El Congreso trabaja contrarreloj para sacar adelante una de las reformas clave del Gobierno antes del cierre de la legislatura.
Publicado por: Laura Juliana Flórez
Ayer 11 de junio comenzó en el Senado el último tramo de la discusión sobre la reforma laboral, con un balance de 17 artículos aprobados (el 22 % del proyecto), y todo apunta a que hay buen ambiente para que se cumpla el trámite completo en la plenaria de la cámara alta, pero con algunas diferencias frente a la propuesta del Gobierno Nacional.
Según explicó El Colombiano, en la sesión se espera que se estudien 300 proposiciones, incluyendo propuestas que presentan los senadores para modificar, adicionar o eliminar artículos dentro de del proyecto de ley.
En medio del contexto político, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que había total disposición por parte de las bancadas para avanzar con el proyecto.
“Hay voluntad de sacar adelante una reforma que beneficie tanto a los trabajadores formales como a quienes hoy no tienen garantías laborales”, expresó Cepeda, quien también afirmó que están listos para trabajar “día y noche” si es necesario para dejar el texto aprobado antes del 20 de junio, cuando termina la actual legislatura: Lea también: ¿Cuántos millones en remesas llegaron a Santander en el comienzo de 2025?
¿Qué cambia con la reforma laboral?
Error como casi siempre. Ya no hay texto del gobierno discutiéndose sobre el reforma laboral. Solo hay el texto aprobado por la.Cámara de Representantes, concertado por los.partidos mayoritarios y los gremios, ese texto lo apoya el gobierno. https://t.co/uquMAEadSe
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 12, 2025
La propuesta incluye varios ajustes que podrían transformar las condiciones laborales del país:
Recargos nocturnos: se aplicarán desde las 7:00 p.m. (hoy empiezan a las 9:00 p.m.).
Trabajo dominical y festivo: el pago extra pasaría del 75 % al 100 %.
Jornada laboral flexible: permitiría trabajar cuatro días seguidos por tres de descanso, con jornadas más largas y acuerdo entre las partes.
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Formalización laboral: busca integrar al empleo formal a personas como madres comunitarias, artistas, periodistas, deportistas y manipuladoras de alimentos del PAE.
Estudiantes de medicina: recibirán salario mínimo y estarán afiliados a salud y pensión durante su práctica profesional.
Apoyo a estudiantes del SENA: recibirán un pago más alto durante sus fases de formación y también estarán cubiertos por seguridad social.
Nuevas reglas de contratación: se privilegiará el contrato a término indefinido. Los contratos a término fijo no podrán pasar de cinco años y habrá mayor protección para grupos vulnerables como mujeres embarazadas, personas con discapacidad o trabajadores cerca de la jubilación.
¿Qué sigue? El factor Consulta Popular
Puedes engañar a la fiel militancia del Pacto que les cree lo que uds dicen. La reforma tiene muy pocas diferencias -legítimas- con lo aprobado en cámara.
— Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) June 12, 2025
El presidente de viva voz lo reconoció en la reunión de esta semana, pero mentir a quienes no tienen por qué leer 75… https://t.co/ZhpZ435fRT
La firma del decreto que convoca a una consulta popular ha encendido una fuerte controversia jurídica en Colombia. Varios sectores críticos del Gobierno sostienen que esta decisión podría tener implicaciones penales, al considerar que se tomó en contravía de la ley.
Para la senadora Angélica Lozano, el acto podría constituir un caso de prevaricato, es decir, cuando un funcionario público actúa de forma contraria a sus deberes legales. A su juicio, el delito se configura incluso si el Consejo de Estado decide anular el decreto más adelante.
Esta interpretación ha sido respaldada por reconocidos juristas, como el exmagistrado de la Corte Constitucional Antonio Lizarazo, el exfiscal general Alfonso Gómez Méndez y el penalista Yesid Reyes, quienes consideran que el Ejecutivo ha sobrepasado sus competencias.
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No todos están de acuerdo: el exfiscal Eduardo Montealegre, recientemente nombrado ministro de Justicia, ha defendido la legalidad del decreto y rechaza que se trate de un delito. Ante este panorama de posiciones encontradas, será la Corte Suprema de Justicia la encargada de analizar las demandas ya interpuestas y decidir si hay méritos para investigar a los funcionarios involucrados
Después de este último debate, el proyecto deberá pasar por la etapa de conciliación con la Cámara de Representantes. Todo debe resolverse antes del 20 de junio.Lea también: ¿Cuántos millones en remesas llegaron a Santander en el comienzo de 2025?
Si no se logra, el camino más probable será volver a presentar la iniciativa en la próxima legislatura o insistir en la consulta popular como alternativa.
*Con información El Colombiano
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