Se pondrá a prueba la lógica de la reparación en Colombia
Publicado por: Diego López
Este martes 16 de septiembre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictará su primera sentencia a los siete miembros del último Secretariado de las extintas Farc por su responsabilidad en el secuestro y otros crímenes cometidos durante el cautiverio. Este será un fallo histórico que activa la fase de sanciones propias del Acuerdo de Paz, poniendo así a prueba el modelo de justicia restaurativa del país, que se enfoca en la reparación a las víctimas más que en el castigo tradicional.
Esta decisión marca un punto de inflexión en el trabajo de la JEP, que pasa de la investigación y el reconocimiento de verdad, a la imposición de sanciones. Por lo que se ha conocido, la complejidad de estas sentencias radica en que no se limitan a declarar una culpabilidad, como en la justicia ordinaria, sino que deben estructurar proyectos restaurativos viables.
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, señaló que se tomó un camino difícil al diseñar primero los proyectos para evitar que la sentencia sea “imposible de cumplir” y cause una “decepción de las víctimas”. A diferencia de un juez tradicional que envía a un condenado a prisión bajo la supervisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC), la JEP debe garantizar que las sanciones, que conllevan restricciones de libertades, tengan un componente reparador efectivo.
Este modelo de justicia es un desafío cultural, pues la sociedad está habituada al castigo y la privación de la libertad como única solución. El primer paso para la reconciliación, según Ramelli, es el establecimiento de la verdad, ya que para perdonar “hay que saber qué fue lo que sucedió”. Puede leer: Disidencias de las Farc asesinaron a un policía e hirieron a 4 más: así fue el ataque
Obras de reparación de la JEP
Para poder conocer la logística de estas sanciones, la JEP ya desarrolló anteriormente tres proyectos que sirven como ejemplo. Uno de ellos se realizó con la comunidad indígena Awá, en el departamento de Nariño, donde ex combatientes de las Farc participaron en la reconstrucción de un sitio de armonización indígena.
El segundo caso es el desminado humanitario en Dabeiba, Antioquia, donde antiguos miembros de las Farc trabajaron junto a integrantes de la Fuerza Pública investigados por ejecuciones extrajudiciales. Más recientemente, en Apartadó, se adelanta un programa similar con ex miembros de la Fuerza Pública.
El tercer proyecto se desarrolla en el Cementerio Central de Neiva, donde tres máximos responsables del subcaso Huila colaboran con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en la exhumación de posibles víctimas de “falsos positivos”. El presidente de la JEP describió esta labor como “victimarios buscando a sus víctimas”, una labor pensada desde la lógica de la reparación.
Desafíos en el camino
La ejecución de estas sanciones no depende únicamente de la JEP, pues existen responsabilidades clave que corresponden al Estado colombiano. Uno de los temas a tratar es la regulación de la seguridad social de los comparecientes, para definir quién asume los costos de llegar a sufrir un accidente durante las labores de reparación.
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Otro pilar fundamental es la seguridad, pues el Estado debe garantizar las condiciones para que los sancionados no corran riesgos en los lugares donde cumplirán su pena. Finalmente, está el punto de la habitabilidad, que define dónde dormirán y en qué condiciones vivirán mientras duren los proyectos.
Por su parte, el monitoreo del cumplimiento es responsabilidad directa de la JEP, que trabajará en conjunto con la Misión de Verificación de Naciones Unidas para garantizar que los comparecientes están cumpliendo su sanción a través de un sistema de control y bitácoras de seguimiento. Vea también: JEP urge a Fiscalía a cerrar jurídicamente el conflicto armado en Colombia
Hay apoyo internacional
Este paso crucial de la JEP cuenta con un fuerte espaldarazo de la comunidad internacional. En una sesión reciente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ratificó su respaldo a la Jurisdicción y a la próxima emisión de sentencias restaurativas.
La representante del Reino Unido, Barbara Woodward, calificó la emisión de estas decisiones como “un paso adelante muy significativo”. A la vez, Jérôme Bonnafont, el representante de Francia, pidió que las sanciones puedan ser implementadas con efectividad, mientras que el delegado de Panamá, Eloy Alfaro de Alba, señaló que el modelo colombiano de justicia restaurativa es una “fuente de esperanza” para otros procesos de paz en el mundo.
El entonces jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruíz Massieu, confirmó que su equipo vigilará esta nueva fase como parte de su mandato. De igual manera, la JEP ha estrechado su cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI), con la que firmó un memorando de trabajo conjunto, por lo que no se espera una intervención de este tribunal.
*Información tomada de Colprensa
