La norma establece que el avalúo catastral no puede ser inferior al 60 % del avalúo comercial, pero los manifestantes denuncian que la aplicación de la actualización se hizo de forma antitécnica.
Publicado por: Danilo Cárdenas
Santander y otros departamentos de Colombia llevan seis días detenidos por los bloqueos en las vías principales generados por los campesinos del país. Esta situación se debe a los aumentos del catastro multipropósito generado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través de la Resolución 2057 del IGAC, que disparó los avalúos rurales en 527 municipios.
Según la alianza por Santander, las pérdidas económicas en el departamento, a causa de los bloqueos, alcanzan los 120.000 millones diarios, lo cual afecta el abastecimiento, el empleo, la prestación de servicios esenciales y la competitividad.
Uno de los lugares más afectados por los bloqueos ha sido el municipio de Lebrija, donde se concentra uno de los principales bloqueos en la vía al Aeropuerto Palonegro. En este municipio, cerca de 7.000 predios rurales vieron su avalúo incrementarse de forma abrupta, en algunos casos pasando de 200 y 250 millones de pesos a 1.800 y 3.500 millones de pesos, lo que dispararía el impuesto predial que deberán pagar en el mediano plazo. Puede leer: Campesinos logran acuerdo con la Gobernación y el IGAC para bajar avalúos catastrales en Santander
Pero, ¿por qué protestan los campesinos de Santander? ¿Cuál es el problema con la actualización del avalúo catastral? ¿Qué efectos reales tiene esta medida? Acá les contamos siete claves para que entienda el paro campesino por el avalúo catastral
1. La resolución del IGAC que dio origen a las voces de rechazo
La Resolución 2057 del IGAC, expedida el 30 de diciembre de 2025, ajustó de forma automática y masiva los avalúos catastrales rurales en 527 municipios donde el último cálculo tenía más de cinco años de rezago.
Esto se hizo para cumplir lo dispuesto en la ley y, particularmente, en el Artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo). La Resolución IGAC 1912 de 2024 establece, en su artículo 3, numeral 4, que el avalúo catastral no debe ser inferior al 60 % del avalúo comercial, ni superar el 100 %.
El objetivo declarado era acercar los valores catastrales a los precios comerciales reales de los inmuebles. Pero el ajuste disparó la base gravable del predial en proporciones que las comunidades califican de inviables. También lea: Bloqueos en Santander completan seis días: conozca las vías cerradas y horarios de apertura
Caso real: en Yopal, los impuestos pasaron de $48.000 a más de $500.000 en un solo año. En Boyacá, se dieron incrementos entre el 4.000 % y el 9.00 0%.
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2. Qué piden los manifestantes del paro catastral
Según Tatiana Muñoz, presidenta de la Veeduría Nacional del Catastro Multipropósito, las demandas son:
1. Revocar la Resolución 2057 de 2025 por carecer de sustento técnico adecuado.
2. Suspender por un año los procesos de actualización catastral multipropósito.
3. Frenar los cobros coactivos, embargos e intereses moratorios derivados de los nuevos avalúos.
4. Radicar un proyecto de ley que obligue la visita predio a predio antes de fijar valores catastrales.
3. ¿Qué responde el IGAC frente a las críticas al proceso?
El IGAC sostiene que el avalúo catastral sí se ajustó a la realidad del territorio, pero aclara que un aumento en el avalúo no implica que el cobro del impuesto predial deba subir en la misma proporción.
El valor final del impuesto depende de tres factores, no del IGAC ni del Gobierno Nacional:
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Las tarifas definidas por el Concejo Municipal.
El Estatuto Tributario de cada municipio.
Los límites que fija la ley (Ley 1995 de 2019 y Ley 44 de 1990).
Además, en los predios de menos de 100 hectáreas, el predial no puede subir más del 50% respecto al año anterior. En los terrenos de más de 100 hectáreas, puede subir hasta el doble. Le sugerimos leer: Día seis del paro en Santander: Ministro del Interior sostendrá reunión con alcaldes en Bucaramanga
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4. Las críticas al proceso de actualización catastral
Ricardo Silvestre, líder de la veeduría catastral en Sabana de Torres, señala que el problema va más allá del avalúo y denuncia múltiples fallos en el proceso:
Sin metodología conocida: no se ha publicado la ficha técnica ni los criterios con los que los operadores catastrales fijan los valores.
Avalúos sin visita predio a predio: se hicieron con drones y promedios por veredas, sin concertación con los propietarios.
Falta de cultura de pago: 1.200 nuevos predios fueron incorporados al catastro en Sabana de Torres, muchos de ellos de estrato 1, sin capacidad real de tributar.
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“Tener vivienda no significa tener ingresos. Le dieron escritura a la señora que vende guarapo y gana 30 mil o 40 mil pesos diarios”, explica Ricardo Silvestre, presidente de la Veeduría “Por un Catastro Justo”.
5. El problema a largo plazo para los propietarios
La ley establece que el predial no puede subir más del 50 % de un año a otro entre los pequeños propietarios, cuando se da la actualización catastral, y los municipios pueden mitigar el impacto de las alzas con descuentos por pronto pago. Puede interesarle: Petro advierte al Gobernador de Santander por el paro y éste le responde: “Suspenda la resolución”
No obstante, la realidad es que en el mediano plazo (5 a 10 años), cuando se normalice el cobro del impuesto predial, estos propietarios pueden terminar pagando altos impuestos por sus inmuebles.
6. El impacto va mucho más allá del predial
La veedora Tatiana Muñoz explicó que el avalúo catastral es la base de cálculo de múltiples obligaciones, no solo el impuesto predial. Estos son algunos de los trámites e impuestos atados al valor del avalúo catastral
Impuesto al patrimonio y declaración de renta.
Trámites notariales y registrales: se cobra el 5% del valor catastral por cualquier venta.
Puntaje del Sisbén y acceso a programas como Adulto Mayor y subsidios de vivienda.
Tarifas de servicios públicos.
Vender se vuelve imposible: si un predio queda avaluado en $4.000 millones, el propietario debe pagar $200 millones en trámites notariales, aunque la propiedad comercialmente valga apenas $200 millones.
Las propias notarías han reportado un estancamiento del mercado inmobiliario como consecuencia de esta distorsión.
7. ¿Qué dicen los alcaldes?
El alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez Calderón, radicó el 8 de abril una demanda contra la Resolución 2057 y aseguró que no es su responsabilidad: la resolución, explicó, no la firmó el alcalde y el Municipio se limita a liquidar las tarifas. No olvide leer: Gremios de Santander solicitan salida definitiva a la protesta que tiene bloqueada vía a Lebrija
Propuesta rechazada: en diciembre pasado se presentó al Concejo de Lebrija una reducción de la tarifa del 50% al 15%, pero fue rechazada con 9 votos en contra y 4 a favor. Martínez Calderón anunció que la volverá a presentar para 2027.
Como medida inmediata, se comprometió a ampliar el plazo de descuento por pronto pago entre 2 y 3 meses adicionales (mayo, junio y posiblemente julio).
Pidió también a la Defensoría del Pueblo actuar como mediadora en las mesas de diálogo.
8. El rezago histórico: ¿quién tiene la culpa?
El Gobierno argumenta que los avalúos llevaban hasta 20 años sin actualizarse, lo que benefició a grandes propietarios que tributaban muy poco y perjudicó las finanzas de los municipios.
Las veedurías responden que el rezago fue culpa de los gobiernos anteriores, no de los campesinos. Según ellos, “no se puede pretender que los propietarios asuman en un solo golpe décadas de abandono catastral”.
“No nos oponemos al catastro multipropósito. Pedimos que se haga predio a predio, con concertación. Así se demore uno o dos años”, aseguró Ricardo Silvestre.
