Daño en gasoducto pone en vilo los planes de Colombia de importar gas de Venezuela. La infraestructura que conecta a los dos países necesita urgentemente una reparación
Publicado por: Miguel Orlando Alguero
En noviembre del 2023, el presidente Gustavo Petro anunció con bombos y platillos que Colombia traería gas de Venezuela. Semanas después, Ecopetrol precisó que lo empezará a importar en diciembre de 2024. La marea se agitó porque se pondría en ‘jaque’ la soberanía energética del país.
Las aguas se calmaron cuando gremios del sector gasífero le hicieron un llamado al Gobierno Petro para no descuidar la producción colombiana, toda vez que el gasoducto, que es propiedad de Venezuela, está inactivo, deteriorado y no está en condiciones de funcionar.
A esto se sumaron las decisiones de Estados Unidos de reimponer varias de las sanciones que había levantando contra Venezuela, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mantuvo la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado.
Cuatro meses después, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, volvió a agitar las aguas al confirmar que la petrolera colombiana comenzaría a importar gas de la petrolera estatal venezolana Pdvsa a partir del 2025, teniendo en cuanta que el país tiene un déficit de 17 % de este combustible demandado.
Este anuncio se da tras la presentación de los resultados financieros del 2023 de la compañía que sumó $143,1 billones en ingresos, lo que representó una caída del 10,3 %, así como sus ganancias con pérdidas cercanas al 42 %. Roa señaló que la petrolera está realizando una revisión técnica de este gasoducto binacional, que no opera desde 2015.
Entre las consideraciones que se pusieron sobre la mesa, está el contrato suscrito con Pdvsa desde el 2007, con vigencia a 31 de diciembre de 2027, para la compraventa y transporte de gas a través del gasoducto Antonio Ricaurte, que conecta a La Guajira y Maracaibo.
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El Antonio Ricaurte
El meollo del asunto es lo que pasará con el gasoducto transoceánico Antonio Ricaurte, que conecta a Puerto Ballena en Colombia con el lago de Maracaibo en Venezuela, porque de este dependerá el éxito de la importación de gas entre Ecopetrol y Pdvsa.
El gasoducto Antonio Ricaurte, también conocido como gasoducto Transcaribeño, está actualmente fuera de servicio. Fue inaugurado en 2007 con el objetivo de transportar gas natural desde Venezuela hasta Colombia y Ecuador.
El gasoducto tiene una longitud de 224 kilómetros, de los cuales 88,5 kilómetros se encuentran en territorio colombiano. Su capacidad es de 4.500 millones de pies cúbicos por día.
El ingeniero Sergio Cabrales, experto en hidrocarburos y energía, aclara que, aunque el gasoducto ha estado inactivo durante ocho años y la producción de gas en Venezuela ha sido limitada, el principal desafío sería depender de Venezuela para satisfacer las necesidades de importación colombianas.
“El gasoducto Antonio Ricaurte tiene un tramo adicional que pasa bajo el Lago Maracaibo. Hasta hoy es un misterio el estado de ese tramo y Pdvsa tendrá que enviar buzos y robots a revisarlo. Incluso, la estación Ballenas en Manaure (La Guajira) está abandonada y sin vigilancia desde hace años y habitantes de la región han retirado elementos como tejas y cables”, revela Cabrales.
A pesar de esto, Roa indicó en la entrega de resultados financieros que el contrato con Pdvsa está activo, lo que permitiría importar hasta 200 millones de pies cúbicos diarios de gas.
“Estamos supervisando la inspección y seguridad de la tubería para que pueda utilizarse en caso de emergencia. Es una de las cuatro o cinco opciones que tenemos para satisfacer la creciente demanda”.
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Ante las declaraciones del presidente de Ecopetrol, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, salió al paso y reveló cuáles serán los impactos que tendría esta compra en los bolsillos de los colombianos. “Al final, la tarifa del usuario incluye tanto las inversiones en infraestructura como el valor de la venta de la molécula de gas, así que por supuesto habrá que tomar en su momento la suma de estos componentes para determinar la tarifa final”.
“No nos podemos cruzar de brazos, un escenario de desabastecimiento de gas natural no puede ser una opción porque pone en riesgo el bienestar, la salud, la calidad del aire y el bolsillo de 36 millones de colombianos que usan gas natural todos los días para cocinar sus alimentos”.
La dirigente gremial aclaró que Colombia tiene la oportunidad de aumentar sus fuentes de gas natural y esta industria es consciente de que solo trabajando de manera articulada con el Gobierno nacional se pueden aumentar las fuentes de gas natural para asegurar el suministro y la confiabilidad y acelerar la transición energética.
“Construimos el Plan Integral de Seguridad Energética que permitirá priorizar y agilizar la exploración y el desarrollo de los descubrimientos realizados en el país, así como habilitar todas las fuentes de suministro externas que sean viables desde el punto de vista jurídico, económico y operativo sin depender de ellos”.
Murgas expresó que “un tren no puede avanzar si no tiene rieles” y, para materializar esto, el Gobierno debe adoptar a tiempo las decisiones regulatorias, ambientales y sociales requeridas para acelerar los proyectos de perforación de pozos en áreas con descubrimiento de gas, ubicados en tierra firme en la Costa Caribe y el Piedemonte Llanero, así como la ampliación de la capacidad de transporte de Barranquilla al interior del país.
También se debe habilitar la disponibilidad de fuentes internas, con el fin de aumentar entre 10 y 45 millones de pies cúbicos el suministro, y adelantar la construcción de infraestructura para traer el energético costa afuera en el Mar Caribe.
“No hay transición energética sin gas natural y Colombia tiene gas natural, un recurso de bajas emisiones y económico, que dignifica la vida de quienes históricamente han estado más olvidados y excluidos”, dijo Murgas.
