El caso revive uno de los episodios más delicados en la historia reciente de las relaciones entre La Habana y Washington.
Un hecho que ocurrió hace tres décadas sobre las aguas del estrecho de Florida volvió a sacudir las relaciones entre Cuba y Estados Unidos este miércoles, cuando el Departamento de Justicia estadounidense hizo pública una acusación formal que había permanecido en secreto desde abril.
El objetivo de la imputación es Raúl Castro, expresidente cubano y hermano menor de Fidel Castro, a quien Washington responsabiliza de ordenar el derribo de dos aeronaves de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en 1996, un ataque que cobró la vida de cuatro personas.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, reveló los cargos durante un acto celebrado en la Torre de la Libertad de Miami, emblema histórico del exilio cubano, flanqueado por las imágenes de las cuatro víctimas.
La acusación, presentada ante una corte federal de Florida, atribuye a Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.
Tres de las víctimas eran ciudadanos estadounidenses y la cuarta era residente legal en el país. Los cargos que enfrenta el exmandatario cubano, de 94 años, podrían derivar en cadena perpetua o incluso en la pena de muerte. Además: EE.UU. endurece ofensiva contra Cuba con sanciones, amenazas militares y presión diplomática
Un ataque planeado desde el corazón del régimen castrista
El incidente tuvo lugar el 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG-29 con bandera cubana, atacaron dos de las tres avionetas Cessna de la organización humanitaria Hermanos al Rescate que sobrevolaban el estrecho de Florida.
La organización, fundada por exiliados cubanos en Miami y liderada por José Basulto, había surgido para localizar y auxiliar a los miles de balseros que intentaban huir de la isla tras el derrumbe de la Unión Soviética. Siga leyendo: Presidente Trump lanza dura advertencia: “vamos a tomar Cuba”
Con el tiempo, sin embargo, sus actividades escalaron hasta incluir incursiones en el espacio aéreo cubano y el lanzamiento de octavillas sobre La Habana, lo que llevó al régimen de los Castro a calificar al grupo como una organización terrorista.
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Castro ejercía entonces como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Una grabación de la época, filtrada en 2006 y cuya autenticidad fue confirmada por periodistas, expertos y exfuncionarios cubanos en el exilio, recoge su voz en un encuentro con periodistas cubanos en el que expone detalles de la operación bajo su mando.
En el audio se escucha una instrucción que resulta reveladora sobre la cadena de mando que antecedió al ataque. Esa grabación podría constituir una pieza clave en el proceso judicial abierto contra el exmandatario.
Lo que también se conoce es que el gobierno cubano había infiltrado a un espía dentro de Hermanos al Rescate, identificado como Juan Pablo Roque, un exmilitar que vivía en Miami bajo una identidad falsa e incluso sostenía un matrimonio ficticio. Además: Cuba tacha de “ilegales y abusivas” las nuevas sanciones de EE.UU. contra la isla
El día anterior al derribo, las autoridades cubanas lo trasladaron de regreso a La Habana vía México, donde más tarde fue presentado como héroe. Roque había proporcionado previamente a La Habana información detallada sobre las aeronaves y el plan de vuelo del día del ataque, lo que le permitió al régimen preparar la operación con anticipación.
Aunque Cuba siempre ha sostenido que el ataque ocurrió dentro de su espacio aéreo y que constituyó un acto de legítima defensa ante las reiteradas incursiones de Hermanos al Rescate, tanto la Organización de Aviación Civil Internacional como la Organización de Estados Americanos determinaron que los aviones fueron derribados en aguas internacionales y condenaron la acción como una violación del derecho internacional.
Analistas consultados por medios internacionales señalan que detrás del ataque no solo hubo motivaciones de seguridad nacional, sino también cálculos políticos de Fidel Castro para torpedear discretos acercamientos diplomáticos que funcionarios cubanos y estadounidenses venían explorando de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 1996 en Estados Unidos. Además: Cuba cree que sería “ingenuo” no “prepararse” para una intervención de EE.UU.
El derribo hizo inviable cualquier distensión con la administración de Bill Clinton y cerró por años la posibilidad de normalizar las relaciones bilaterales.
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La imputación encendió el exilio y tensó las relaciones con La Habana
La reacción en Miami fue de euforia. Decenas de miembros de la diáspora cubana se congregaron en la Torre de la Libertad para aplaudir el anuncio de Blanche, y líderes comunitarios celebraron que se enviara un mensaje de que “se acabó la impunidad”.
Orlando Gutiérrez, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, afirmó que el hecho es “demoledor para ese régimen”. El comisionado de la ciudad, Rolando Escalona, expresó su deseo de ver a Castro extraditado, mientras que el alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, pidió que la acción no se quedara en un acto simbólico.
Junto a Castro, la acusación también incluye a otros militares cubanos señalados como presuntamente involucrados en el operativo: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez Pérez.
El gobierno cubano respondió con dureza. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó la acusación de “infame” y defendió a Castro como un héroe, al asegurar que el ataque de 1996 ocurrió en aguas jurisdiccionales cubanas y tras más de una decena de advertencias previas.
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El gobierno revolucionario, por su parte, tachó la imputación de un acto político sin fundamento jurídico y recordó que La Habana había presentado múltiples denuncias formales ante organismos internacionales por las más de 25 violaciones del espacio aéreo cubano atribuidas a Hermanos al Rescate.
El presidente Donald Trump, por su parte, descartó que la acusación represente una nueva escalada militar, aunque no aclaró cuáles serán los próximos pasos del caso.
Castro, que cedió la presidencia a Díaz-Canel en 2019 y se retiró de la dirección del Partido Comunista en 2021, reside en Cuba, país con el que Washington mantiene relaciones congeladas. Blanche afirmó que el exmandatario comparecerá ante la justicia “por su propia voluntad u otra forma”, aunque evitó hablar de una posible operación similar a la que resultó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado enero.
