Colombia creará una unidad especializada en la Fiscalía para combatir a la minería ilegal, una actividad que preocupa a las autoridades por la estrecha relación que mantiene con la financiación de grupos armados ilegales.
Publicado por: Medellín, EFE
"Está próxima a crearse en la Fiscalía la unidad especializada para investigar y judicializar los delitos mineros", anunció el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, al término de la Feria Internacional Colombia Minera, que se realizó en Medellín.
Un informe de la Procuraduría General de la Nación, divulgado el jueves, alertó de que en al menos 400 de los 1.103 municipios colombianos "abunda la minería ilegal", aunque no detalló si en todos los casos está relacionada con grupos armados.
El Alto Consejero para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, Francisco José Lloreda, explicó a Efe que "los grupos armados ilegales en la medida en que se les ha dificultado financiar sus operaciones y se ha reducido de una manera drástica los cultivos ilícitos están acudiendo a captar rentas donde las haya, entre ellas en la minería".
Por su parte, el ministro de Minas precisó que el Gobierno ha esperado para crear una nueva unidad en la Fiscalía hasta tener facultades especiales para la reforma de Estado, una ley que el Senado aprobó en marzo de este año.
En ese sentido, confió en tener listo un paquete de medidas para potenciar el sector minero a finales de este año, que incluyen la remodelación del ministerio y un nuevo código minero.
La nueva reglamentación
Una de las medidas que tomará el Gobierno Nacional es que los comercializadores solo podrán adquirir minerales de aquellas explotaciones que cuenten con un título minero "debidamente inscrito en el Registro Minero Nacional", indicó Noriega. De no ser así las autoridades podrán incautar el mineral.
Apuntó que también se prohibirán las dragas, mini-dragas y retroexcavadoras sin el título necesario.
"Tanto el decomiso como las actividades mineras ilícitas pueden ser suspendidas por el alcalde, la autoridad minera, las autoridades departamentales y las fuerzas militares o de policía", subrayó.
Consideró que así se podrá detener la actividad ilícita "de una manera más ágil y expedita" porque antes solo la autoridad minera tenía ese poder.
