La oposición calificó el nombramiento como “una burla”, mientras el oficialismo defendió la trayectoria en medio de cuestionamientos por derechos humanos.
En medio del proceso de amnistía y bajo la sombra de cuestionamientos internacionales, el chavismo realiza un movimiento político que revive viejas paradojas sobre los derechos humanos en el país.
Caracas volvió a ser escenario de uno de esos movimientos institucionales que, en Venezuela, rara vez ocurren sin carga política.
Tarek William Saab presentó su renuncia como fiscal general ante la Asamblea Nacional —controlada por el chavismo—, sin ofrecer motivos públicos. Minutos después, el mismo Parlamento lo juramentó como defensor del pueblo de forma temporal, cargo que ya había ocupado entre 2014 y 2017.
El ciclo se cierra sobre sí mismo con una ironía que no pasó desapercibida: el hombre señalado como “brazo judicial” del Gobierno de Nicolás Maduro queda ahora al frente de la institución encargada de velar por los derechos ciudadanos.
La dimisión de Saab fue aceptada en la misma sesión en que el Parlamento también recibió la renuncia del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, quien argumentó razones personales, familiares y de salud para dejar el cargo.
La Asamblea, bajo la conducción de su presidente, Jorge Rodríguez, resolvió ambas vacantes con rapidez: designó a Larry Daniel Devoe como fiscal general encargado y a Saab como defensor del pueblo temporal, mientras se activa el Comité de Postulaciones para cubrir los puestos de manera definitiva.
Un hombre de muchos roles
La trayectoria de Saab es la de alguien que ha transitado por casi todas las aristas del poder venezolano. De origen libanés, identificado con la izquierda y autor de varios libros de poesía, comenzó su carrera pública como dirigente estudiantil y estuvo junto a Hugo Chávez —a quien defendió jurídicamente— desde el fallido golpe de Estado de 1992.
Años más tarde fue diputado, gobernador de Anzoátegui durante ocho años y defensor del pueblo antes de llegar a la Fiscalía en 2017, designado por la Asamblea Nacional Constituyente en uno de los momentos más tensos de la historia reciente del país, la destitución de la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien había denunciado públicamente la ruptura del orden constitucional.
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Desde ese momento, el Ministerio Público quedó en el centro de un debate que no ha cesado. Opositores y organizaciones no gubernamentales señalaron sistemáticamente a la Fiscalía como instrumento de persecución política.
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU solicitó en varias ocasiones que se investigaran las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la gestión de Saab, y la Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad desde 2017, justo cuando él asumió el cargo.
Saab, sin embargo, siempre defendió su gestión. En su último balance anual destacó que, desde su llegada, se condenó a 825 personas por violaciones a derechos humanos y se imputó a más de 3.100, entre ellos casi 3.000 funcionarios del Estado.
También enumeró investigaciones anticorrupción en la estatal PDVSA y programas contra el acoso escolar, la pedofilia y el narcotráfico.
Críticas desde adentro y desde afuera
La reubicación de Saab encendió reacciones inmediatas. El diputado opositor Henrique Capriles calificó el nombramiento como “una burla a las víctimas” y señaló que el nuevo defensor del pueblo encargado es precisamente quien, a su juicio, fue “el responsable de la persecución y la judicialización” en Venezuela.
Capriles también cuestionó la designación de Devoe como fiscal, afirmando que es “una persona cercana al partido de gobierno”, y reclamó que el país necesita instituciones verdaderamente independientes.
Desde el exilio, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, fue aún más directa: urgió a Estados Unidos a vetar a “operadores del régimen en instituciones de derechos humanos” y calificó el movimiento como una maniobra para perpetuar la impunidad.
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En un comunicado, señalaron que el historial de Saab incluye “el aval y la persecución de cientos de casos de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas”.
En el lado opuesto, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, celebró el cambio con su habitual contundencia mediática: “Fue un extraordinario fiscal, un extraordinario defensor del pueblo y regresa a sus orígenes. No tenemos dudas de que lo va a hacer muy bien”, dijo en su programa semanal en el canal estatal VTV.
El contexto: amnistía y nuevo momento político
Los cambios no ocurren en el vacío. Se producen apenas dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y en pleno proceso de amnistía aprobado por el Parlamento la semana pasada, que permitirá la liberación de presos políticos detenidos desde 1999.
La norma, no obstante, solo contempla 13 hechos ocurridos a lo largo de 13 años, lo que ha generado críticas de opositores y ONG que la consideran insuficiente.
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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió que la comisión de seguimiento revise de forma “expedita” los casos que quedaron fuera de la legislación.
Dos días antes de su renuncia, el propio Saab había celebrado la ley como el cierre de “un importante ciclo histórico” orientado a sanar heridas. Ahora, desde una institución diferente pero igualmente sensible, será él quien deba demostrar si ese discurso de reconciliación tiene sustancia o si es apenas otro capítulo de la misma historia.
