El Gobierno implementó un impuesto temporal a la riqueza para grandes empresas en 2026. Entienda qué implicaciones fiscales y jurídicas tiene esta medida.
Publicado por: Redacción Economía
El Gobierno nacional creó un impuesto al patrimonio de carácter temporal dirigido a empresas, con la declaración de una nueva emergencia económica, social y ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, César, Magdalena y Chocó
¿Qué es el Impuesto a la Riqueza 2026 y a quiénes obliga?
El Impuesto a la Riqueza (o al Patrimonio) en Colombia para 2026 es un tributo nacional temporal creado mediante el Decreto 0173 de 2026 para financiar la emergencia económica por fenómenos climáticos.
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Esta medida aplica para las personas jurídicas que al 1° de marzo de 2026 superan los 200.000 UVT en patrimonios líquidos, una cifra que equivale a varios miles de millones de pesos colombianos.
El Gobierno implementó esta medida en el marco de una emergencia económica, social y ecológica, con la intención de financiar la atención de la crisis actual del país. Además: Impactos económicos del impuesto al patrimonio en personas jurídicas
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No obstante, la iniciativa abre un debate técnico y jurídico sobre su verdadero alcance y las repercusiones para el sector empresarial. Sara Valbuena, abogada tributarista y directora Legal de Ventus Consultores, explicó que el análisis para las compañías no debe limitarse únicamente a la liquidación del impuesto.
Las empresas deben poner el foco en los riesgos que derivan de su interpretación y en las decisiones estratégicas que tomarán en este escenario regulatorio tan particular. Otras noticias: Impactos económicos del impuesto al patrimonio en personas jurídicas
Valbuena señaló que, más allá del impacto financiero inmediato, el principal riesgo jurídico radica en que un impuesto concebido como temporal permanezca vigente durante un tiempo prolongado.
“En Colombia ya ha ocurrido que tributos creados bajo criterios de transitoriedad han permanecido vigentes por más de una década, lo que tensiona principios como la confianza legítima y la estabilidad jurídica”, dijo Valbuena. Esto significa que las empresas, que esperan reglas claras y estables para planificar sus inversiones, podrían ver un cambio en esas condiciones, afectando su planificación a largo plazo.
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¿Qué desafíos plantea este impuesto a las grandes empresas?
Dado que las compañías deben pagar este impuesto de inmediato, el cálculo preciso de la base sobre la cual se pagará el tributo se convierte en un punto crítico. Otras noticias: ¿Se puede caer el impuesto al patrimonio de las empresas que fue decretado por Petro?
El decreto establece reglas específicas para esta depuración, incluyendo la exclusión del valor patrimonial neto de acciones o participaciones en sociedades nacionales, así como un tratamiento especial para vehículos sin personería jurídica y exclusiones puntuales para activos como reservas técnicas de Fogafin.
Una aplicación incorrecta de estas reglas podría derivar en revisiones de la autoridad tributaria, posibles multas por inexactitud y el cobro de intereses adicionales para las empresas.
El decreto también incorpora una cláusula especial para las divisiones de empresas (escisiones) realizadas desde su entrada en vigencia hasta el 1° de marzo de 2026.
