Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, habló con Vanguardia sobre la discusión y tiempos del presupuesto para el 2025, la reforma tributaria, inflación y la incertidumbre en el país.

La discusión del presupuesto para 2025 y la ley de financiamiento, presentada por el Gobierno Nacional, han marcado la agenda económica del país en la última semana.
Luego de que las comisiones económicas del Congreso de la República aplazaron la discusión del presupuesto para este 17 de septiembre sin definir un monto, Vanguardia conversó con Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, quien explicó que esta situación es inédita y se refirió a los posibles escenarios para este debate.
Ante el monto presentado por el Gobierno, que asciende a los $523 billones, Mejía indicó que hay preocupación por la certidumbre de $26.6 billones, por lo que recomiendan sea ajustado a la baja.
Frente a la ley de financiamiento o reforma tributaria presentada por el Gobierno para recaudar cerca de $11,8 billones, Mejía la califica como inoportuna por el momento que vive el país, y definió que la economía nacional apenas está comenzando la senda de recuperación.
El economista, quien fungió como director del Departamento Nacional de Planeación entre 2017 y 2018, destacó que es necesaria una mayor ejecución presupuestal por parte del Gobierno Nacional en materia de inversión. Lea también: ¿Qué pasará con el monto del presupuesto para 2025? Para Minhacienda aún no hay decisión
Además, explicó los principales factores que incidieron en el aumento de la incertidumbre en la política económica durante el mes de agosto. Según los indicadores de Fedesarrollo, el mes pasado ese indicador se situó en 323, lo que equivale a un aumento de 74 puntos frente a julio de este año.
Preguntas y respuestas
Vanguardia: Frente al aplazamiento en la discusión del presupuesto, ¿cuáles son las claves en esta discusión y los tiempos?
La discusión de fondo, en este momento, tiene que ver con el monto del presupuesto que ha planteado el Gobierno Nacional para el 2025, de $523 billones. Ha generado inquietudes sobre su financiamiento y tiene que ver con dos factores que hemos identificado desde Fedesarrollo.
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El primero son los $12 billones adicionales que vendrían con la ley de financiamiento que acaba de radicar el Gobierno Nacional. Una ley de financiamiento o reforma tributaria que no luce conveniente en un año en donde la economía está hasta ahora iniciando su fase de recuperación.
Por otro lado, hay $14.6 billones adicionales que el Gobierno ha incorporado como recursos tributarios que llegarían por encima de lo que se había planteado en el mes de julio para el 2025. En el detalle del análisis de ese presupuesto no hay una fuente de certeza sobre la posibilidad de conseguir esos recursos.
Eso da entonces la suma de $26.6 billones de recursos que son difíciles o con incertidumbre frente a su consecución.
Por eso, le hemos sugerido al Gobierno y al Congreso de la República que el monto del presupuesto sea ajustado a la baja. ¿Para qué? Para evitar repetir lo que ocurrió justamente este año, en donde a pesar de las alertas que se enviaron frente a los riesgos en el financiamiento del presupuesto del 2024, no se tomaron acciones y el resultado es que el ministro (Ricardo Bonilla) tuvo que anunciar un recorte para el presupuesto este año. Puede interesarle: ¿Recorte de $20 billones será suficiente? Expertos se refieren a la decisión de Minhacienda
Buenas noches. Durante mi intervención en la Comisión IV del @SenadoGovCo, expliqué la incertidumbre relacionada con las fuentes de financiamiento del presupuesto 2025. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de considerar un recorte de $26,6 billones en el presupuesto. https://t.co/UUxTZNtHPI
— Luis Fernando Mejía (@LuisFerMejia) September 4, 2024
Vanguardia: Ante ese panorama, algunos plantean recortar los gastos de funcionamiento que han venido creciendo, ¿en qué sector considera deben darse ese recorte?
En el contexto de la economía colombiana que está iniciando su fase de recuperación es importante fortalecer el presupuesto de inversión. En ese sentido, lo que se debería hacer como estrategia fiscal, en el contexto de un presupuesto que ratificamos debe ser recortado, es proteger el gasto en inversión y recortar el gasto en funcionamiento.
Por ejemplo, desde el punto de vista de las órdenes de prestación de servicio (OPS) o contratistas del gobierno nacional que han tenido un aumento importante. El gasto de viáticos, también priorizar las reuniones virtuales. Hay elementos de austeridad y eficiencia que se deben revisar.
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En fin, hay una gran cantidad de cosas que se pueden implementar desde el punto de vista eficiencia que podrían ir en la dirección correcta de tener un presupuesto más consecuente con la capacidad de recaudar impuestos por parte del Gobierno.
Vanguardia: ¿Qué pasaría entonces si el Congreso no logra ponerse de acuerdo con este monto y hasta cuándo realmente sería el límite?
La Constitución y la ley plantean unos tiempos límites para la discusión de la Ley de Presupuesto General de la Nación.
El primer límite es el 15 de septiembre para discutir el tamaño o monto del presupuesto. Luego hay otra fecha que es el 25 de septiembre para tener la primera ponencia de la ley de presupuesto.
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Finalmente, el Congreso tiene tres meses desde el inicio de la legislatura para poder aprobar el presupuesto, eso quiere decir que la fecha límite es el 20 de octubre.
Si el Congreso no aprueba o expide la ley de presupuesto antes de esa fecha límite, el Gobierno podría, a partir del día siguiente, decretar a través de un acto administrativo el presupuesto para el próximo año.
Sin embargo, eso también genera un inconveniente para el Gobierno porque si bien podría decretar el presupuesto no podría decretar la Ley de Financiamiento. Eso obligaría a recortar el monto del presupuesto en al menos $12 billones.
Hay otro camino que podría ocurrir porque estamos en una situación inédita: que el Congreso expida la ley de presupuesto antes del 20 de octubre, pero que en una eventual revisión de la Corte Constitucional se pueda declarar inexequible por no haber cumplido estrictamente con los tiempos de aprobación. En particular, con el tiempo de aprobación del monto.
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En ese caso, si la Corte declara inexequible la ley de presupuesto entraría a regir no el que presenta el Gobierno, sino el que está vigente para este 2024 ($503 billones). Es decir, el que se aprobó en octubre del año anterior.
En cualquier caso estamos en una situación difícil y por eso la recomendación ha sido un diálogo entre el Gobierno y el Congreso para poder resolver este impasse, desde el punto de vista de la aprobación y el monto del presupuesto. Puede interesarle: Para aumentar la formalidad hay que simplificar requisitos, reducir costos y apoyar con créditos: Mincomercio
Vanguardia: Sobre la tributaria o ley de financiamiento. Desde Fedesarrollo hablan de la inconveniencia porque la economía se está recuperando. Pero una de las medidas que califican como positiva es la eliminación del régimen simple, ¿por qué?
El régimen simple parte de una intención muy positiva que es fomentar la formalización especialmente de los pequeños empresarios y facilitarles el pago de impuestos.
El régimen simple unifica ciertos pagos de impuestos a nivel nacional generando la posibilidad eventual de incentivar esos mecanismos de formalización. Pero, las políticas públicas no hay que juzgar las buenas intenciones sino por los resultados: creo que el dato que ha puesto sobre la mesa el gobierno nacional es demoledor en el sentido de que los resultados del régimen simple no han sido los esperados.
Según el Gobierno, el 66 % de los declarantes que están en el régimen simple en el último año provienen del régimen ordinario.
Es decir, son empresas o personas estaban en el régimen ordinario y que por disminuir su carga tributaria se pasan al régimen simple, para hacer un arbitraje en materia fiscal.
Buenas noches. Comparto un análisis preliminar del proyecto de ley de financiamiento. Continuaremos profundizando el estudio del proyecto en los próximos días. pic.twitter.com/e67m7lglQ8
— Luis Fernando Mejía (@LuisFerMejia) September 11, 2024
Entonces, que dos terceras partes de los declarantes no vengan de la informalidad, sino del régimen ordinario (ya eran formales), indica que este régimen simple no funcionó y al contrario lo que está haciendo es drenar el recaudo tributario que se podría hacer a través del régimen ordinario tradicional.
Vanguardia: Frente a los resultados de la inflación en los últimos meses y esa caída, ¿cómo interpreta los resultados y cómo cree que terminará el año?
Es muy positivo porque continúa esa tendencia de reducción de la inflación que arrancó desde marzo del año pasado. Estábamos en niveles por encima del 13 % y, prácticamente, de forma consecutiva hemos venido viendo reducciones en la tasa de inflación. Ya hay niveles ligeramente por encima del 6 %.
Es una noticia favorable por el espacio que le da al Banco de la República para reducir su tasa de intervención. Esa buena noticia del mes de agosto será muy importante para que la junta continúe acelerando el ritmo de reducción de tasas. Los ajustes a la baja han sido de 50 puntos básicos. Es posible que en la próxima reunión tengamos una reducción de 75 puntos básicos.
Nuestra expectativa es que en diciembre la inflación cierre alrededor del 5,5 %, todavía por encima del rango de la meta del Banco de la República, que está entre el 2 % y 4 %. Pero, indudablemente, es una buena noticia porque la inflación está convergiendo lentamente a lo que pretende el Banco de la República, y eso es un alivio al bolsillo de los hogares del país.

Vanguardia: Usted subrayaba el término de “ejecución” para la reactivación, ¿por qué es importante?
Cuando se observa cuál fue la ejecución promedio de presupuesto de inversión, con corte a julio de este año, estamos hablando de una ejecución del 28 %, cuando el promedio histórico ha sido del 34 %. Es decir, hay una brecha de seis puntos porcentuales.
En ese sentido, si el Gobierno pretende aumentar la carga de tributación en los hogares y empresas, antes de proponer un aumento en esa tributación, debe garantizar que el presupuesto que ya está aprobado y que debe ejecutarse este año se haga de manera eficiente y rápida, y ese no es el caso como lo muestran estas cifras.
En vez de enfocar la estrategia fiscal en un aumento importante de presupuesto total, lo mejor es garantizar que ese presupuesto aprobado para 2024 y el que eventualmente se apruebe para el siguiente, se pueda ejecutar de una forma oportuna.
Entre otros factores, el presupuesto de inversión puede ayudar a la reactivación económica, pero si no se ejecuta de manera rápida los efectos van a ser menores en el tiempo.
Vanguardia: El Índice de Incertidumbre de la Política Económica en Colombia que ustedes actualizaron para el mes de agosto mostró un crecimiento y las señales actuales no son las mejores, ¿qué pasó y cuáles podrían ser esos primeros pasos para alimentar y mejorar la confianza y la certidumbre?
El Índice de Incertidumbre de la Política Económica en Colombia tuvo en agosto un aumento importante, lo que quiere decir que hay una mayor incertidumbre en la política económica.
En agosto, ocurrieron varias discusiones que naturalmente agregan ruido frente a la percepción de los agentes y la economía desde el punto de vista de las acciones del Gobierno Nacional.
Mencionaría, entre ellos, la discusión del presupuesto que viene desde el pasado mes, la discusión de las inversiones forzosas que tanto ruido generó y que al final se pudo resolver de una manera muy razonable. Y, de manera más importante, la discusión de una nueva reforma tributaria.
Cada vez que los agentes de la economía, los hogares y las empresas escuchan la palabra ‘tributaria’, naturalmente eso genera incertidumbre sobre la capacidad de gasto y de inversión de la economía en el corto y mediano plazo. Esos son los factores que explican el aumento de la incertidumbre.
Por eso uno de los mensajes claves es la importancia de dar esas certidumbres y claridad en las reglas de juego para que el sector privado haga su tarea: pueda invertir, generar empleo y aumentar la inversión, que ha sido el lunar más importante en las cifras macro en los últimos dos años.
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