Los cambios en el programa de subsidios han dejado a más de 60.000 hogares atrapados entre arriendos y créditos hipotecarios. Muchos ya firmaron escrituras, pero aún no pueden habitar sus casas.
Publicado por: Redacción Economía
Lo que debía ser una ayuda para cumplir el sueño de tener casa propia, se ha convertido en una pesadilla para miles de familias en Colombia. Lea también: Colombia y República Dominicana estrechan lazos para impulsar el comercio y la inversión
El programa estatal Mi Casa Ya, diseñado para facilitar el acceso a vivienda social, atraviesa una crisis operativa y financiera que ha puesto en jaque a quienes confiaron en sus beneficios.
Aunque el programa fue reformado en 2022 con la promesa de mejorar la focalización y entregar subsidios más justos, lo cierto es que hay muchas personas que viven en incertidumbre: han firmado escrituras, tienen créditos aprobados y hasta han pagado sus cuotas iniciales, pero aún no reciben los recursos del subsidio.
Sin esa ayuda estatal, los beneficiarios no han podido recibir las viviendas.
Dos pagos y ninguna casa: un proceso lleno de obstáculos
La situación ha provocado un efecto devastador: algunas familias están obligadas a pagar el arriendo de sus actuales viviendas y, al mismo tiempo, asumir cuotas hipotecarias de casas que aún no pueden habitar.
Un gasto doble que, en muchos casos, está agotando sus finanzas y su salud emocional. Lea también: Tras el fin de la conmoción en el Catatumbo, el Gobierno lanza plan para transformar la economía rural
Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), más de 60.000 hogares están atrapados en esta situación. De ellos, al menos 14.700 tenían subsidios asignados, pero no podrán acceder a la cobertura de crédito, lo que aumentará sus cuotas mensuales hasta en un 30%.
Otros 44.000 aún figuran como “interesado-cumple”, sin certeza de si recibirán o no el subsidio.
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Para acceder al programa Mi Casa Ya, las familias deben atravesar varias etapas: desde la postulación y validación de requisitos hasta la asignación del subsidio y el desembolso del crédito.
Sin embargo, los cambios introducidos por el Gobierno han generado retrasos en estas etapas, frenando incluso los procesos más avanzados.
Las constructoras, por su parte, no pueden entregar los inmuebles si no se completa el cierre financiero, que depende del giro del subsidio. Como resultado, muchas viviendas están listas para ser habitadas, pero siguen vacías.
El costo de renunciar al sueño: el Gobierno guarda silencio
El drama no termina ahí. Quienes, cansados de esperar, deciden desistir del proceso enfrentan duras penalidades económicas: podrían perder hasta el 90% de los ahorros consignados a las fiduciarias. Lea también: Dólar retrocede $21 este 12 de mayo después de la tregua parcial entre China y EE.UU.
En valores actuales, esto representa alrededor de $57 millones por familia. En Bucaramanga, una mujer que prefirió el anonimato relata que paga una cuota de crédito de $1.600.000. Firmó escrituras en noviembre, pero desde enero no puede cubrir todos sus gastos. “Sin subsidio, no tengo como pagar el resto. El programa simplemente desapareció”, denuncia.
Pese a las múltiples solicitudes de información, tanto de medios de comunicación como de gremios como Camacol, el Ministerio de Vivienda no ha dado respuestas claras sobre el futuro del programa ni sobre los hogares afectados.
Este vacío institucional ha hecho que muchas personas pierdan la confianza no solo en Mi Casa Ya, sino en las promesas estatales.
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La falta de una ruta clara de solución no solo pone en riesgo el patrimonio de miles de familias, sino que también afecta al sector de la construcción, que depende de estos subsidios para cerrar negocios y seguir construyendo.
Lo que comenzó como un sueño apoyado por el Estado, hoy se ha transformado en un limbo financiero y emocional. Los afectados no solo temen perder su dinero, sino también algo aún más valioso: la esperanza de tener un hogar propio.
