El Consejo de Estado ratificó la nulidad en el cobro adicional por sistematizar algunos impuestos departamentales. Esto aliviaría el bolsillo de los santandereanos, pero pondría a la Gobernación a buscar recursos.
Esta semana se conoció una decisión clave para el bolsillo de los contribuyentes y el futuro del recaudo de impuestos que percibe la Gobernación de Santander.
El Consejo de Estado ratificó la decisión de anular el cobro adicional por sistematización en algunos de los impuestos departamentales, aprobado en 2005.
Aunque la decisión aún no se ejecuta, este fallo tiene un impacto en doble sentido. Por un lado, alivio para el bolsillo de los contribuyentes. Y por el otro, un ajuste en las cuentas de la Gobernación de Santander para cubrir este servicio de sistematización.
En ese sentido, el valor adicional que pagan los contribuyentes en el impuesto vehicular, estampillas, entre otros, por el servicio de sistematización, ya no se podría cobrar.
Por ejemplo, en el pago de un recibo de estampillas, cuyo valor suma $333.500, el contribuyente paga $33.500 adicionales —el 10 %— por el cobro de esa sistematización.
Actualmente, hay un contrato vigente hasta 2027 para cumplir con ese objetivo de sistematización del recaudo, avaluado en $66.929 millones.
¿Qué pasó con el cobro de sistematización?
En 2005 se promovió una ordenanza que autorizaba al gobernador de Santander de la época, Hugo Aguilar Naranjo, a crear un cobro adicional por el “servicio de sistematización y automatización de procesos y procedimientos en los impuestos de vehículos, registro y recaudo de rentas por estampillas departamentales”.
Tras el visto bueno de la Asamblea Departamental, el gobernador de entonces ordenó, vía decreto, ese cobro adicional en los impuestos para la sistematización.
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Ante esa situación, varios ciudadanos y figuras políticas interpusieron recursos para anular ese cobro.
Nicanor Moya Carrillo y Antonio Eresmid Sanguino Páez (actual ministro de Trabajo) fueron algunos de los que presentaron la demanda.
En la decisión reciente, el Consejo de Estado ratificó el fallo del Tribunal Administrativo de Santander y declaró la nulidad de dicho cobro.
Para el diputado Danovis Lozano esta es una victoria para el bolsillo de los santandereanos.
“Durante más de 20 años le estuvieron cobrando a la gente todo el proceso de sistematización del pago de los impuestos departamentales y estampillas. Eso no era justo. (...) Con esta sentencia, el Consejo de Estado deja en firme que le corresponde directamente a la Gobernación cubrir todos los gastos del sistema de facturación y no a la gente de a pie”, dijo el corporado.
De acuerdo con el informe de la Gobernación de Santander, con corte al 30 de junio de 2025, el impuesto vehicular representaba el 28,9 % de los ingresos tributarios del departamento, mientras que las estampillas aportaban el 23 %.
¿Qué implicaciones traerá para el presupuesto?
El pasado 8 de octubre, la Gobernación de Santander presentó su proyecto de presupuesto para el año entrante por $3 billones.
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Aunque la determinación del Consejo de Estado aún no se ha ejecutado, el presupuesto tendría que ajustarse, ya que la Administración Departamental deberá buscar una nueva fuente de financiación para cubrir los costos del servicio de sistematización. ¿La razón? La forma de pago contemplada en el contrato suscrito en 2022 establece que el pago se efectuará al mismo tiempo que el impuesto que pagan los contribuyentes.
“El pago al contratista será simultáneo con el impuesto, con cargo al contribuyente y pagado en el mismo recibo o formulario de pago del respectivo impuesto o gravamen, o en el formato de declaración del impuesto sobre vehículo”, señala este contrato, sustentado en la ordenanza 012 de 2005, que motivó la decisión del Consejo de Estado.
La otra opción para la Gobernación es presentar una propuesta de modificación al presupuesto del año entrante para cubrir ese monto.
Una vez el Consejo de Estado resuelva las aclaraciones solicitadas por la Gobernación de Santander, esta determinación dejaría sin efecto el cobro adicional.
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Para dimensionar este aspecto, es crucial entender las cifras de recaudo de esos impuestos en Santander. En 2024, el impuesto vehicular dejó $118.234 millones para las arcas del departamento, mientras que el impuesto de registro aportó $69.301 millones. Por su parte, las estampillas representaron $207.413 millones.
¿Qué advierte la Gobernación de Santander?
Consultada por esta redacción, la secretaria de Hacienda de la Gobernación de Santander, Diana Durán, expresó que de momento se evalúan los alcances de la determinación. Una de las dudas es cómo se garantizarán los recursos para mantener la sistematización de los impuestos.
Cabe recordar que la Administración Departamental pidió aclaraciones al Consejo de Estado sobre esta decisión, lo que podría generar que el fallo quede en firme en las próximas semanas.
Mediante un comunicado, la Gobernación aseguró que “todos los servicios de recaudo, atención al contribuyente, soporte y operación tecnológica funcionan con absoluta normalidad, sin ningún tipo de interrupción ni afectación en la continuidad del servicio”.
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Asimismo, la Administración Departamental señaló que dicha providencia aún no se encuentra en firme, por lo que no tiene efectos jurídicos inmediatos y el contrato vigente continúa en ejecución plena y legal.
“La Gobernación actuará con firmeza y rigor jurídico: solicitará la aclaración de la sentencia para precisar el alcance de sus órdenes y garantizar que todas las actuaciones se desarrollen conforme al marco legal, protegiendo el patrimonio público y la seguridad jurídica del departamento”, dijo el ente territorial.
