Gobernadores se oponen a la emergencia económica declarada por Petro

Los Gobernadores del país mostraron su descontento con el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro. Advierten golpe a las finanzas departamentales. El 19 de enero habrá reunión clave.

Publicado por:Luis Álvaro Rodríguez Barrera

Las regiones mostraron su descontento con el Gobierno de Gustavo Petro por el decreto de emergencia económica que establece nuevos impuestos.

Varias de las determinaciones del decreto 1474 de 2025 tienen un efecto directo sobre asuntos como el consumo de licores, cigarrillos, impuesto al patrimonio, juegos de azar en internet, compras al extranjero, entre otras determinaciones.

El Gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, mostró su oposición al decreto. En un mensaje difundido por la Gobernación, el departamento pidió la evaluación y presentación de acciones institucionales y la solicitud de un espacio ante la Corte Constitucional. Lo anterior, con el fin de exponer los efectos reales de estas medidas sobre los territorios y los derechos de los ciudadanos.

Previamente, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó públicamente que no aplicará el decreto de emergencia económica por cuenta de las afectaciones que generaría para los ingresos de su departamento.

“Vamos a inaplicar el decreto en el componente tributario de la emergencia económica por considerarlo inconstitucional”, dijo Rendón.

Tras el primer encuentro de la Federación Nacional de Departamentos, FND, los gobernadores del país mostraron su preocupación e inconformismo por las consecuencias que trae el decreto de emergencia económica que incrementa los impuestos sobre algunos productos como las bebidas alcohólicas.

El camino que tomarían algunos mandatarios es no aplicar las medidas tributarias del decreto hasta que exista un pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Ante ese panorama, el ministro de Interior, Armando Benedetti, criticó esa salida por parte de los gobernadores.

“Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional estén quién tiene esa función, y si ellos dicen que no se acata la ley usurpan las funciones de la Corte Constitucional”, dijo el ministro.

El principal argumento de los mandatarios regionales es que esa determinación afectará considerablemente el recaudo que reciben los departamentos por cuenta de las rentas por la venta de licores.

En esa línea, el golpe a las finanzas departamentales podría repercutir en el sector salud y educación, debido a que esos ingresos tienen una destinación específica para financiar dichos servicios.

Una de las principales medidas que traería impactos al bolsillo de los colombianos es el incremento en el IVA a las bebidas alcohólicas.

Con este decreto, el IVA para los licores, vinos, aperitivos y similares aumenta del 5 % al 19 %. Cabe recordar que se mantiene la cesión de 5 puntos porcentuales a los departamentos.

El aumento de ese impuesto generaría reducción en el consumo, lo que implicaría menores ingresos para los departamento.

Esta medida de incremento del IVA no tendrá repercusiones sobre la cerveza, según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas.

Cabe recordar que este decreto le permite al Gobierno medidas tributarias para lograr un recaudo de $11 billones para financiar una parte del presupuesto de 2026.

Desde la FND mostraron su descontento y aseguraron que esta determinación es un “asalto desde la centralización a las entidades territoriales y un raponazo a los recursos”.

Luego de la polémica, el Gobierno Nacional hizo una invitación a los Gobernadores del país para hablar sobre las medidas del decreto de emergencia económica.

La invitación fue hecha por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en la que aseguran que las medidas de emergencia económica no afectan negativamente las rentas territoriales.

Una de los mayores críticas por parte de los Gobernadores tiene que ver con el artículo 15 del decreto de emergencia económica.

En el parágrafo dos de ese punto, el Gobierno Petro le puso límites a los ingresos que pueden tener los departamentos por la tarifa del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos.

Ese punto señala que cada mes, los departamentos revisarán el recaudo por este impuesto y lo deberán comparar con el mismo mes de 2025. A esa operación le aplicarán el Índice de Precios al Consumidor, IPC, que cerró en 5,10 % en 2025.

Todo lo que supere esa operación deberá ser girado a la Nación.

En otras palabras, el Gobierno le pone ‘techo’ a los ingresos por este impuesto a las gobernaciones.

Para ejemplificar, si en enero de 2025 un departamento recibió $10.000 millones por este impuesto, en el mismo mes de 2026 el máximo que podría recibir es $10.510 millones. Lo que supere ese valor tendría que ser girado a la Nación.

“Los recursos adicionales así determinados deberán ser girados por los Departamentos a ordenes del Presupuesto General de la Nación dentro de los quince (15) primeros días hábiles del mes siguiente a aquel en el cual se haya efectuado el recaudo”, señala el decreto.

“Desde los departamentos defenderemos nuestros recursos y acudiremos a las instancias constitucionales necesarias para evitar que se siga debilitando a los territorios”, señaló la FND sobre esta medida.

En el caso de Santander, el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares es una de las principales fuentes del presupuesto. En 2024, el departamento recaudó $21.400 millones por esta línea.

Vanguardia consultó fuentes allegadas a la distribución de licores que advirtieron la gravedad del decreto para las finanzas de los departamentos.

Voces del sector como la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia advirtieron que las medidas decretadas por el Gobierno representarían una carga tributaria hasta de un 90 %.

Para ejemplificar, una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 ml que pagaba por impuestos un valor de $17.500 pasaría a pagar $33.000, lo cual representaría un incremento cercano al 50 % en el precio para el consumidor, de acuerdo con los cálculos de esa compañía.

Ese aumento en el precio de los licores por el impuesto, abriría la puerta al contrabando y la adulteración de bebidas.