La decisión también cobija a familiares de los señalados y hace parte de una estrategia regional impulsada por Washington.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones migratorias contra ciudadanos colombianos, en una decisión que involucra a figuras de la política nacional y a exfuncionarios vinculados a investigaciones judiciales. La medida fue comunicada el jueves 22 de octubre por el Departamento de Estado, como parte de su estrategia regional contra la corrupción y el narcotráfico.
La determinación incluye a siete colombianos y sus familiares, según el anuncio oficial. Entre los afectados figuran el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, además de dirigentes relacionados con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión no equivale a una condena judicial contra las personas incluidas.
Los siete colombianos afectados por la medida
La lista divulgada por Washington también incluye a Wadith Manzur, senador electo y exrepresentante a la Cámara; Karen Manrique, representante electa; los exsenadores Julio Elías Chagüi y Liliana Bittar, y José Ignacio Mesa, excongresista y exalcalde de Envigado.
El Departamento de Estado explicó que las restricciones hacen parte de una política dirigida contra personas cuyas presuntas actividades de corrupción o narcotráfico puedan debilitar gobiernos elegidos democráticamente, sin importar su filiación política. La iniciativa está relacionada con los compromisos regionales de la Cumbre de Doral y la declaración de Escudo de las Américas.
#Nación | Estados Unidos revocó las visas de siete colombianos, entre ellos Ricardo Roa, Wadith Manzur y Yair Acuña, y la medida también alcanza a sus familias. pic.twitter.com/38G7B95GbO
— LA RAZÓN. CO (@LaRazonCo) October 23, 2026
Investigaciones judiciales bajo la lupa
Roa enfrenta procesos en Colombia por presunto tráfico de influencias, en un caso relacionado con la compra de un apartamento en Bogotá, y por posibles irregularidades en los gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, de la que fue gerente.
Por su parte, Manzur y Manrique están vinculados al caso de la Ungrd, que investiga presuntos acuerdos irregulares relacionados con recursos y proyectos públicos. Chagüi y Bittar también han sido mencionados en actuaciones relacionadas con ese escándalo.
Acuña, quien continúa como alcalde de Sincelejo, enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades patrimoniales y posibles aportes de estructuras criminales a su actividad política. El mandatario ha rechazado señalamientos y ha denunciado persecución política.
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En el caso de José Ignacio Mesa, la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena de seis años y cuatro meses por concierto para delinquir agravado. Según el expediente, habría recibido apoyo de la Oficina de Envigado para impulsar sus aspiraciones electorales.
Las restricciones migratorias anunciadas por Washington se suman a otras medidas adoptadas recientemente contra ciudadanos colombianos en el marco de su política regional.
