La vía Bucaramanga - Bogotá estuvo cerrada durante varias horas por un accidente en la entrada a San Gil. El siniestro recuerda la necesidad de la variante para sacar el tráfico pesado de ese municipio.
Publicado por: Redacción L R
En la mañana de este viernes, 19 de julio, la vía que comunica a Bucaramanga con Bogotá tuvo paso restringido a la altura del municipio de San Gil.
Un accidente de tránsito que involucró a varios vehículos, entre ellos dos tractomulas, dos vehículos tipo turbo y un autómovil, fue el motivo de la restricción.
Según informó el mayor Carlos Ernesto Vergara, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en Santander, durante horas de la mañana se habilitó el paso a un carril.
El siniestro generó el represamiento de cientos de vehículos que se desplazan por este corredor vial. Las largas filas de vehículos, en ambos sentidos, generaron el colapso en la movilidad de este trayecto de la carretera.
Según se conoció, el accidente fue ocasionado por la falla mecánica de un vehículo de carga e involucró a cinco automotores más. Uno de los conductores quedó atrapado en la cabina y fue necesaria la presencia de los Bomberos.
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De acuerdo con la comunidad, este múltiple choque, presentado a la altura del sitio conocido como ‘Monumento del Agua’, recordó la trascendencia que tiene la rápida entrega de las obras de la variante a San Gil.
Ese proyecto tiene como objetivo evitar que el tráfico pesado ingrese al municipio de San Gil. De acuerdo con estimaciones hechas por el Invías, la variante permitiría desviar 7.441 vehículos de este tipo. Además, reduciría los tiempos de desplazamiento por esta zona de la provincia guanentina.
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Lo que le falta al proyecto
El contrato de la variante de San Gil fue otorgado en 2018 y en agosto cumplirá seis años desde su firma. Ha tenido más de 10 modificaciones y una suspensión por el COVID-19. También ha presentado dificultades, al principio, con la licencia ambiental y, posteriormente, con la gestión de predios.
Para el proyecto se destinaron cerca de $172.900 millones. En abril de este año, el Invías concedió una nueva prórroga a este contrato por lo que se extiende el plazo hasta el 31 de julio de este año. Los trabajos han avanzado entre el kilómetro 0 y el 4,5 del proyecto de variante que tiene más de 9 kilómetros.
La preocupación por la realización de las obras del resto de la variante han llevado a que se planteen iniciativas para destrabar el proyecto. De acuerdo con el ingeniero Felix Jaimes Lasprilla, asesor del gobierno departamental y miembro de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, hay tres opciones para que continúe la ejecución de los cerca de 5 kilómetros que hacen falta construir.
Sobre la ejecución actual, el ingeniero Jaimes destacó que se han adelantado obras como el puente en el río Fonce (360 metros) y el viaducto Lajas (435 metros).
“Lo que se ha construido es lo más difícil. La pregunta es, ¿cómo hacemos lo que nos falta?”, cuestionó Jaimes Lasprilla.
Según estimaciones preliminares terminar el trayecto que hace falta de la variante San Gil costaría entre $120.000 y $150.000 millones.
Ante el futuro de la variante, el ingeniero Jaimes Lasprilla planteó tres escenarios para la ejecución de lo que falta del proyecto.
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La primera de ellas es que el Gobierno Nacional termine de financiar la obra. El segundo es que la obra se financie con el cobro por valorización. Mientras que el tercer escenario es la combinación de los dos anteriores: una parte mediante valorización y otra con dinero del Gobierno.
Para discutir los últimos dos escenarios se debería adelantar un estudio de prefactibilidad, según señaló el ingeniero Jaimes Lasprilla, quien aseveró que el Gobierno departamental tiene posibilidades de hacerlo. “El Gobierno departamental tiene la capacidad de hacerlo porque estamos haciendo el estudio de factibilidad para el Anillo Vial Metropolitano Externo”, dijo Jaimes Lasprilla.
Una vez se conozcan los estudios de prefactibilidad, que cuantifica y cualifica la inversión, se lleva a la Asamblea Departamental para que en esa corporación se discutan, y aprueben recursos para realizar los estudios de factibilidad.
