Expertos advierten que detrás de cada menor armado hay un proceso de reclutamiento marcado por la pobreza, la violencia y el control de las bandas criminales. Esta es la radiografía de una problemática que crece y que hoy preocupa a las autoridades en Bucaramanga.
Publicado por: Katterine Dimas
Detrás del adolescente que dispara existe una historia que comenzó mucho antes de sostener un arma.
Carlos Osorio, analista del Observatorio de Paz de la Corporación Compromiso, advierte que el fenómeno del reclutamiento de menores para el sicariato en Bucaramanga y su área metropolitana no puede entenderse únicamente desde la óptica policial.
“La vinculación de estos menores a grupos armados organizados o grupos de criminalidad organizada no deja de ser, de alguna manera, reclutamiento y reclutamiento forzado”, explica el investigador.
Su análisis apunta a que los menores no aparecen de la nada en las estructuras criminales. Son buscados, identificados y captados precisamente porque representan el eslabón más vulnerable de la cadena social.
Los grupos delincuenciales recorren barrios marcados por la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades. Allí encuentran adolescentes que crecieron entre la violencia intrafamiliar, el abandono, la deserción escolar y la ausencia de figuras protectoras. Puede leer: Detalles del doble homicidio en Bucaramanga: uno de los sicarios es menor de edad
“Son menores de edad de barrios vulnerables o de escasos recursos o un poco más marginados”, resume Osorio.
Ni Santander ni Bucaramanga han sido ajenos al conflicto armado y al crimen organizado. Durante décadas, cientos de menores de edad han sido alcanzados por la violencia, tanto como víctimas como victimarios, siendo reclutados por grupos de crimen organizado y nuevos actores armados y delincuenciales.
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El recrudecimiento de las cifras en el departamento no ocurre de manera homogénea en sus diferentes territorios. En Bucaramanga y su área metropolitana, este fenómeno está relacionado con la disputa constante entre grupos de criminalidad organizada por el control del microtráfico. Además, la región tiene un valor estratégico porque funciona como un punto clave para almacenar drogas, proteger operaciones ilegales y abastecer el mercado local de consumo. A esto se suma su ubicación, que la convierte en un corredor fundamental para el transporte de todo tipo de mercancías hacia el interior del país.
En la escalada de la violencia que atraviesa el departamento, el sicariato se ha convertido en la principal expresión de la violencia criminal, impulsado por la confrontación entre grupos armados que operan en Santander. En los últimos años, esta modalidad de asesinato por encargo ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores desafíos para las autoridades. Lea también: Las pistas detrás del atentado en Bucaramanga contra empresario: menor aprehendido, tres capturados y la sombra de ‘Los del Sur’
Este delito consiste en que una persona es contratada para asesinar a otra a cambio de dinero. Precisamente esta sería uno de los principales ‘ganchos’ que emplean las bandas delincuenciales para reclutar menores.
Julio Acelas, director del Observatorio Ciudadano de Santander, explica que la vinculación de menores de edad a actividades delictivas no responde a una única causa, sino a una combinación de factores sociales y económicos. Según el experto, los líderes o cabecillas de grupos delincuenciales ofrecen incentivos económicos que superan los que pueden brindar la escuela, la familia o el entorno comunitario. A esto se suma la falta de políticas públicas dirigidas a los jóvenes, lo que facilita que muchos vean en las redes criminales una oportunidad de obtener ingresos.
“Hemos calculado en el observatorio que un menor de edad con una moto propia o alquilada puede ganar cerca de un millón de pesos durante un fin de semana festivo si está vinculado a redes de distribución de drogas u otras actividades delictivas. Le entrega una parte a su familia y se queda con el resto. No existe otra actividad que le genere ese ingreso. Por eso el delito se convirtió en una fuente de dinero y hay más incentivos para ingresar a esas bandas, especialmente por la ausencia de políticas públicas para los jóvenes”, aseguró Acelas.
La ciudad enfrenta una transformación de la violencia criminal. Ya no solo preocupa quién ordena un homicidio, sino quién termina ejecutándolo. Detrás del casco del motociclista, del rostro cubierto y del dedo que aprieta el gatillo, cada vez con mayor frecuencia aparece un adolescente cuya historia comenzó mucho antes del disparo.
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Dos casos que evidencian el problema en Bucaramanga
Probablemente, es un incentivo económico habría sido una de las presuntas motivaciones que habría tenido el adolescente que el pasado martes 9 de junio empuñó un arma de fuego para disparar, a plena luz del día, frente a decenas de testigos, en una calle del barrio Primero de Mayo, en Bucaramanga, contra Iván René Garzón Mantilla y su pareja, Martha Liliana Rueda Caballero. Las víctimas, habitantes en condición de calle, murieron en el lugar. Le sugerimos leer: Adolescente acusado de asesinar a un menor de 13 años en Bucaramanga fue aprehendido
Apenas dos semanas después, otro ataque volvió a encender las alarmas. Esta vez, el blanco fue el reconocido empresario santandereano, Joussef Charlie Najm Garzón, y su acompañante dentro de un establecimiento comercial. Según las autoridades, detrás del atentado estaría un menor de edad conocido con el alias de “Chuky”, presuntamente vinculado al Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los del Sur’. Durante los allanamientos fueron encontradas armas, estupefacientes, motocicletas y otros elementos que fortalecen la investigación.
De acuerdo con el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el adolescente ya había sido relacionado investigativamente con al menos tres casos de sicariato y otros hechos delictivos.
Las autoridades indicaron además que el menor haría parte de una red criminal dedicada a instrumentalizar adolescentes para la comisión de delitos, una práctica cada vez más frecuente entre estructuras delincuenciales que buscan evadir la acción de la justicia utilizando jóvenes como ejecutores de homicidios y ataques armados. La investigación también permitió la captura de tres personas que estarían relacionadas con el atentado.
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Los dos casos parecen aislados. Sin embargo, para quienes estudian la violencia urbana representan apenas la superficie de un problema mucho más profundo: el creciente reclutamiento de menores de edad por organizaciones criminales que hoy disputan el control de las rentas ilegales en Bucaramanga y su área metropolitana.
Detrás de estos crímenes suele haber un autor intelectual que ordena el homicidio, un sicario que lo ejecuta y una víctima, lo que dificulta la identificación de quienes realmente planearon el ataque. Aunque los motivos pueden variar, desde disputas entre organizaciones criminales hasta ajustes de cuentas o intimidaciones, todos tienen en común el pago por cometer el asesinato. No olvide leer: Al menos 51 menores fueron reclutados por grupos armados en Colombia durante 2026
Por esa razón, el sicariato es una herramienta utilizada por las estructuras criminales para sembrar miedo, eliminar rivales y mantener el control sobre determinados territorios o actividades ilegales. Su presencia es frecuente en zonas donde confluyen el narcotráfico, el lavado de activos, la delincuencia organizada y otros mercados ilícitos, factores que alimentan la violencia.
Lejos de ser un fenómeno aislado, el sicariato ha coexistido durante años con la vida cotidiana y se ha consolidado como una de las principales formas de criminalidad. Sus efectos van mucho más allá de las víctimas mortales, también generan temor entre la población, aumentan la percepción de inseguridad, afectan la estabilidad social y perpetúan un ciclo de violencia que resulta muy difícil de detener.
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Los jóvenes entre los 14 y los 29 años concentran la mayor participación en los hechos delictivos, tanto como víctimas como responsables de los delitos. De acuerdo con Julio Acelas la falta de oportunidades y de incentivos por parte del Estado hace que muchos terminen involucrándose en actividades criminales.
“Si usted revisa las cifras, la mayoría de las personas capturadas por cometer delitos y también de las víctimas tienen entre 14 y 29 años. No hay incentivos por parte del Estado y, por lo tanto, muchos jóvenes terminan buscando otras formas de desfogarse”, agrega el director del Observatorio Ciudadano de Santander.
El sicario no nace, primero es reclutado
Convertirse en sicario rara vez constituye el primer delito de estos jóvenes.
De acuerdo con el Observatorio de Paz, antes de llegar al homicidio muchos adolescentes ya han transitado por otras actividades criminales como hurtos, porte ilegal de armas o microtráfico. Entérese: Así fue el robo que terminó con un joven capturado y un menor aprehendido en Bucaramanga
“Las personas que generalmente terminan ejerciendo esta clase de labores dentro de las estructuras armadas tienden a ser personas con infancias bastante difíciles... no es la primera actividad criminal que llegan a ejercer”, sostiene el analista Carlos Osorio.
En otras palabras, las organizaciones criminales no improvisan. Primero acercan a los menores mediante pequeños encargos: vigilar esquinas, transportar paquetes, cobrar extorsiones o distribuir drogas. Solo después, cuando han demostrado obediencia y lealtad, escalan dentro de la estructura hasta convertirse en quienes ejecutan los asesinatos.
Ese proceso, según los expertos, replica el modelo de reclutamiento que durante décadas utilizaron grupos armados ilegales en zonas rurales y que ahora se trasladó a los barrios urbanos.
En general se trata de hombres jóvenes provenientes de clases socioeconómicas subalternizadas, con bajos niveles de educación (generalmente solo primaria completa) con historia de desajuste de las normas desde jóvenes, abuso o consumo de sustancias y generalmente con historial criminal en ascenso, con delitos como hurto, porte y tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, homicidio, hasta llegar al asesinato por encargo, configurándose para estas personas como una especie de “carrera criminal”.
La violencia que se alimenta de la pobreza
Para entender por qué un adolescente acepta convertirse en sicario, la respuesta no está únicamente en el dinero.
Osorio sostiene que detrás existe una combinación de factores estructurales y culturales.
“Estas manifestaciones, como el sicariato o el narcotráfico, son simplemente la punta del iceberg”, afirma el investigador, quien relaciona el fenómeno con la pobreza, la exclusión social, la narcocultura, la discriminación y la falta de oportunidades en determinados sectores de la ciudad.
Los menores utilizados por grupos armados y criminales suelen tener un origen común. El reclutamiento de menores ha estado impulsado por la desprotección de niños abandonados o marginados y por los vacíos legales en el sistema jurídico y penal colombiano con respecto a la responsabilidad de los menores
A ello se suman las amenazas, otro componente igual de preocupante.
Muchos adolescentes, incluso cuando desean abandonar las bandas, enfrentan presiones contra ellos o sus familias. En numerosos hogares, además, el núcleo familiar es reducido o inexistente, lo que facilita que las estructuras criminales ocupen ese espacio de protección, pertenencia e incluso sustento económico.
Endurecer las penas no resolverá el problema
Mientras la ciudadanía exige castigos más severos, el Observatorio de Paz considera que la solución no pasa únicamente por aumentar las condenas.
“Las investigaciones, la academia y la historia muestran que eso no funciona”, advierte Osorio. Según explica, muchos de estos jóvenes sienten que ya no tienen nada que perder. Su expectativa de vida es tan corta que la cárcel incluso puede representar una posibilidad de seguir con vida.
Por ello insiste en que la respuesta debe construirse desde la prevención, la educación, la recuperación de los entornos familiares y el fortalecimiento de la presencia estatal en los barrios donde las organizaciones criminales ejercen control territorial.
Las cifras muestran una tragedia silenciosa
Los datos nacionales ayudan a dimensionar el problema.
Un estudio realizado por Unicef y el ICBF, basado en 2.181 casos de niños, niñas y adolescentes reclutados entre 2013 y 2022, reveló que el 78 % había sufrido violencia dentro de su hogar antes de ser vinculado a grupos armados ilegales.
Además, el 69 % provenía de familias de bajos recursos o zonas rurales; la mayoría fue reclutada entre los 13 y los 14 años, y el 89 % vivía en territorios afectados por la confrontación armada. Antes de portar un fusil o una pistola, muchos comenzaron desempeñando labores como campaneros, transportando paquetes o trabajando para economías ilegales.
Aunque estas cifras corresponden al contexto nacional, reflejan patrones que hoy empiezan a observarse en Bucaramanga.
En la capital santandereana, la base de datos correspondiente a 2022 y 2023 confirma que esta tendencia persiste. En 2022 se registraron 646 adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y en 2023 la cifra ascendió a 776, un incremento cercano al 20 %. Los hombres representaron alrededor del 90 % de los casos en ambos años y los adolescentes de 17 años concentraron el mayor número de ingresos. Además, la receptación se consolidó como el delito más frecuente en 2023, seguida por las conductas relacionadas con estupefacientes y el hurto, mientras que también se reportaron casos por lesiones personales, violencia intrafamiliar, homicidio y delitos sexuales.
