Juan Merchán, un juez de origen colombiano es quien hace seguimiento al proceso del expresidente y candidato a la presidencia.
Publicado por: Karol S. González Granados
Han ocurrido numerosos juicios memorables a lo largo de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, pocos han generado tanto interés como el que comenzará este lunes en una corte de Nueva York. En este juicio, el expresidente Donald Trump enfrenta acusaciones de falsificación de registros contables de su empresa para ocultar presuntas relaciones extramatrimoniales con Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos y ex conejita de Playboy.
Hay múltiples razones que destacar en este caso. En primer lugar, es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos enfrenta un proceso criminal que podría resultar en una sentencia de cárcel. Esta circunstancia por sí sola ha despertado un gran interés. Pero lo que lo hace aún más intrigante es que implica a una figura seleccionada por su partido, el Partido Republicano, como candidato para las próximas elecciones presidenciales, quien podría convertirse en el próximo mandatario de Estados Unidos a partir de enero del próximo año.
Además, desde una perspectiva más local, el juez a cargo del proceso -y cuya decisión será crucial para el destino de Trump- es Juan Merchán, un colombiano nacido en Bogotá que emigró a Estados Unidos siendo muy joven.
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El juicio, que se estima podría durar ocho semanas o más, comenzará con la selección de los 12 miembros del jurado, todos residentes del estado de Nueva York. Aunque este es un procedimiento común en el sistema judicial estadounidense, en este caso particular resulta enormemente complejo y seguramente seguido con gran interés por la opinión pública.
“Encontrar a 12 personas que no tengan conflictos de interés y que puedan ser imparciales frente a alguien tan conocido y polémico como Trump es toda una pesadilla”, afirma Margaret Bull, experta en justicia criminal del John Jay College.
Según Bull, el proceso de selección del jurado en sí mismo podría llevar semanas, ya que los abogados tienen el derecho de vetar a posibles jurados si detectan cualquier indicio de prejuicio durante las entrevistas previas.
La situación es tan delicada que Merchán tomó la decisión inusual de mantener en el anonimato los nombres de los jurados para evitar posibles amenazas en su contra. Una vez completado este trámite, comenzará el proceso con la presentación de los cargos por parte de la Fiscalía de Nueva York, seguido por la defensa de Trump.
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El tribunal se reunirá cuatro días a la semana (lunes, martes, jueves y viernes), y durante todo este tiempo, el expresidente deberá estar presente físicamente. Aunque no se permitirán cámaras de televisión para documentar los procedimientos, los periodistas podrán informar en tiempo real utilizando sus teléfonos celulares.
A pesar de que Trump está bajo una “orden de silencio”, que le prohíbe atacar a testigos, jurados y otros miembros del tribunal, se espera que utilice las redes sociales y conferencias de prensa diarias para cuestionar un proceso que ha calificado como una “caza de brujas” en su contra.
El primero de cuatro procesos criminales
El juicio que comienza este lunes contra Trump se considera el menos grave de los cuatro procesos criminales que se le han abierto al expresidente en el último año (otros dos por interferencia en las elecciones presidenciales de 2020 y uno por la extracción de documentos clasificados de la Casa Blanca).
Sin embargo, parece ser el único que se resolverá antes de las elecciones de noviembre, en gran parte porque el expresidente y su equipo legal han logrado retrasar los otros tres casos para evitar que lleguen a juicio en un futuro cercano.
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Dicho esto, el caso ante el juez Merchán podría tener un impacto significativo en la actual carrera electoral. Por esta razón, el exmandatario intentó hasta el último momento evitar su inicio.
Aunque los expertos coinciden en que los procesos judiciales han terminado beneficiándolo políticamente, al menos entre la base de su partido, donde se perciben como una persecución política, Trump es consciente de que una condena en Nueva York podría acabar con sus aspiraciones presidenciales. Al menos eso sugieren las encuestas.
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Según una nueva encuesta de Político-IPSOS, casi el 40 por ciento de los independientes y hasta el 10 por ciento de los republicanos no votarían por el expresidente si fuera encontrado culpable. En una elección tan ajustada como la que se anticipa en este ciclo (los sondeos actuales muestran un empate), tales números serían devastadores para Trump.
Pruebas del caso por pagos a conejita Playboy
Aunque el desenlace del caso es incierto, la acusación presentada por el Fiscal Alvin Bragg parece sólida y respaldada por testimonios y documentos.
Bragg, quien ha formulado 34 cargos, alega que en el verano de 2016, cuando Trump ya era el candidato oficial del Partido Republicano para las elecciones de ese año, ordenó el pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels y otros 150.000 dólares a Karen McDougal, una modelo de Playboy, para evitar la divulgación de detalles sobre supuestas relaciones extramatrimoniales.
Estos pagos fueron realizados por su abogado Michael Cohen, usando fondos personales en el caso de Daniels, y a través de American Media, una empresa propietaria de varios tabloides estadounidenses, en el caso de McDougal.
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Después, Trump reembolsó a Cohen los fondos, más honorarios, a través de pagos mensuales realizados desde las cuentas de Trump Organization, su empresa, presentados al fisco como “gastos de representación”.
Según Braggs, esto constituye una clara violación al código tributario del estado de Nueva York, ya que se alteró la naturaleza de los pagos.
Además, el fiscal alega que la falsificación de los registros contables tenía como objetivo influir en las elecciones, ocultando información sensible a los potenciales votantes, lo cual también equivale a una violación de las normas de financiamiento de las campañas electorales.
El principal testigo para Bragg es Cohen, quien ya se había declarado culpable del mismo delito. Además, Bragg cuenta con los cheques girados a nombre de Cohen y los testimonios de Daniels y McDougal, quienes podrían ser llamadas a declarar durante el proceso.
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Aunque las historias de Daniels y McDougal ya son conocidas, el presidente se vería avergonzado si fueran recreadas con todo detalle durante el juicio. Daniels afirma haber mantenido relaciones sexuales con Trump en 2006, mientras que McDougal ha hablado de un romance de 10 meses.
El exmandatario niega no solo haber tenido relaciones, sino también que los pagos a Cohen fueran inapropiados. Los abogados de Trump argumentan que si él hizo esos pagos, fue para proteger a su familia de la vergüenza de tales acusaciones.
A pesar de que Trump enfrenta una posible condena de hasta cuatro años de cárcel si es declarado culpable, pocos creen que Merchán le negaría la libertad, dado que el exmandatario no tiene antecedentes penales y tiene 77 años.
Sin embargo, más allá del veredicto de los 12 jurados, la verdadera sentencia la dictarán los más de 150 millones de votantes que acudirán a las urnas en seis meses.
