El exmandatario es investigado por presuntos delitos como terrorismo, alzamiento armado y asociación delictuosa, en medio de las movilizaciones registradas entre mayo y junio.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de captura contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), dentro de una investigación que busca establecer su presunta responsabilidad en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio de este año.
En el proceso, el exmandatario enfrenta señalamientos por delitos como terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otras conductas contempladas en la legislación boliviana.
La orden fue firmada por el fiscal Brayan Melgar y, según confirmó a EFE una persona cercana a Morales, también le atribuye presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro del país, con el respaldo de sectores afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
De acuerdo con las autoridades bolivianas, las protestas provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades.
#Mundo 🚨 ÚLTIMA HORA | La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales por su presunta participación en las protestas registradas durante mayo y junio. La decisión se da en medio de las investigaciones por los hechos de violencia y bloqueos ocurridos en el… pic.twitter.com/nkhvYSVdDV
— Vanguardia (@vanguardiacom) July 29, 2026
Además, dejaron al menos 16 personas fallecidas, 13 de ellas por dificultades para recibir atención médica debido a los cierres viales, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares.
La denuncia fue presentada a comienzos de julio por líderes cívicos de Santa Cruz y posteriormente recibió el respaldo del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
Publicidad
La investigación también involucra al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y al líder campesino Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el pasado 6 de julio por otro proceso relacionado con estos hechos.
Morales rechaza las acusaciones y enfrenta otro proceso judicial
El expresidente ha negado que promoviera la salida del presidente Rodrigo Paz y sostiene que las movilizaciones buscaban exigir respuestas del Gobierno a las demandas de distintos sectores sociales.
No obstante, las autoridades incluyeron entre los elementos de la investigación una publicación realizada por Morales el 24 de mayo en la red social X, en la que afirmó que el mandatario tenía dos opciones frente a la crisis: militarizar el país o convocar elecciones en un plazo de 90 días.
Tras alcanzar acuerdos con algunos sectores, entre ellos la COB, el presidente Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio para poner fin a los bloqueos. Posteriormente, la Policía y el Ejército fueron desplegados en distintos puntos del país para despejar las carreteras y restablecer la movilidad.
Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, considerado su principal bastión político y sindical, donde es resguardado por seguidores que buscan impedir el cumplimiento de otra orden de captura en su contra.
Ese proceso corresponde a una investigación por presunta trata agravada de personas, relacionada con una menor de edad con la que, según la acusación, habría tenido una hija durante su mandato presidencial en 2016.
En mayo de este año, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía al no asistir al inicio de ese juicio y expidió una nueva orden de captura. La Policía boliviana ha señalado que espera las condiciones adecuadas para hacerla efectiva.
