostrado incremento en la extensión de los cultivos. Este aumento tiene relación con el crecimiento de los homicidios en esas regiones que las autoridades atribuyen al enfrentamiento a bandas del narcotráfico por el control de las rutas, el manejo de los laboratorios y la custodia de los cultivos.
Cuando asumió la nueva cúpula militar, desde el Ministerio de Defensa se trazó una hoja de ruta y en un documento de 85 páginas se ratifica que “el acelerado crecimiento sin antecedentes de cultivos ilícitos, especialmente de coca, y la extracción ilícita de minerales sin control, otorgan a los GAO (grupos armados organizados) una fuente de financiación y de riqueza criminal que les ha permitido mantenerse y multiplicarse”.
En la página 67 de este derrotero se reconoce que la estrategia gubernamental ha sido “reactiva” por lo que es fundamental anticiparse a la expansión de los cultivos y corredores del narcotráfico (rutas) con el fin de “proteger las selvas, los recursos hídricos y la biodiversidad”. Es decir, en el mismo sentido de la sentencia de la Corte.
En ese mismo sentido, la política de defensa, que fue firmada por el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el consejero de seguridad, Rafael Guarín, advierte que el uso de avionetas para fumigar áreas donde haya cultivos debe cumplir lo establecido por el alto tribunal.
“La aspersión aérea de cultivos de coca es una herramienta que se empleará siempre y cuando se cumplan estrictamente los parámetros establecidos por la Corte Constitucional y considerando las diferentes restricciones en zonas como parques naturales, resguardos indígenas y demás áreas protegidas, también la extensión de los cultivos, su ubicación, la presencia de grupos armados ilegales en el territorio y la situación de seguridad”, advierte el documento.
Para el sector defensa la aspersión no debe hacerse para cumplir metas numéricas sino dentro de una política integral que esté acompañada de medidas que prevengan la extensión de esos cultivos a otros espacios geográficos, en particular a aquellas zonas ricas en recursos hídricos y biodiversidad.
La postura del Gobierno, con Duque a la cabeza, será escuchada en el primer bloque de la audiencia que contará con las intervenciones de las ministras de Justicia y del Interior, Gloria María Borrero y Nancy Patricia Gutiérrez, respectivamente. También se espera la participación de Guillermo Botero (Defensa), Ricardo Lozano (Ambiente) y Juan Pablo Uribe (Salud).
En la tarde estará el expresidente Juan Manuel Santos que hará parte del eje de seguridad y defensa, en calidad de Miembro de la Comisión Global de Política de Drogas. En este mismo panel estará su exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el director de la Policía Antinarcóticos, general Jorge Luis Ramírez.
