La funcionaria había estado suspendida de su cargo desde diciembre pasado, pero ahora se ha tomado la decisión de retirarla definitivamente del puesto de fiscal general.
Publicado por: Karol S. González Granados
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó el pasado miércoles por la noche a la fiscal general de Perú, quien había estado suspendida desde diciembre pasado debido a un caso de presunto tráfico de influencias y favores políticos.
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“Por unanimidad se resolvió destituir a Patricia Benavides Vargas del cargo de fiscal suprema y en consecuencia del cargo de Fiscal de la Nación al haber interferido en la investigación de su hermana Enma Benavides”, anunció el presidente de la Junta, Antonio de La Haza, al término de una audiencia.
El pleno de la JNJ, compuesto por cinco magistrados, determinó que la fiscal destituida incurrió en graves faltas disciplinarias al despedir “de manera degradante” a la fiscal que investigaba a su hermana, la jueza Enma Benavides, por liberar a narcotraficantes a cambio de presuntos pagos.
Sucesos del entramado
La suspensión de Benavides tenía como objetivo impedir que, desde su cargo, obstaculizara el desarrollo normal del procedimiento disciplinario iniciado en su contra por presuntamente liderar una red criminal de tráfico de influencias e intercambio de favores políticos, según la JNJ.
El escándalo que le costó el puesto a Benavides comenzó en diciembre, cuando Percy Coromoto, un narcotraficante colombiano, reveló que la jueza Enma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación, le había solicitado a través de un abogado un total de 150.000 dólares para beneficiarlo.
Además, afirmó que la entonces fiscal Patricia Benavides implementó una serie de estrategias para proteger a su hermana de la investigación en la que estaba implicada.
“Voy a decir un poco de lo que no he dicho. En muchas ocasiones he escuchado a la señora Patricia Benavides decir que ella es pulcra, que está contra la corrupción. Y ella sabe de lo que estoy hablando, lo sabe muy bien”, dijo el colombiano en una entrevista al medio local Cuarto Poder.
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De igual manera, contó que la fiscal general, manejó la institución a su antojo para poder intentar salvar a su hermana. “Para irnos a comparecencia, me pedía 150.000 dólares. Cuando llega la señora Patricia Benavides, cambia a la fiscal Revilla (quien investigaba a su hermana) por el señor Terán”. Éste último era el coordinador de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, y que se cree que es más cercano a la saliente funcionaria.
“Primero salió de prisión un chico peruano. Cuando se va el siguiente, ya está más que comprobado que sí tiene contacto. Luego se va el tercero y dije: yo voy a tener que pagar también”, mencionó en la entrevista el colombiano condenado a 18 años, que aseguró que un abogado hizo de intermediario con la jueza hermana de la fiscal general.
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El colombiano aseguró que decidió delatar cuando, a pesar de estar dispuesto a pagar la suma, le ofrecieron reducir su condena únicamente en dos años.
Ante esto, el hombre, que había grabado todas las conversaciones con el abogado intermediario, decidió acudir a las autoridades para revelar el alcance de los manejos que la jueza utilizaba para favorecer a criminales condenados y dejarlos en libertad.

Según revela el medio local Epicentro, la misma Benavides usó su influencia para poder sacar a Bersabeth Revilla, la fiscal a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Esto solo tras unas tres semanas en el cargo, en primer lugar la fiscal general aseguró que la decisión había sido tomada por ineficiencia de la oficina comandada por la funcionaria, pero que, a posteriori, las autoridades no dan crédito de esta versión.
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Posteriormente, afirmó que las críticas en su contra eran una persecución debido a su investigación de las actividades de corrupción del expresidente Pedro Castillo.
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Sin embargo, según revelaciones de los medios, todo fue un entramado para favorecer a su hermana, quien estaba siendo investigada por sobornos solicitados a condenados por narcotráfico, denuncias que habían sido presentadas en su momento.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se pronunció en diciembre en contra de la continuidad en el cargo de la cuestionada fiscal general.
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La jefa saliente de la fiscalía se negó a renunciar, mientras que algunas voces en el Congreso la defendieron. La fiscal era percibida como una aliada de la coalición conservadora del Ejecutivo y el Congreso desde el inicio del actual gobierno.
Con resumen de agencias.













