El proyecto con el que se pretendía arreglar la vía entre San Gil - Onzaga ha sido cuestionado por sus avances, calidad de obra y la entrega de la misma. Veeduría pide sanciones por las demoras y denuncia presuntas irregularidades. ¿Qué respondió la Gobernación?
Tener una mejor vía en el corredor San Gil - Onzaga se ha convertido en un ‘dolor de cabeza’ para las comunidades de esa zona.
En el contrato que está a cargo del Consorcio Conexiones Viales Santander, por un valor de $88.323 millones, hay denuncias de la “Veeduría Vía Onsamo” sobre presuntas irregularidades e inconsistencias en la presentación de dos facturas de cobro que, al sumarlas, superan los $7.127 millones. Puede interesarle: Inversión extranjera para bienes no minero energéticos creció en 2024
Este contrato tiene como fin la construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil – Onzaga – Santa Rosita; Transversal, San Gil – Mogotes – La Rosita y el corredor San Gil – Mogotes – San Joaquín – Onzaga. El convenio se extiende hasta febrero de 2028 y fue adjudicado por la gobernación de Mauricio Aguilar Hurtado.
Veedurías denuncian presuntas inconsistencias en los informes del consorcio y cuestionan el papel de la interventoría en este convenio.
La Gobernación de Santander anunció que este jueves, 27 de marzo, asistirán con representantes del Invias, contratistas, Interventoría, entre otros, para hacer seguimiento a las denuncias de la veeduría.
Las facturas cuestionadas son de noviembre de 2024 por $4.727 millones y la de diciembre por $2.394 millones. En el portal Secop II ambas facturas aparecen como rechazadas. No obstante, esos pagos ya se efectuaron según confirmó la Gobernación de Santander a este medio.
En un informe de la interventoría se evidencia que, a corte de 2024, el proyecto tiene un retraso cercano al 8 %. Lea también: Menos bebés en Santander: este es el preocupante panorama de nacimientos
En noviembre de ese año el atraso era mayor. Para la fecha, la interventoría ya había pedido la apertura del proceso sancionatorio ante la Gobernación de Santander, bajo el radicado “20240075422″.
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Esa situación de atraso no era nueva. En octubre de 2024, la interventoría resaltó que mientras el porcentaje de obra acumulada programada era de 38,40 %, el porcentaje ejecutado llegaba al 25,11 %.
Los cuestionamientos a las facturas
En un informe detallado, la veeduría advirtió las presuntas irregularidades sobre este contrato y el ‘visto bueno’ a estas facturas, que son el seguimiento a la ejecución de las obras.
“Durante la inspección se evidenciaron múltiples inconsistencias y posibles irregularidades en la validación y certificación de actividades, algunas de las cuales, según registros en bitácora y evidencia fotográfica, no fueron ejecutadas en su totalidad o no cumplen con los criterios técnicos y contractuales exigidos”, señala la veeduría en un informe.
En el caso del acta de noviembre de 2024, la veeduría denunció que en el punto PR26 no se realizó ninguna actividad durante ese mes.
No obstante, al revisar las memorias del acta de pago, se encontró que se aprobó y validó el ítem de ‘anclajes activos’, sin que la actividad estuviera efectivamente realizada.
Falta información del proceso
La otra factura revisada por veedores fue la número 14, que corresponde a diciembre de 2024.
En el análisis, se advierten nuevos problemas con los ‘anclajes activos’. Esa estructura fue certificada de manera global con una cantidad “de 1 unidad equivalente a 253 metros”, cuyo valor ascendería a los $134.222.825.
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El inconveniente es que no existe desglose de cada anclaje, ni la documentación técnica que respalde su correcta ejecución.
Para la veeduría, esta situación “contradice los planos de diseño y genera dudas sobre la correcta ejecución”. Puede interesarle: Bucaramanga ‘respirará’ café y elegirá la mejor taza de Santander
En esa cadena de presuntas irregularidades, denunciaron la falta de “documentación técnica y fotográfica” que dé cuenta del proceso completo.
Adicionalmente, los veedores mencionaron que hace falta la bitácora de obra para validar la ejecución diaria. De acuerdo a las denuncias, eso permitiría inferir una “posible certificación de cantidades sin una ejecución real comprobable en campo”
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Ante las presuntas irregularidades, la veeduría calificó como “gravísimas” esas actuaciones por posibles alteraciones fraudulentas de la información.
“Es inaceptable que los profesionales encargados de la supervisión y aval técnico hayan permitido la certificación y pago de actividades sin el soporte documental, fotográfico y técnico que garantice su correcta ejecución. La reiteración de estos hechos sugiere que no se trata de errores aislados, sino de un patrón de conducta que ha sido advertido en múltiples ocasiones”, dicta la veeduría en su informe.
Previo a la reunión y visita que se adelantará este jueves, la veeduría pidió sanciones por las demoras y que los recursos se ejecuten de manera transparente.
“Instamos a Invías, a la supervisión y a la Interventoría a que actúen con celeridad, responsabilidad y firmeza para corregir estas irregularidades y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro”, sintetizaron.
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¿Qué responde la Gobernación de Santander?
La secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander, Jessica Mendoza, se refirió a este contrato y los problemas que reportó la veeduría.
Frente a las posibles irregularidades de los ‘anclajes’, Mendoza respondió que esperan el resultado de la visita de este jueves para emitir algún pronunciamiento. Lea también: Zona Franca de Santander reportó un crecimiento en exportaciones e importaciones en el arranque del año
Además, ante el proceso sancionatorio contra el contratista, la secretaria advirtió que en abril se realizarán las visitas para seguir el curso de esa actuación.
“La última visita se hizo en diciembre y se procede a hacer la verificación en abril. En abril. De ahí se procede a hacer verificación para definir el atraso en el incumplimiento del plan de contingencia”, comentó Mendoza a Vanguardia.
Cabe mencionar que el plan de contingencia se presenta en una obra cuando ya se tiene atrasos. De la verificación programada se definirían posibles multas al contratista.
Sobre el otro sí que se firmó el 19 de diciembre de 2024 en el que se avalan cambios a la forma de pago del contrato, Mendoza explicó que ese cambio permite que los pagos ya no deban ser mensuales. Eso permite al contratista presentar las facturas cuando considere que debe cobrar y no necesariamente de manera mensual.
