lunes 30 de septiembre de 2019 - 7:50 AM

¿Cómo avanza el debate sobre el Fracking en Colombia?

Colombia sigue en el debate que enfrenta a quienes defienden y atacan el uso de prácticas no convencionales, como el fracking, para garantizar el suministro de petróleo y gas para la demanda nacional e internacional.
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El capítulo más reciente tuvo lugar hace dos semanas luego de que el Consejo de Estado desestimara la petición del Gobierno para que esa práctica tuviera vía libre en territorio nacional.

Decisión que ese mismo organismo se encargó de aclarar, horas después, al decir que la medida no cobijaba aquellos proyectos piloto que habían sido aprobados para realizar las pruebas con este tipo de técnicas (ver Cronología).

La presidenta del tribunal, Lucy Jeanette Bermúdez aseguró el pasado 17 de septiembre que: “La sala también advirtió que el alcance de esta decisión no impide la realización de Proyectos Pilotos Integrales de Investigación (PPII)”, referidos por el Comité de Expertos del Gobierno Nacional.

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El asunto es que la necesidad de encontrar combustibles es urgente, pues es claro que en el caso de la demanda de gas hay un aumento, sobre todo en el consumo de los hogares.

Datos del Ministerio de Minas demuestran que en Colombia hay 1,6 millones de casas que utilizan la leña como material principal para cocinar, mientras que hay 9,6 millones de usuarios que están conectados a las redes de gas.

Si Colombia busca permanecer como vendedor y no como comprador de estas materias debe tener en cuenta también las consecuencias que van más allá de las que se generan por una urgencia económica, al menos así lo creen los detractores del fracking.

El costo en el uso de recursos como el agua debe primar, llamado de atención que la Comisión de Expertos conformada para este debate ha puesto sobre la mesa.

Por ahora, organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recomiendan analizar cinco puntos que van desde el impacto de los químicos usados en el fracking, pasando por cuáles pueden ser los jugadores que suministren gas a un precio razonable, hasta el cambio de matriz energética que deben hacer los países.

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¿Qué sigue?

Luego del pronunciamiento del Consejo de Estado en el que se sigue permitiendo la práctica sólo para los planes experimentales, Ecopetrol, que por ahora es una de las empresas que ha manifestado su interés por liderar el desarrollo de este tipo de iniciativas en suelo colombiano, seguirá con las pruebas en el Magdalena Medio. La idea es que el próximo año, tras surtir las condiciones sociales y medioambientales que requiere el Estado colombiano, se ejecutará la iniciativa con la que se pretende aumentar las reservas de barriles de petróleo. La estatal petrolera ya ha dicho que tiene US$500 millones como inversión para ejecutar planes en esa materia. Con esto también garantizará la demanda interna y externa de petróleo.

¿Afecta el medio ambiente?

Dice el documento entregado por la Comisión de Expertos, en el apartado de las afectaciones a fuentes hídricas, que en las visitas realizadas a zonas petroleras del país se han identificado dos tipos de daños: “Uno natural, debido a la emisión de hidrocarburos del subsuelo, y otro causado por fallas en los procesos de producción de hidrocarburos”. Dice el informe que la primera se manifiesta como rezumaderos naturales (lugar donde se acumula líquido) presentes en el territorio (...) Los rezumaderos activos presentan flujo de petróleo, gas y agua, y son manifestación de la migración de petróleo desde las rocas generadoras en profundidad hasta la superficie. La segunda hace referencia a las prácticas indebidas de las petroleras durante 75 de los 100 años de actividad económica.

Entre tanto Amylkar Acosta, exministro de Minas asegura que “no se puede pensar que la actividad económica deba quedarse en rojo si hay afectación ambiental porque se necesita desarrollo. Desde 2013, con base en las conclusiones de la Comisión fue que se expidió un decreto para garantizar ese cuidado”.

Lo cierto es que no se conoce el alcance del daño a las fuentes de agua pues dice la Comisión que en sistemas hidrogeológicos hay un 85 % de desconocimiento de las aguas subterráneas. Según la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), no hay daños pues los yacimientos no convencionales se encuentran a una profundidad mayor a nueve torres Colpatria, “por lo que están separados de las fuentes de agua superficial. Los acuíferos son protegidos con tuberías de cemento y acero”.

¿Es la única forma de garantizar la demanda de petróleo y gas?

El uso de técnicas convencionales aún puede garantizar el encontrar más fuentes de petróleo y gas. De hecho, en el país son dos las técnicas que todavía se usan para encontrar esos materiales “de manera tradicional”. Una de estas tiene que ver con la exploración costa afuera, es decir, en el mar. En ese plan ya están inmersas varias empresas entre las que se cuentan Shell, ExxonMobile, Ecopetrol, entre otras. De hecho el pasado 18 de septiembre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) presentó las 59 áreas convencionales disponibles para la puja de la segunda subasta del Proceso Permanente de la Asignación de Áreas (PPAA) de 2019. En esa iniciativa fueron 70 las compañías que estuvieron presentes manifestando el interés por hacer parte del proceso de adjudicación.

No obstante, hay quienes piensan que el fracking es la solución más efectiva en el corto plazo, como la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y el exministro de Minas, Amylkar Acosta. “El hecho de que las reservas para gas solo estén garantizadas para los próximos 9,8 años, y para el petróleo 6 años, hace que el fracking sea la manera más efectiva de encontrar el material que se necesita para suplir la demanda nacional y cumplir con los acuerdos comerciales internacionales que tiene el país”, dice Acosta. Según cálculos entregados el pasado 3 de septiembre por Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, de darle vía libre al fracking en Colombia, las reservas de gas podrían aumentar y estar garantizadas hasta por 40 años, y las de petróleo se extenderían por 30 años.

Cronología

2012

La Contraloría General de la República emitió concepto al entonces ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, para que tuviera en cuenta el impacto medioambiental que se generaba. La advertencia se dio tomando en cuenta el contexto “internacional creciente” que se abría camino.

2014

El Ministerio de Minas y Energía, a cargo de Amylkar Acosta, sentó las bases de cuidado ambiental, social y geográfico que se deberían tener para realizar fracking. La hoja de ruta se diseñó luego de que de un total de 98 bloques para explotación, 19 fueran para fracking.

2018

El Gobierno del presidente Iván Duque pidió a una Comisión de Expertos evaluar los efectos sociales, ambientales y económicos del fracking. El Consejo de Estado aprobó la práctica en territorio nacional sólo en planes piloto y bajo las exigencias de cuidado de recursos hídricos, entre otros.

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