Las autoridades revelaron detalles estremecedores sobre cómo operaba y quiénes serían sus víctimas.

Publicado por: Redacción Judicial
Un aberrante caso de abuso sexual contra por lo menos tres menores de edad, de entre 2 a 9 años, mediante plataformas digitales para adultos salió a la luz tras la captura de una mujer en Bucaramanga.
Información de la Fiscalía, conocida por Vanguardia, indicó que la acusada tendría presunta participación en esta red de explotación sexual infantil, en la que las víctimas eran grabadas, transmitidas en vivo y pagadas desde el extranjero.
Tales hechos habrían ocurrido en tres oportunidades, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, desde residencias ubicadas en los barrios Niza, en Floridablanca; Granjas de Provenza y Cristal Alto, en Bucaramanga. Lea también: Tragedia en Bucaramanga: joven murió sepultado por un alud mientras extraía oro
“La capturada, con la participación de su hija, transmitía en vivo desde su equipo celular abusos sexuales contra una menor de 9 años (hija y nieta de estas mujeres), para satisfacer las pretensiones lujuriosas de un ciudadano español”, indicó el ente acusador en su reporte.
En los registros audiovisuales se evidencian múltiples actos sexuales cometidos en presencia de otras dos menores, quienes también eran inducidas a participar en los abusos. Por estos hechos, el extranjero habría realizado 13 consignaciones de dinero en euros entre octubre de 2022 y febrero de 2023.

Tras su captura, a la señalada le fueron imputados los delitos de proxenetismo con menor de 18 años agravado, en concurso heterogéneo con acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravado.
Aunque no aceptó su responsabilidad en los hechos, un juez de control de garantías ordenó su detención en un centro carcelario. Las investigaciones continúan para dar con la otra implicada, hija de la hoy detenida. Otras noticias: Diego García, el presunto homicida de Sharit Lorena en Piedecuesta, fue enviado a la cárcel
Las menores de edad quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, que activó la ruta de restablecimiento de derechos.
















