Este fallo le negó a la Concesionaria Ruta del Sol y a Odebrecht pretensiones indemnizatorias por 2,7 billones de pesos.
El Tribunal de Arbitramento de Bogotá ordenó al Estado pagar $211.273 millones a la Concesionaria Ruta del Sol por las las obras ejecutadas en el tramo dos del corredor y que se decidió que sería liquidado a raíz del escándalo de corrupción de Odebrecht.
La decisión se dio luego de analizar durante tres años las diferencias entre la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI y la Concesionaria Ruta del Sol II, de la cual son socios Odebrecht, Episol de Corficolombiana, y CSS Constructores.
Vale recordar que las pretensiones que Odebrecht presentó desde agosto de 2016 ascendían a $798 mil millones de pesos y en los dos últimos años la cifra ascendían a $2,7 billones.
En e fallo, los tres integrantes del Tribunal pidieron la anulación absoluta del contrato de concesión N° 001 de 2010 y sus otrosíes.
Los trabajos en el tramo dos de la Ruta del Sol alcanzaron una ejecución del 52%, financiados a través de créditos bancarios e inversiones de los socios de Episol (es decir Odebrecht), socio mayoritario, Corficolombiana, perteneciente al Grupo Aval y el Grupo Solarte.
Por otro lado, se determinó que parte de los recursos deberán salir del fideicomiso de 187.056 millones de la Ruta del Sol sector 2, que es administrado por la fiduciaria Corficolombiana.
Reacciones
Ante la decisión, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, celebró la nulidad del contrato.
“El Estado tendrá que pagar 211 mil millones de pesos que es mucho menos de lo que se había proyectado. Como Gobierno Nacional celebramos la declaratoria de nulidad del contrato emitida mediante Laudo Arbitral, por tratarse de una determinación que sanciona los actos de corrupción ocurridos alrededor del contrato y garantiza la protección del interés público y el patrimonio del Estado”, dijo la Ministra quien añadió que frente a las demás decisiones proferidas en el Laudo el Ministerio de Transporte y la ANI, como Entidades respetuosas de las decisiones judiciales, analizarán en detalle las implicaciones del fallo, antes de emitir cualquier pronunciamiento a la opinión pública.
Al respecto, el Procurador Fernando Carrillo Flórez afirmó que con esta decisión jurisdiccional se reconoce que Odebrecht promovió graves actos de corrupción desde los orígenes del proyecto y hasta la terminación del contrato.
“Con este laudo y la condena por $800.000 millones que logró la Procuraduría General de la Nación en la acción popular que interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca queda claro que Colombia no es un paraíso fiscal para inversiones de corruptos. El laudo es una gran condena económica contra Odebrecht y la mayor sanción ética impuesta por un tribunal de justicia en América Latina. El laudo le dio la razón a la Procuraduría que todos estos años se opuso a que se le reconocieran multimillonarios pagos a esta multinacional de la corrupción”, aseguró el Procurador.
