Durante casi dos años, un padre recorrió caminos, golpeó puertas y desafió al silencio. Lo que encontró al final de su búsqueda estremeció a todo un país.

Publicado por: Redaccción Judicial
Lo que comenzó como una denuncia por desaparición se convirtió en una odisea personal marcada por el abandono institucional, la desesperación y la fuerza inquebrantable de un padre. Wilmer Guerra, venezolano residente en Maracaibo, pasó 20 meses tocando puertas, reuniendo pistas y enfrentando la indiferencia de las autoridades colombianas para dar con el paradero de su hija, Wilmary Carolina Guerra Montilla.
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El 22 de mayo de 2025, casi dos años después de haberla visto por última vez, la encontró. Estaba muerta y enterrada en una finca rural del municipio de Manatí, Atlántico. La historia de Wilmary, más allá del horror de su final, es también una denuncia silenciosa de la negligencia del sistema judicial y de cómo la violencia de género sigue arrebatando vidas ante los ojos de un Estado que llega tarde, o no llega.
Un viaje sin regreso
Wilmary tenía 32 años. Era oriunda de Malambo, Atlántico, y el 18 de septiembre de 2023 salió de su casa tras recibir una invitación a una finca. El mensaje habría venido de su expareja sentimental, Franklin Jesús Trillos Yance, con quien había tenido una relación conflictiva, marcada por denuncias de violencia intrafamiliar y lesiones personales.
Aquel día no volvió. Su familia, angustiada, presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, el caso, como tantos otros, no fue tratado con la urgencia requerida. Pasaron semanas, luego meses. La Fiscalía avanzaba a paso lento, sin esclarecer siquiera el lugar de los hechos.
Pero Wilmer, su padre, se negó a dejarla en el olvido.
La investigación que hizo un padre
Wilmer Guerra cruzó la frontera desde Venezuela para buscar a su hija por cuenta propia. Se instaló en Colombia y visitó más de cien veces las oficinas de la Fiscalía en Barranquilla, Soledad, Malambo y Manatí. Habló con funcionarios, pidió expedientes, compartió pruebas, pero las respuestas siempre fueron evasivas. “Era como si nadie supiera nada, como si no fuera su responsabilidad”, dijo en entrevista a medios locales.
Durante su pesquisa personal, Wilmer accedió a un video que Wilmary había enviado a una amiga antes de desaparecer. En él, la joven relataba que se encontraba en una finca fuera de la ciudad. Esa pista se convirtió en su brújula. Años después, gracias a esa pista y al trabajo conjunto con autoridades locales que finalmente le dieron atención, logró localizar la finca Las Palmitas, en zona rural de Manatí.
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El hallazgo fue posible gracias a un giro inesperado. El hermano de Franklin Trillos, quien trabajaba como capataz en la finca, condujo a los investigadores hasta el lugar exacto donde Wilmary había sido enterrada. La tierra removida reveló restos óseos y prendas que coincidían con la descripción de la joven. Posteriormente, las pruebas forenses confirmaron lo que Wilmer ya sabía en su corazón: se trataba de su hija.
La finca se convirtió en una escena del crimen marcada por el silencio de casi dos años. Una escena que nunca debió existir.
Franklin Trillos Yance es considerado el principal sospechoso del asesinato. Según versiones recogidas por la familia, habría salido del país y se encontraría en México, posiblemente con la colaboración de su hermano. Aunque sobre él pesa una orden de captura, hasta el momento no ha sido detenido.
Para la familia Guerra, la ausencia de justicia es tan dolorosa como la pérdida. “Ella está muerta y su asesino está libre como si nada”, reclamó el padre de Wilmary.
Este caso no es un hecho aislado. Se suma a la larga lista de feminicidios en Colombia cuya investigación se torna ineficiente, lenta o indolente. Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la falta de celeridad y sensibilidad en casos de desaparición y violencia contra las mujeres, especialmente cuando las víctimas no tienen redes de apoyo influyentes o recursos económicos.
El dolor de Wilmer es el de muchos padres, madres y hermanos que tienen que convertirse en investigadores, abogados y dolientes al mismo tiempo, mientras el Estado se queda atrás.
“No voy a parar hasta que haya justicia”
Wilmer Guerra, aunque devastado, no piensa rendirse. Dice que su lucha ahora no es solo por su hija, sino por todas las mujeres desaparecidas cuyo rastro se diluye en expedientes archivados. “Si yo no hubiera buscado, Wilmary seguiría enterrada en silencio. No se puede permitir que la justicia llegue solo cuando los padres desentierran a sus hijas”, concluyó.
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El caso sigue abierto. La Fiscalía prometió priorizar la investigación y emitir circulares internacionales para dar con el paradero de Franklin Trillos. Pero para Wilmer y su familia, la promesa llega tarde.
Wilmary descansa en paz. Ahora, el país le debe justicia.
















