La primera mujer en asumir la presidencia de la ANDI en sus 80 años de historia, Luz Stella Murgas, habló con Vanguardia sobre los desafíos que enfrenta el sector empresarial, la necesidad de recuperar la confianza inversionista y los debates económicos que marcarán la agenda del país, entre ellos la Ley de Rescate Económico, el salario mínimo y el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

En medio de un panorama de desafíos económicos para el país, y debates centrales como la ley de Rescate Económico, la necesidad de confianza inversionista y la incertidumbre por el futuro fiscal del país, asume la dirección de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Luz Stella Murgas.
Murgas se convierte en la primera mujer en dirigir esta organización gremial en 80 años de historia de la Andi, y tiene el gran reto de fortalecer la participación en las decisiones que marcan el rumbo económico de los próximos años.
Vanguardia conversó con la nueva presidenta sobre los desafíos que asume, los grandes debates que se avecinan y los retos que afronta el país en temas económicos.

La dirigente gremial expuso los principales retos que enfrenta el sector empresarial para mejorar su competitividad, convencida que los empresarios son fundamentales en la construcción del país, no solamente por su contribución a la economía y el empleo, sino también por su capacidad de transformar la territorio, generar oportunidades y aportar soluciones a los grandes desafíos nacionales.
¿Cuáles son los principales retos que asume en la presidencia de la ANDI?
L.M.: Colombia necesita un sector empresarial que siga siendo relevante en las soluciones que el país reclama y que su capacidad de generar desarrollo se traduzca en el bienestar para los colombianos.
Hay unos temas coyunturales, como la Ley de Rescate Económico y la mesa de concertación del salario mínimo. Una conversación muy importante es la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta de los próximos cuatro años.
Además, en el mediano y largo plazo hay dos temas fundamentales adicionales. Por un lado, la competitividad del sector productivo, que hay que mejorar y proteger, porque el sector productivo trae inversión y la inversión es la que trae crecimiento económico.
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¿Cuáles son los retos que afronta el sector productivo para mejorar la competitividad?
L.M.: Hay varios aspectos que hoy están afectando la competitividad. El primero es el acceso a energía confiable, segura y a precios eficientes.
Colombia está enfrentando un déficit de gas natural firme y, además, de cara al fenómeno de El Niño y al crecimiento de la demanda de energía eléctrica, se avecina también la posibilidad de no contar con energía eléctrica suficiente.
Entonces, es un aspecto fundamental porque ha incrementado los costos de producción, en la medida en que, en el caso del gas, nos ha tocado sujetarnos a los precios del mercado internacional para garantizar el suministro y evitar un racionamiento.
Lo segundo es la seguridad jurídica. Estamos en un proceso de Ley de Rescate, que es un ajuste necesario para el país. Si miramos hacia atrás, hemos tenido, en promedio, una reforma tributaria cada dos años. Colombia necesita reglas estables, predecibles, claras, pero también de largo plazo. Eso está impactando la competitividad.
Lo tercero es la seguridad física y, como cuarta medida, la regulación, que no está yendo al ritmo en que van los mercados. Esos cuatro temas, aparte de los tributarios, son puntos neurálgicos que inciden en la competitividad del sector productivo y en los que Colombia debe empezar a trabajar rápidamente.
A propósito de la Ley de Rescate, ¿cómo puede generar condiciones para que Colombia vuelva a ser un destino atractivo para la inversión?
L.M.: Hay un capítulo muy importante en la propuesta de Ley de Rescate, que es el RUGE, un régimen excepcional que tiene estímulos económicos, estabilidad jurídica y unos procesos de articulación institucional para poder atraer inversión, porque la única manera como logramos el crecimiento económico y la meta que nos hemos trazado para crecer es con inversión.
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Ese capítulo de la Ley de Rescate busca resolver estos problemas que mencioné inicialmente, en cuanto a otorgar estabilidad jurídica a proyectos que son intensivos en capital y a nuevas inversiones que hoy se están yendo para Argentina, Brasil, Guyana, México y seguramente también para Venezuela.
También tiene unos estímulos económicos y yo creo que eso es un paquete que puede ayudar no solamente a pensar en cómo resolvemos el problema de caja y de finanzas públicas de corto plazo, sino también a garantizar, en el mediano y largo plazo, una sostenibilidad fiscal para Colombia.
¿Cómo va a participar la ANDI en esos debates del salario mínimo, la Ley de Rescate y el PND?
L.M.: Hay un consenso nacional en torno a que Colombia enfrenta un desafío fiscal. En eso no hay discrepancia. También hay un consenso nacional en torno a que el recorte del gasto público no es suficiente para poder afrontar los indicadores del déficit fiscal.
Entonces, desde mi perspectiva, la discusión sobre la Ley de Rescate Económico debe partir de ese equilibrio entre conseguir los recursos que necesita el Estado sin comprometer la capacidad de crecimiento y protegiendo el bolsillo de los colombianos.
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Esos son los tres ejes fundamentales y todavía hay un espacio para construir propuestas dentro del trámite que se está adelantando en el Congreso, encontrar un punto medio entre los distintos actores y, naturalmente, cualquier posición gremial y de la ANDI va a ser el resultado de un trabajo que ya estamos haciendo de manera muy rigurosa.
Lo comenzamos a hacer desde el momento uno de mi elección, a partir no solo de la medición de impactos, sino también siendo conscientes de las necesidades que tiene el país en términos de caja y de cómo también podemos ser propositivos y constructivos.
¿Qué criterios deberían orientar la discusión del salario mínimo para lograr mejores ingresos sin afectar la generación de empleo formal?
L.M.: La discusión debe tener como eje central la conversación en torno a evitar la informalidad, proteger la fuente de empleabilidad, pero también reconocer que los trabajadores necesitan tener mejores ingresos.
Entonces, de cara a esa decisión salarial de los próximos días, yo creo que Colombia necesita una reflexión técnica, prudente y responsable. Los mejores salarios y una mayor competitividad deben ser parte de una misma solución; no son objetivos para competir entre sí.
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El debate no puede limitarse solo a cuánto sube el salario, sino a cómo logramos que los ingresos crezcan sin comprometer las oportunidades de empleo de los colombianos. Recordemos que vienen también muchos jóvenes buscando oportunidades.
Hay unos criterios técnicos establecidos en la ley, asociados a la productividad, la inflación, la tasa de crecimiento y el producto interno bruto, que servirán de base para tener una conversación muy constructiva.
Hay que escuchar a todas las partes, no solamente a los empresarios, los empleadores y los gremios, sino también a los trabajadores, los sindicatos, los pensionados y el Gobierno nacional, que participa en esa mesa de concertación tripartita con cinco entidades que tienen mucha incidencia en estos temas.
Entonces, hay que escuchar a todos los actores involucrados para tener una conversación muy técnica y responsable sobre ese tema.
Finalmente, ¿cuál es el escenario que enfrenta hoy el país ante las importaciones y el abastecimiento de gas?
L.M.: Gracias a las alertas que hicimos respecto del déficit del gas nacional, se tomaron decisiones de inversión para poder poner en operación dos plantas nuevas que nos permiten sumar una cantidad importante de gas importado para cubrir ese déficit y atender toda la demanda regular de Colombia. Esto, de cara al fenómeno de El Niño, permitirá contar con gas disponible que garantice la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica.
Una de esas plantas entraría a operar a finales del mes de noviembre en el Pacífico, en el puerto de Buenaventura, con un equivalente al 9 % de la demanda total del país. Una segunda planta, cuyo cronograma está establecido para que entre en operación en febrero del próximo año en Cartagena, es de mayor escala y podría inicialmente aportar el 12,6 % de la demanda total del país, pero tiene una capacidad para llegar hasta el 50 %.
Así las cosas, ante la dificultad en la que nos encontramos, el mercado, los diferentes agentes y los diferentes actores reaccionaron para poder contar con estas soluciones en el momento más crítico de la sequía que se avecina.
Sin embargo, seguimos enfrentando una dependencia del mercado internacional. Hoy en día estamos importando alrededor del 41 % del gas que consumimos y, dado que el estrecho de Ormuz está cerrado y eso genera una restricción en la oferta global de gas, pues esta situación está afectando los precios, entre otras razones, porque Colombia está comprando en el corto plazo el gas que está consumiendo. Eso nos somete a tener que pagar los precios que pagarían Europa o Asia por el gas que se produce en Estados Unidos o en el Caribe.
Se prevé que estas dos plantas abastezcan al país con gas natural licuado importado durante cinco y siete años, respectivamente. Esa es una muy buena señal de largo plazo. También es necesario habilitar todas las fuentes, tanto de gas local, desarrollando el potencial que hay en Colombia y acelerando la producción de ese gas que está atrapado en el subsuelo en áreas continentales, como de gas importado, que puede traerse de Venezuela aprovechando el gasoducto.
















