Novedades del proyecto que busca ponerle límite al impuesto predial

Cada cinco años los municipios deben actualizar su catastro para ajustar sus finanzas y así recaudar más plata con el impuesto predial. Eso dice el papel, pero la realidad es otra y eso pasa en Santander, en donde muchas alcaldías no lo han actualizado desde el 2011.

Incluso, hay municipios que desde hace 20 años no actualizan las condiciones de sus predios urbanos y rurales, como Jesús María, en donde la última renovación se dio en el 2003. También ocurre en Puerto Wilches, La Belleza y Landázuri, que lo hicieron en el 2006, según el Igac.

Hay que recordar que el impuesto predial es un tributo municipal que grava la propiedad inmueble, ya sea terrenos, casas, apartamentos u otras edificaciones, y su valor y pago depende de la actualización catastral que determina el avalúo de esos predios. Además, es administrado por las alcaldías y constituye una de las principales fuentes de ingresos para financiar servicios públicos locales, infraestructura y programas de desarrollo.

Vale precisar que la actualización catastral es un proceso mediante el cual se revisa y se actualiza la información de los bienes inmuebles de un municipio, con el objetivo de reflejar con precisión su valor catastral y comercial. Es relevante para la planificación urbana y el desarrollo territorial.

Expertos dicen que es una decisión impopular porque modificar o subir impuestos toca el bolsillo de los ciudadanos.

“Si un alcalde administra pensando en la inversión, se endeudará para contratar la actualización del catastro y luego, de forma sobrada, con los ingresos del recaudo puede pagar esa deuda”, dijo Juan Felipe Jaramillo, exsecretario de Planeación de Caldas.

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Entonces, estos dos términos, predial y catastro, están en boga durante estos días por un proyecto de ley que pretende darle gradualidad a los topes máximos para el cobro del impuesto predial.

A lo que el Ministerio de Agricultura salió al paso para aclarar dudas y desmentir afirmaciones que circulan por redes sociales.

Esta cartera reiteró que esta iniciativa no busca crear un nuevo gravamen porque este impuesto es municipal, ni aumentarlo porque con las actualizaciones catastrales de todos modos habrá alzas. Se busca ponerle límites.

Entonces, el proyecto de ley propone realizar una modificación parcial a la Ley 44 de 1990, que establecía un ajuste anual al valor de los avalúos catastrales que no podía ser superior a 100 % del IPC. Y una derogación de la Ley 1995 de 2019, que determina que, sin importar el valor del catastro, para los predios que hayan tenido actualización el límite del predial es del IPC +8 %.

Sin embargo, para Aurelio Suárez, analista económico, político e internacional, el proyecto de ley sí sube los topes del predial a los más pobres, en zonas urbanos y rurales, y lo pasa del IPC al 50 %.

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“Para el 97 % de los predios, los de $157 millones de avalúo, ya no será con el IPC, porque era la referencia. Me preocupa que la ministra no tenga esta claridad. No es que Petro suba eso, sino que le da ese menú a los alcaldes para que ajusten el impuesto”, dijo.

Topes

En ese orden de ideas, si el avalúo catastral es menor o igual a $156’600.000, el impuesto predial solo podrá crecer hasta 50 %. En cambio, si está entre $156’600.000 a $290’000.000, el predial solo podrá crecer hasta 100 %. Entre $406’000.000 y $580’000.000, dicho impuesto solo podrá crecer hasta 200 %. Finalmente, si es mayor a $580’000.000, el impuesto predial solo podrá crecer hasta 300 %.

Estos límites, según Minagricultura, son los topes máximos, que hasta de 50 % son para pequeños y medianos propietarios, que son “la mayoría de los propietarios rurales”. En cambio, para grandes dueños de predios y tierras en Colombia sería de hasta 300 %, “correspondiente a 5% de todos los propietarios del país”.

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, reiteró que el proyecto le parece una medida más justa, “porque realmente hoy ese 5 % de la población no está pagando el predial suficiente. Cualquier persona de clase media en Bogotá paga más predial de lo que paga un hacendado en zona rural en Colombia”.

Por su parte, Gustavo Marulanda, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), detalló que solo 128 municipios tienen el catastro actualizado. Estos no se verían impactados. “Encontramos la situación del catastro en un avance del 9,4 % en términos del área actualizada. Esto quiere decir que de los 114 millones de hectáreas que tiene el país, solo 10 millones estaban actualizadas”, remató el director.

La ministra Mojica insistió en que en esas zonas rurales es donde están las mayores brechas el abismo y en donde no se ha dado esta actualización catastral.

“Es urgente hacerlo. Son las finanzas de los municipios, estos devengan sus ingresos principalmente del predial, que es el recaudo que se usa para hacer vías, acueductos, vivienda, centros deportivos y educativos, etc”, dijo.

La meta antes de que finalice el actual gobierno es llegar al 70 % de actualización catastral, es decir, a 80 millones de hectáreas distribuidas en 660 municipios.