lunes 09 de septiembre de 2019 - 9:50 AM

Fracking: lo que está en juego en el Consejo de Estado

Dos procesos puntuales conoce el Consejo de Estado sobre el fracking en Colombia. Si bien las dos acciones legales se interpusieron en el mismo momento y por la misma persona, Esteban Lagos Gonzalez, cada caso lleva un rumbo diferente.

El primero de ellos es la demanda de nulidad en contra del decreto 3004 de 2013 que establece que el Ministerio de Minas y Energía debe expedir normas técnicas y procedimientos en materia de integridad de pozos en el cual se puedan explorar para obtener hidrocarburos.

Este proceso jurídico aún no tiene un punto de equilibrio, dado que el alto tribunal adelanta audiencias públicas en las que ha solicitado al Gobierno y entidades ambientales información sobre qué tan favorable puede ser esta práctica para el país y sus ciudadanos.

Si bien, este lunes se registrará una más de esas audiencias, se espera que la decisión de fondo sea tomada al empezar el 2020.

El otro proceso que avanza en el Consejo de Estado es el recurso de súplica que presentó el Gobierno contra la medida cautelar que interpuso la misma corporación en noviembre pasado. (Es decir, el mandato del presidente Iván Duque interpuso una objeción a la medida).

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La determinación de cesar la práctica provisionalmente estuvo en manos del magistrado Ramiro Pazos, quien, con esta decisión, frenó los procesos de licenciamiento ambiental que otorga la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a las entidades petroleras para avanzar con este mecanismo.

En noviembre pasado, el magistrado Pazos sostuvo que “la autorización en Colombia para la aplicación del fracking puede acarrear una afectación grave al medio ambiente y a la salud humana”.

¿Qué es el fracking y cómo quiere implementarlo el Gobierno?

El fracking es la exploración de pozos para conseguir hidrocarburos. El método más sencillo de adelantar esta acción es inyectando en el suelo grandes cantidades de agua con aditivos químicos y arena para fracturar rocas a al menos a 2500 metros de profundidad y, de esta manera, conseguir el petroleo y el gas.

Pese a que el procedimiento suena sencillo, este debe contar con permisos ambientales debido a que los terrenos a intervenir podrían ser fértiles para cultivos, es por ello, que hay versiones encontradas sobre tal práctica.

El Gobierno, por su parte, considera que, de no realizarse esta acción, la seguridad energética de Colombia estaría en riesgo. Por esto, desde los Ministerios de Minas, Energía y Ambiente se han dedicado a la tarea de crear una comisión de expertos que emitan conceptos y así vislumbrar la posibilidad de fomentar este mecanismo en el país.

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La comisión considera que el fracking se puede adelantar por medio de planes pilotos, así lo confirmó en un informe revelado en febrero pasado.

En ese entonces, la Comisión dijo que “la recomendación central es que, en los proyectos pilotos integrales de investigación establecidos, el Gobierno debe cumplir con ciertas condiciones durante las etapas de exploración antes de decidir el tránsito a la explotación de yacimientos no convencionales con la técnica de fracturamiento hidráulico (fracking)”.

En ese sentido, los expertos en temas como geología, medio ambiente, hidrogeología, sismología, salud, regulación y política petrolera, ecosistemas, entre otras, resaltaron que el desarrollo de esos proyectos deben ser experimentales, controlados y transparentes frente al país, además, deberán contar con una verificación independiente y con la participación de las comunidades.

En ese entonces, la Comisión expresó que, posterior a la medida cautelar que interpuso el Consejo de Estado, han sostenido reuniones con la comunidad en las que analizaron los riesgos y los efectos de la economía. De dichos encuentros, la Comisión halló que en las comunidades existe el temor de que esta técnica pueda “destruir sus ecosistemas”, generar contaminación de agua, además de fomentar terremotos y contaminar del aire.

Teniendo en cuenta esto la Comisión consideró necesario contar con la capacidad institucional que atienda este tipo de inquietudes y socialicen los proyectos para dar mayor claridad.

El ‘no’ para el fracking

Si bien existe la Comisión de Expertos que da el aval (no vinculante) para que se realicen acciones de fracking, organizaciones defensoras del medio ambiente emitieron conceptos que apoyan la demanda de nulidad contra el marco regulatorio del mismo.

Tales organizaciones coinciden con lo que dijo en su momento el Consejo de Estado cuando emitió la medida cautelar y es que se debe “aplicar el principio de precaución por cuanto aún no existe certeza científica absoluta, sí hay pruebas mínimas de daños potenciales derivados de la aparente deficiencia de las medidas adoptadas en los actos administrativos demandados al autorizar una técnica cuestionada”.

Entre otros conceptos que reposan en el alto tribunal, y que estudiarán los magistrados para determinar si en el país se puede ejercer esta técnica, tendrán en cuenta el informe de más de 200 páginas publicado por la Contraloría General, en el cual advierte de consecuencias “catastróficas e irreversibles” en caso de implementarse esta práctica.

Lo que deja económicamente el fracking

La Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) analizó los beneficios que traería para el país el desarrollo de los Yacimientos No Convencionales (YNC), en donde se evidenció que el uso de la técnica del fracking representaría para Colombia una oportunidad de generar ingresos fiscales por 1,5 billones de pesos anuales en impuestos, derechos económicos contractuales, dividendos y regalías.

El informe destaca el impulso al desarrollo regional y el efecto positivo que un solo proyecto de YNC podría representar como la generación de 5.000 empleos, entre directos e indirectos, la generación de 2.500 millones de dólares por concepto de regalías y un efecto multiplicador en impuestos locales asociados a la cadena de bienes y servicios.

“En una coyuntura como la actual, en la que la sostenibilidad fiscal del Gobierno central no está garantizada, los Yacimientos No Convencionales representan una oportunidad para Colombia para generar los recursos requeridos para financiar los programas del Gobierno Nacional y el desarrollo social de los colombianos”, indicó Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.

En lo relacionado con seguridad energética, el informe estima con el uso del fracking se lograría incrementar las reservas de hidrocarburos del país y generar excedentes para exportar. Esto teniendo en cuenta que, de acuerdo con el análisis, Colombia cuenta con un potencial de recursos de YNC de entre 3.000 y 9.000 MBEP, es decir entre 2 y 6 veces las reservas probadas de petróleo actuales.

“Las reservas de petróleo provenientes de yacimientos convencionales se están agotando y en los últimos años hemos registrado una baja incorporación, tanto en crudo como en gas, este escenario no solo amenaza la autosuficiencia energética de Colombia, sino que agrava el problema macroeconómico, de ahí la importancia de incentivar la exploración y producción en nuevas fronteras geológicas, incluidos los YNC”, indicó Lloreda.

Finalmente, el informe presenta una revisión general de la experiencia internacional, basado en estudios académicos y de centros de investigación independientes, en la que evalúa los casos de Estados Unidos, Canadá, Argentina y Reino Unido. Este análisis concluye que los potenciales impactos negativos de los YNC no han sido suficientemente concluyentes para vetar la actividad, al tiempo que sus beneficios superan las expectativas, tanto para las comunidades como para las economías.

Lo que viene

Así las cosas, este lunes habrá audiencia para que los magistrados sigan recolectando información que les pueda servir para determinar si definitivamente le dan el sí o el no al fracking. Sin embargo, esa decisión, que es de fondo, estará demorada.

Por otro lado, el jueves próximo los magistrados decidirán si le dan el aval al Gobierno aceptándole la súplica en contra de la medida cautelar o si por el contrario se mantienen en lo acordado y establecido en noviembre pasado. En caso de que la decisión sea en favor de lo que pide el Gobierno, quedaría abierta la puerta para la aplicación de los planes piloto.

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