Cientos de funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga salieron a protestar por un pago que reciben desde 1958 y que hoy está en riesgo. ¿Qué pasó?
Publicado por: Danilo Cárdenas
Un grupo de funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga se concentraron ayer frente al Centro Administrativo Municipal (CAM) para defender una parte de sus ingresos que, según afirmaron, “está en riesgo”: la prima de servicios que reciben desde hace más de seis décadas. Un concepto reciente de la administración municipal concluyó que ese pago ya no se debe seguir realizando.
Los manifestantes fueron recibidos por el alcalde Cristian Portilla, quien, según los voceros sindicales, les aseguró que el no pago de esta ‘prima’ no está en firme. El mandatario reiteró que la decisión no proviene de su despacho y se comprometió a revisar este medida.
La ‘prima’ fue creada mediante el Acuerdo 016 de 1958 del Concejo de Bucaramanga. Según los trabajadores, es un pago adicional al sueldo: mientras la ley reconoce, en general, medio salario a mitad de año y uno completo al final, esta prestación les representa más, de modo que reciben media ‘prima’ a mitad de año y una y media al cierre. Lea: Funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga protestan este lunes
Cobija no solo a la planta central, sino también a los Bomberos de Bucaramanga, la Dirección de Tránsito, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, el Isabu, el Inderbu, la Personería, el Concejo y la Contraloría Municipal. En la protesta participaron organizaciones como Sintramunicipales, Sintradistritales, Sintrabomberos, Asdem, Acervit, Antep y Procurar País, además de empleados no sindicalizados.
¿Qué dice el concepto en el que se apoya la Alcaldía?
El origen del conflicto parte de un concepto de la Secretaría Jurídica del pasado 21 de mayo, firmado por la secretaria Paola Andrea Mateus Pachón, que concluyó que el Acuerdo 016 de 1958 ya no es aplicable.
“Esto no es porque la administración haya tomado la decisión de manera caprichosa o subjetiva de menoscabar los derechos de los trabajadores”, explicó Mateus Pachón, quien precisó que todo deviene de una demanda instaurada en 2017 y de la advertencia del Tribunal Administrativo de Santander sobre el decaimiento del acuerdo. Según dijo, el concepto no fue una orden general, sino una comunicación interna que Talento Humano pidió por precaución, “y ese documento se filtra”.
El Tribunal Administrativo de Santander negó la petición de anular el acuerdo. Luego, el 10 de abril de 2026, con ponencia de la magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez, le negó a la Alcaldía una solicitud para aclarar el fallo, que quedó en firme el 20 de abril. Nunca declaró ilegal el acuerdo, pero sí sostuvo que el Concejo de 1958 no tenía facultades para crear la ‘prima’, pues esa competencia era exclusiva del Congreso. Por eso, el concepto fijó una fecha de corte: solo debe pagarse lo causado hasta el 20 de abril de 2026.
¿En qué quedó la reunión?
“Consideramos que en primera instancia se pudo haber habilitado el camino de la conversación directa (con los funcionarios), porque siempre hemos estado abiertos”, señaló la secretaria jurídica. En la mesa, acompañada por la Personería, se acordó pedir que al concepto se le precise su alcance y consultar al Departamento Administrativo de la Función Pública y a otras instancias.
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“Vamos a construir de manera conjunta una decisión”, afirmó, aunque aclaró que “eso no significa que vayamos a trasladar la responsabilidad de tomar una decisión a manos de otra entidad”. Las partes se reunirán de nuevo el jueves en la tarde.
¿La ‘prima’ sigue vigente o no?
Para los trabajadores, sí: ningún juez declaró ilegal el acuerdo, así que el pago sigue en pie y ya es un derecho adquirido que la Constitución protege. El choque está en quién tiene la última palabra. Los sindicatos sostienen que un concepto jurídico es solo una opinión, no una orden, y que únicamente un juez puede decidir que el acuerdo dejó de tener efectos; advierten que, si la Alcaldía deja de pagar por su cuenta, estaría “haciéndose juez” e incluso hablan de un posible prevaricato.
La secretaria Jurídica, Paola Andrea Mateus Pachón, aseguró que “nosotros no somos jueces y eso está más que claro, porque estamos en la rama Ejecutiva, pero sí le corresponde a las administraciones tomar decisiones relacionadas con la aplicación de los actos administrativos”.
