El terremoto de magnitud 7,4 dañó viviendas tradicionales, iglesias y bienes culturales del occidente de Colombia. En Manizales, El Cairo y Salento comenzó una carrera contra el tiempo para estabilizar las edificaciones, recuperar objetos y evitar demoliciones sin evaluación especializada.
Publicado por: PAOLA ESTEBAN C.
Valentina Gómez salió del apartamento en pijama. No recogió documentos, ropa ni objetos personales. Bajó nueve pisos por las escaleras junto a su mamá y su novio, mientras el edificio se sacudía con una fuerza que le hizo pensar que podía partirse o venirse abajo.
“En ese momento uno comprende que las cosas se pueden reemplazar, pero la vida no”, recuerda.
Eran aproximadamente las 7:32 de la mañana del lunes 10 de agosto. Valentina se encontraba en Manizales con su mamá, su novio y unos amigos que habían llegado desde Bogotá. Se había despertado hacía poco y pensaba ir al gimnasio, como cualquier otro día, cuando sintió que el edificio comenzaba a moverse.
Al principio, los demás no percibieron el temblor. Ella les advirtió y, en cuestión de segundos, el movimiento se hizo más fuerte.
“En ese momento uno no alcanza a entender qué está pasando. Solo piensa: ‘Esto se va a caer’”, relata.
Cuando la sacudida disminuyó, comenzaron a bajar. Afuera encontraron personas corriendo, llorando, sacando sus vehículos y tratando de alejarse. Algunas se desmayaron. Todos temían una réplica.
Permanecieron cerca de una hora fuera del apartamento. Cuando regresaron para empacar algunas cosas y salir nuevamente, volvió a temblar. Tuvieron que bajar otra vez.
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El terremoto de magnitud 7,4 fue registrado oficialmente a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano. Sus efectos se extendieron por buena parte del occidente del país y afectaron viviendas, hospitales, instituciones educativas, vías, aeropuertos y bienes culturales.
La ciudad que apareció en los videos
Durante los primeros minutos, Valentina no alcanzaba a dimensionar la magnitud de lo ocurrido. Como el edificio seguía en pie, pensó que quizás la situación no era tan grave. Sin embargo, las comunicaciones estaban interrumpidas y no era posible saber qué ocurría en otras zonas de Manizales.
Poco a poco, entre los vecinos comenzaron a circular videos. Una de las imágenes que más la golpeó fue la de la Catedral Basílica de Manizales, especialmente los daños en la zona del reloj.
Unos días antes, los amigos que estaban con ella habían recorrido la catedral y el Corredor Polaco. Se habían enamorado de la ciudad, de las montañas y de una arquitectura que parece desafiar las dificultades del terreno.
“Para quienes somos de Manizales, la catedral no es únicamente una construcción. Es un símbolo de fortaleza y estabilidad. Por sus materiales, su arquitectura gótica y su imponencia, uno llega a pensar que es indestructible”, explica.
Si una estructura como esa había resultado afectada, la pregunta inevitable era qué estaba ocurriendo en el resto de la ciudad.
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Después aparecieron las imágenes de las casas patrimoniales del centro histórico. Como profesional vinculada a los temas de patrimonio, Valentina sintió tristeza, nostalgia e intranquilidad. Sin embargo, también entendió que, frente a una tragedia de esa magnitud, las pérdidas materiales pasaban a un segundo plano.
Durante seis horas, ella y su novio no pudieron comunicarse con los familiares de él, residentes en Pereira. No sabían si estaban vivos, si habían conseguido salir o si necesitaban ayuda. La vía entre Manizales y Pereira se encontraba cerrada y no tenían información.
Cuando finalmente lograron hablar, supieron que todos estaban con vida. La edificación donde vivían había quedado agrietada e inhabitable, aunque fue una de las pocas de la zona que permaneció en pie. Tuvieron que desplazarse hacia el Valle del Cauca para encontrar un lugar más seguro.
“Toda nuestra familia estaba con vida. Las pérdidas materiales podrían recuperarse después”, cuenta Valentina.
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El Cairo, una memoria entre los escombros
La experiencia de Valentina resume la tensión que atraviesa a las ciudades y municipios afectados: salvar la vida es la prioridad absoluta, pero entre los escombros también permanece una parte de la memoria colectiva.
Esa tensión resulta especialmente visible en El Cairo, uno de los municipios con mayores daños materiales. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, informó preliminarmente que cerca del 80 % del municipio quedó destruido. Reportes posteriores señalaron que la pérdida alcanzaría, por lo menos, al 80 % de su casco urbano, aunque todavía no se conoce un inventario público que permita determinar cuántas edificaciones patrimoniales desaparecieron y cuáles pueden recuperarse.
En las imágenes que llegan desde El Cairo, las tejas de barro ya no cubren las casas: están partidas sobre las calles. Los balcones de madera, las paredes de bahareque y las fachadas de colores que caracterizaban a este municipio del norte del Valle del Cauca quedaron reducidos, en muchos casos, a escombros.
La destrucción tiene una dimensión especial porque el centro histórico de El Cairo forma parte de la zona principal del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, inscrito por la Unesco en la Lista de Patrimonio Mundial en 2011. Es, además, el único casco urbano del Valle del Cauca incluido en esa zona principal, de acuerdo con la información oficial del Paisaje Cultural Cafetero.
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Su valor no estaba solamente en las fachadas. La arquitectura de guadua, bahareque, tapia pisada y teja de barro reflejaba la adaptación de las comunidades cafeteras a la montaña. Las casas con patios interiores, corredores, puertas talladas y balcones eran también viviendas, comercios, espacios de trabajo y lugares de encuentro.
Por eso, proteger el patrimonio no puede separarse del derecho de las familias a una vivienda digna y segura. Muchas de las edificaciones afectadas son, al mismo tiempo, hogares y bienes de valor cultural.
Salento: daños en casas tradicionales y cubiertas de barro
Salento, uno de los municipios más reconocidos del Quindío por su arquitectura tradicional, también sufrió daños. Los balances conocidos hasta el 14 de agosto coinciden en que las mayores afectaciones se concentraron en viviendas, fachadas y tejados del centro histórico, aunque difieren en la cantidad total de inmuebles perjudicados.
Un primer censo de la Administración Municipal contabilizó 45 viviendas con afectaciones significativas, principalmente en el sector del parque principal y en casas tradicionales. Los daños más frecuentes fueron la caída de tejas de barro, las grietas y el desprendimiento de materiales. También se reportaron afectaciones en algunas instituciones educativas rurales que permanecían bajo evaluación técnica, según La Crónica del Quindío.
Un reporte posterior elevó a 166 el número de viviendas urbanas y rurales con algún grado de afectación. La diferencia podría obedecer a que el primer balance contabilizaba los daños significativos, mientras el segundo incorporó averías menores identificadas durante las visitas casa por casa. La cifra debe entenderse como preliminar mientras las autoridades consolidan un inventario detallado. El Olfato recogió el balance ampliado.
En el municipio no se reportaron personas fallecidas. Tres habitantes resultaron heridos y fueron dados de alta, mientras diez núcleos familiares tuvieron que evacuar dos viviendas con graves fallas estructurales. Aunque la Alcaldía habilitó el Coliseo Municipal como refugio, las familias decidieron alojarse con parientes o personas cercanas.
Las autoridades cercaron algunos puntos del centro con cintas de seguridad ante el riesgo de caída de tejas y otros materiales. También iniciaron visitas técnicas predio por predio para establecer cuáles inmuebles pueden continuar habitados, cuáles requieren apuntalamiento y cuáles representan un peligro.
El caso de Salento muestra por qué no basta con informar una cifra general de viviendas dañadas. Una cubierta parcialmente desprendida, una grieta superficial y una falla estructural no representan el mismo nivel de peligro ni exigen la misma respuesta.
Las áreas rurales de Salento forman parte de la zona principal del Paisaje Cultural Cafetero. Su casco urbano, aunque no corresponde al área urbana principal de la declaratoria de la Unesco en el Quindío, conserva un importante conjunto de casas en bahareque, madera y teja de barro que identifica al municipio y sostiene buena parte de su actividad turística y comercial.
El comercio comenzó a reabrir después de la emergencia y la vía principal de acceso permaneció habilitada. Sin embargo, la recuperación económica no debería conducir a reparaciones apresuradas que eliminen materiales tradicionales o encubran daños estructurales todavía no diagnosticados.
Una emergencia patrimonial que no puede esperar
Para Jimena Puyo, magíster en Gestión del Patrimonio Cultural y Natural, directora de Cumare Consultores Culturales y de la Fundación Patrimonio Colombia, reconocer la urgencia cultural no significa restarle importancia a la atención humanitaria.
“Una vez atendida la emergencia humanitaria —que, por supuesto, tiene absoluta prioridad—, en materia de patrimonio también hay una fase de emergencia que no puede esperar a que estén formulados los proyectos integrales de restauración ni a que se consigan todos los recursos para ejecutarlos”, explica.
La primera tarea, según Puyo, debe ser una evaluación rápida y técnicamente calificada. Ese diagnóstico permitiría determinar cuáles bienes se encuentran en riesgo de colapso o de sufrir pérdidas adicionales, clasificar los niveles de afectación y establecer prioridades.
“A partir de allí deben adoptarse inmediatamente medidas de estabilización y protección. No basta con hacer un inventario de los daños y esperar los recursos: hay que detener activamente el deterioro”, advierte.
Esta fase está contemplada en la legislación colombiana. El artículo 2.4.1.4.4 del Decreto 1080 de 2015, modificado por el Decreto 2358 de 2019, denomina “primeros auxilios” a las obras urgentes que deben realizarse en un inmueble en peligro de ruina, en riesgo inminente o que haya sufrido daños por agentes naturales o por acción humana.
Estas intervenciones incluyen el apuntalamiento de muros y elementos estructurales, la instalación de sobrecubiertas y cerramientos provisionales, las acciones para prevenir colapsos súbitos o saqueos y el desmonte controlado de elementos cuyos anclajes o uniones hayan fallado.
“Esto significa que no hay que esperar a tener diseñado y financiado el proyecto definitivo de restauración para proteger el bien. Existe precisamente una fase de primeros auxilios destinada a detener o prevenir daños mayores”, señala Puyo.
En el caso de colecciones, archivos, obras de arte y otros bienes muebles, también se requiere una respuesta inmediata. Esta debe comenzar con la identificación e inventario de los objetos afectados, la documentación de su estado, su estabilización y, cuando resulte técnicamente necesario, su traslado temporal a lugares seguros.
“Entre el terremoto y la restauración definitiva pueden pasar meses o incluso años, y una parte importante de las pérdidas puede producirse justamente durante ese periodo”, sostiene.
“Estabilizar no es restaurar”
El arquitecto Sergio Hernán Cáceres Cáceres, coordinador del Comité de Patrimonio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos —SCA—, regional Santander, coincide en que la primera respuesta no debe ser iniciar restauraciones definitivas.
“Ante los daños ocasionados por el terremoto, la prioridad para los Bienes de Interés Cultural no debería ser iniciar inmediatamente restauraciones definitivas, sino establecer una fase de estabilización, salvaguarda y documentación que evite pérdidas irreversibles mientras se realizan los estudios y se consiguen los recursos”, afirma.
La primera acción debe ser aislar y hacer segura cada edificación. Durante las horas iniciales es necesario determinar si existe riesgo de colapso, desprendimiento de elementos estructurales o decorativos, incendios, filtraciones de agua u otras amenazas.
“La seguridad de las personas tiene prioridad sobre la recuperación del patrimonio, pero una vez controlado ese riesgo debe comenzar inmediatamente la salvaguarda patrimonial”, precisa Cáceres.
El arquitecto insiste en una diferencia fundamental: estabilizar un bien no equivale a restaurarlo. Una estructura puede recibir un apuntalamiento provisional para evitar que se desplome sin que esto signifique que ya se esté ejecutando el proyecto definitivo de recuperación.
Esa distinción permite actuar durante la emergencia, disminuir los riesgos y ganar tiempo para realizar estudios estructurales, conseguir financiación y definir una intervención compatible con los valores históricos, arquitectónicos y simbólicos del inmueble.
Recuperar objetos antes de mover los escombros
La segunda medida propuesta por Cáceres consiste en recuperar y proteger los bienes muebles. Esta tarea resulta especialmente importante en iglesias, museos, casas históricas, archivos y edificios institucionales, donde pueden encontrarse obras de arte, documentos, mobiliario, objetos religiosos, fotografías y piezas asociadas a la historia de las comunidades.
Antes de mover cualquier objeto debe hacerse, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, un registro fotográfico y de su ubicación original.
La remoción indiscriminada de escombros puede provocar nuevas pérdidas. Puertas, ventanas, tallas, fragmentos de pintura mural, elementos ornamentales, tejas y piezas de carpintería podrían parecer residuos para una persona sin formación especializada, aunque tengan valor patrimonial o puedan incorporarse a una restauración futura.
Por eso, las labores de limpieza y retiro de materiales en bienes patrimoniales deben estar acompañadas por personal calificado, sin obstaculizar las operaciones de rescate ni comprometer la seguridad.
Una ficha para cada inmueble
Cáceres propone que cada Bien de Interés Cultural afectado cuente con una ficha de evaluación posterior al terremoto. El diagnóstico debería ser realizado por un equipo integrado, como mínimo, por un ingeniero estructural, un arquitecto especializado en patrimonio y un conservador o restaurador.
Según las características del inmueble y de los bienes que albergue, también podrían participar especialistas en madera, pintura mural, piedra, metal, archivos o colecciones.
La evaluación debe responder cuatro preguntas básicas: qué conserva el inmueble, qué se perdió, qué permanece en peligro y qué debe hacerse durante los siguientes 30, 60 y 90 días para impedir nuevos daños.
“Antes de pensar en la restauración definitiva debería existir un documento mínimo que responda qué tiene el inmueble, qué se perdió, qué está en peligro y qué debemos hacer para que no se pierda más”, explica.
Esta “ficha de salvaguarda” permitiría organizar las acciones provisionales, identificar responsables, estimar recursos y hacer seguimiento a la evolución de los daños.
Clasificar los daños según su urgencia
Cáceres plantea clasificar los inmuebles en cuatro categorías, para que los recursos se asignen de acuerdo con la gravedad y el riesgo patrimonial, y no simplemente según el orden en el que se presenten las solicitudes.
Esta clasificación sería especialmente útil en Salento. Permitiría diferenciar las viviendas con graves fallas estructurales que obligaron a evacuar familias de aquellas que únicamente perdieron algunas tejas o presentan daños superficiales.
También ayudaría a identificar dónde deben concentrarse primero los equipos técnicos, los materiales de apuntalamiento y los recursos económicos.
¿Quién debe hacer qué?
Para Cáceres, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no debería limitarse a recibir informes. Su función debe incluir la coordinación de la respuesta patrimonial, la asistencia técnica, la definición de prioridades y la financiación nacional, especialmente cuando se trate de Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional.
Las gobernaciones y alcaldías deben cumplir funciones similares dentro de sus respectivos niveles territoriales. Son, además, las autoridades más cercanas a las comunidades y tienen un papel esencial en la identificación de daños y en la articulación entre cultura, planeación, vivienda y gestión del riesgo.
Los propietarios, poseedores y custodios también tienen responsabilidades.
“El propietario no puede esperar a que llegue el dinero de la restauración para proteger el inmueble”, señala Cáceres.
Sin embargo, la responsabilidad no puede descargarse únicamente sobre los particulares, especialmente cuando carecen de recursos o conocimientos técnicos. La protección requiere una acción coordinada entre el Estado, las entidades territoriales, los propietarios, las universidades, las organizaciones profesionales y las comunidades.
Cáceres también considera conveniente que el Ministerio aproveche la emergencia para elaborar planes de salvaguarda ante terremotos para los Bienes de Interés Cultural e integrarlos formalmente a los sistemas de gestión del riesgo.
Evitar demoliciones sin evaluación especializada
Puyo plantea que, si el Gobierno Nacional declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica con ocasión del terremoto, el decreto debería reconocer expresamente la afectación y el riesgo sobre el patrimonio cultural de la Nación.
Ese reconocimiento permitiría establecer que los efectos de la calamidad no son solamente humanitarios, habitacionales, económicos o de infraestructura, sino también culturales.
Como desarrollo de una eventual declaratoria, recomienda expedir un decreto específico para el sector cultural. Este podría facilitar la movilización de recursos para los primeros auxilios, el desplazamiento de equipos especializados, la elaboración de diagnósticos estructurales y patrimoniales, la protección de colecciones y archivos y la intervención urgente de inmuebles en riesgo.
“La emergencia patrimonial necesita recursos, pero también procedimientos y capacidades institucionales que permitan actuar con la velocidad que exige el deterioro”, indica.
La articulación institucional será determinante para evitar que la presión por retirar estructuras peligrosas conduzca a demoliciones sin una valoración suficiente.
“Un edificio afectado no es necesariamente un edificio perdido. Cuando se trata de patrimonio, la decisión de demoler debe estar precedida por una evaluación estructural especializada y por la valoración de las posibilidades de estabilización y recuperación”, asegura Puyo.
La seguridad de las personas es irrenunciable, pero no debe plantearse automáticamente como un objetivo incompatible con la conservación: “Primero hay que evaluar, estabilizar y proteger; después, con información técnica suficiente, decidir cómo recuperar”.
La especialista propone, además, activar la cooperación con redes y organismos internacionales que trabajan en la protección del patrimonio durante conflictos y desastres naturales, entre ellos Blue Shield, el Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales —ICCROM— y la Unesco.
Después del movimiento queda el miedo
Para Valentina, el terremoto no terminó cuando dejó de moverse el edificio. Con el paso de los días apareció el verdadero impacto emocional: la sensación de que volverá a temblar, las dificultades para dormir, el estado de alerta permanente y la impotencia de querer ayudar sin saber siempre cómo hacerlo.
También permanece la preocupación por Pereira, Manizales y las comunidades del Chocó, cuya situación, considera, no puede quedar relegada.
Sin embargo, entre la destrucción ha encontrado una imagen distinta: manizaleños, pereiranos, quindianos, vallecaucanos y chocoanos entregando alimentos, ofreciendo acompañamiento psicológico, levantando escombros y buscando sobrevivientes.
“Hay personas que perdieron a sus seres queridos y, aun así, permanecen ayudando a los demás. Están rotas, tienen miedo, pero siguen trabajando por su comunidad. Es allí donde uno descubre quiénes somos como región cafetera y como país”, expresa.
El patrimonio podrá estabilizarse, restaurarse, adecuarse o reconstruirse. Algunas edificaciones y objetos posiblemente se habrán perdido para siempre. Pero ahora la prioridad es la vida humana, la protección de los animales, la atención de quienes lo perdieron todo y la recuperación del tejido social.
“Queda mucho por hacer por el patrimonio de Manizales y de toda la región. Pero las cosas se pueden reemplazar; la vida no”, concluye Valentina.
